Generación Distribuida: Los cambios y lo que se necesita

Escribo estas líneas recién concluido un webinar que organizamos en Energía a Debate en el que expusimos, junto con gente de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica (AMIF) y el Consejo Nacional de Profesionales en Energía Fotovoltaica (CPEF), lo que debería cambiar en generación distribuida ahora que la comisionada de la CRE, Norma Leticia Campos, anunció que vienen nuevas disposiciones administrativas.

Creo que hay puntos importantes a señalar.

Las asociaciones tienen preocupación por los riesgos que hay en el sector. Esto es importante, no se trata de vender más paneles solares, o seguir con el ritmo actual, o incrementar las instalaciones, sino que todo ello se haga con seguridad, que se brinden beneficios al sistema y no perjuicios a la red eléctrica que, como dijo en el webinar Gilberto Sánchez, de ANES, es un lugar común de todos los usuarios.

“Las asociaciones tienen preocupación por los riesgos que hay en el sector”.

La preocupación por la falta de exigencia del cumplimiento de las normas fue común entre los ponentes, pues recordemos que los paneles solares NO son un electrodoméstico, sino un generador eléctrico que, mal instalado, podría provocar daños más que beneficios.

Una deuda que hay, según coincidieron los expositores, es la generación distribuida colectiva, esa que se aprobó y frenó en 2019 por los actuales comisionados de la propia Comisión Reguladora de Energía (CRE).

El propio presidente, en campaña y aún después, habló de cuatro millones de techos solares con carácter social. Ya solo les falta el 100%, pero se avanzaría más rápido con una regulación colectiva, que podría beneficiar a cientos de hogares con una sola instalación.

El director de obra, que sería el instalador responsable de cada interconexión, sería una figura que obligaría a todos los participantes del sector (desde hombres-panel hasta grandes empresas) a responsabilizarse de sus instalaciones, lo que los obligaría a ya no buscar solo bajos costos, sino hacer las cosas bien, instalar equipos adecuados, que cumplan con las normas y den seguridad a los usuarios.

Hay dudas que salieron de los participantes que es necesario señalar. Primero, estos cambios NO pueden incluir eso de pasar de 500 kW a 1,000 kW en la generación distribuida, pues ya viene de la ley y es la ley la que debería modificarse para lograrlo.

Un punto importante que se abordó es la necesidad de reconocer los servicios que la generación distribuida puede ofrecer a la red y que por ahora no se consideran, como podrían ser incluso los Certificados de Energía Limpia, que ahora solo se pueden reconocer mediante un suministrador de servicios calificados; esto quiere decir, fuera de las Disposiciones Administrativas actuales.

Algo interesante fue cuando se tocó el tema del cobro por interconexión. Si bien algunos instaladores consideran que sería justo, los expositores mencionaron que podría haber otros mecanismos y que más bien habría que reconocer los servicios que prestan las centrales eléctricas. A eso agregaría yo que los cargos por distribución son suficientes y cubren con creces los costos actuales y reales. De hecho, recordemos que antes del ajuste laboral, CFE Distribución obtenía utilidades anuales gracias a la tarifa que tiene. Entonces, ¿es necesario el cobro por interconexión? Habría que analizarlo, pero parece que no necesariamente. ¿No sería mejor que CFE utilizara esas utilidades para modernizar la red? Porque para eso se le paga y por eso tiene dinero “de más”.

En mi opinión, lo más importante, desde fuera de las asociaciones, es ver cuál fue su visión al respecto.

Cualquiera pensaría que en un sector que crece rápido y en el que las empresas están vendiendo como pan caliente, los involucrados buscarían mantener los márgenes de libertad. Por lo menos, lo que vi en este webinar, fue a tres asociaciones que buscan, sí, que crezcan las ventas de sus asociados, pero también un asunto de responsabilidad. La exigencia de que se metan restricciones totalmente legítimas que eviten problemas de largo plazo es algo qué aplaudir de estas asociaciones. Es parte de una visión de largo plazo: si instalamos bien y disminuimos riesgos, el mercado se mantendrá. Si empieza a haber problemas con instalaciones, el mercado se puede cerrar, pagando justos y pecadores.

Esperemos las siguientes semanas, cuando probablemente la CRE mande el proyecto a la CONAMER y veamos que tener un sector bien regulado no cierra el mercado, sino que lo mantiene abierto a largo plazo, pero seguro para todos.

Y esperemos que sea la intención de estos cambios en la CRE y no frenar un mercado, como ha sucedido en gran escala o en todo el sector energético y la inversión privada.