Iniciativas de reforma entrarían en conflicto con TMEC: IMCO, Wilson Center

De prosperar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer los organismos autónomos, México podría entrar en conflicto con al menos cuatro capítulos tratado comercial de América del Norte en materia de energía y competitividad, recordaron el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Wilson Center a cuatro años de entrado en vigor el TMEC y de cara a su revisión prevista para 2026.

En la reforma denominada Simplificación orgánica, se propone la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y su incorporación a las Secretarías de Economía y de Energía, según sus competencias.

En ello, el IMCO y el Wilson Center señalaron que México pondría en conflicto los Capítulos 18, 21 y 22 del TMEC, toda vez que el primero, referente a Telecomunicaciones, establece la obligación de mantener un organismo regulador del sector que sea independiente y autónomo del Poder Ejecutivo.

El 21, sobre Política de competencia, señala que cada país debe mantener una autoridad o autoridades nacionales dedicadas específicamente a la aplicación de las leyes de competencia.

Y el Capítulo 22, Empresas propiedad del estado, establece que los organismos administrativos que regulen a las empresas propiedad del Estado (incluyendo aquellas en el sector energético) deben ser imparciales.

También citó la propuesta que plantea eliminar la capacidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para celebrar contratos con empresas privadas; establecer la precedencia de la CFE sobre las empresas privadas, y eliminar a la mencionada CRE.

En este sentido, el IMCO y el Wilson Center advirtieron que los conflictos potenciales con el T-MEC que se presentarían estarían relacionados con el Capítulo 14, Inversión, ya que la “cláusula trinquete” incluida en el T-MEC establece que si un país abre más su economía permitiendo más comercio o inversión extranjera, no podrá retroceder esas medidas en el futuro ni cerrar sectores previamente abiertos a participación privada, por lo que introducir nuevas restricciones para empresas privadas en el sector energético podría generar un conflicto.

“Un elemento crucial para asegurar una revisión exitosa en 2026 es la solución de las controversias Estado-Estado activas bajo las reglas del T-MEC. A la fecha, el mecanismo para su resolución se ha activado siete veces en diferentes sectores: el sector de los lácteos, el automotriz, el energético, el de biotecnología agrícola y el de producción de paneles solares. En cuatro de esos casos, los paneles conformados concluyeron la investigación y presentaron un Informe Final. De los casos restantes, uno ha establecido un panel y otros dos -relacionados con las políticas energéticas de México- siguen en la etapa de consultas”, relataron.

Desde 2022 México entró en controversias con sus socios comerciales cuando Estados Unidos y después Canadá solicitaron la realización de las mesas de consulta, un mecanismo previsto en el TMEC, para obtener información acerca de las políticas que estaba implementando el gobierno de México que discriminaban las inversiones extranjeras principalmente en su sector energético.

El 20 de julio de ese año, el gobierno norteamericano dio inicio a este mecanismo, aún vigente, ante la presión de los grupos empresariales y legisladores de su país.

Estados Unidos alega que la implementación de políticas en el sector energético mexicano impacta negativamente a sus empresas y a las canadienses del sector para beneficio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), relataron los dos centros de investigación.

Dichas políticas son 1) la propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de marzo de 2021 -la cual fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en febrero de 2024-, 2) los retrasos en permisos para empresas privadas en el sector energético, 3) la extensión otorgada a Pemex en el periodo otorgado para cumplir con requerimientos de suministro de diésel bajo en azufre y 4) las acciones relativas al uso del servicio de transporte de gas natural de México.

En la misma fecha, Canadá inició un proceso paralelo al solicitado por Estados Unidos sobre el mismo tema con México como país demandado, agregó el Instituto.