La reforma a las DACG en GD y los modelos energéticos comunitarios y cooperativos

El 28 de octubre de 2022 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ingresó ante la Comisión de Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) un Anteproyecto con las disposiciones administrativas de carácter general en materia de Centrales Eléctricas con Capacidad Instalada Neta menor a 0.5 MW, Generación Distribuida y Generación Limpia Distribuida que establece el esquema Generación Distribuida Colectiva (GDC), que significa la posibilidad de entregar la energía a más de un consumidor a una central de generación. En términos generales esta condición abriría la posibilidad a nuevos modelos y proyectos comunitarios y cooperativos porque permitiría asociar a distintos usuarios a un mismo proyecto y para distintos fines (venta y autoconsumo, por ejemplo). Desafortunadamente como está planteado el esquema de Generación Distribuida Colectiva en el Anteproyecto no es adecuado para para darles viabilidad y certeza a nuevos modelos comunitarios, colectivos y cooperativos sobre todo en el medio rural no urbano, o en zonas remotas de la red eléctrica.

Este es un análisis del Anteproyecto con enfoque en las implicaciones en modelos energéticos comunitarios y cooperativos en México. Se analizan distintas aristas del Anteproyecto, comparándolo con el Acuerdo de 2019 en lo que corresponde, y analizando las posibles implicaciones considerando el contexto de realidad social, comercial y cultural donde se expresarán estos modelos. El objetivo del análisis es generar una reflexión de la utilidad y potencial que esta regulación representa y hacer propuestas de mejora desde el ámbito público, privado y social.

En el Anteproyecto se da una definición del Esquema de Generación Distribuida Colectiva y sustenta que es posible asignar la energía entregada por una central eléctrica distribuida a los beneficiarios que defina el dueño de la planta (el generador). En este análisis se considera la energía de fuentes renovables, como solar fotovoltaica, micro hidroeléctrica y micro eólica. Para que la asignación sea posible se requieren algunos requisitos de la central y los centros de consumo (centros de carga) de los beneficiarios. Por mencionar algunos de los más relevantes: 1) El Generador y los beneficiarios deben estar con el mismo Suministrador de Servicios Básicos (SSB), actualmente es CFE Suministrador de Servicios Básicos. 2) Que los beneficiarios tengan la misma tarifa contratada, se encuentren conectados a un mismo nivel de tensión y cuenten con un Punto de Interconexión Común GD. 3) Hay libertad en el número de beneficiarios y porcentajes de energía asignados (Factor de Colectividad) mientras la suma no sea mayor que el 100%. Sin embargo, se detectan dos puntos críticos de esta propuesta que representan espacios de mejora.

La definición de Punto de Interconexión Común GD limita enormemente el alcance del modelo reduciendo los casos de aplicación a solo aquellos consumidores muy cerca entre sí, ciudades con alta densidad de población y tendencia a la urbanización vertical, pero deja fuera modelos con consumidores separados entre sí, como es más común en el medio rural no urbano, o en zonas remotas de la red eléctrica. Ya que implica que la central y los beneficiarios deben compartir una infraestructura propia para su interconexión (red propia privada).

Por otro lado, de acuerdo al Anteproyecto, los beneficiarios de GDC tienen que tener la misma tarifa, es decir, no se pueden combinar tarifas. Para proyectos donde coinciden usuarios de diferente tipo, por ejemplo, residenciales y comerciales (como en desarrollos inmobiliarios que comparten departamentos, comercios y servicios comunes como elevadores o iluminación común), o residenciales y de servicios públicos (localidades rurales que comparten los hogares y usos como bombeo de agua o alumbrado público), no podrán agruparse bajo un mismo proyecto de generación distribuida, por lo que deberán optar por satisfacer la demanda de las viviendas o la de los otros usos pero no ambas.

En conclusión, el Anteproyecto presenta elementos que aumentan la seguridad de las instalaciones para el beneficio de la red, evitan pérdidas económicas en el Suministrador y contribuyen a darle sostenibilidad a la integración de GD en la red en el largo plazo; sin embargo, propone espacios de oportunidad en la definición de la GD Colectiva para permitir la integración de nuevos consumidores independientemente de su nivel de ingreso y acceso a financiamiento, contextualizadas a las necesidades energéticas que dependen de las dinámicas económicas del sector social en zonas no urbanas como: cooperativas, empresas comunitarias, ejidos y comunidades. Esto es preocupante debido a la urgente necesidad de trazar una Transición Energética Justa con participación de las comunidades, ejidos, sociedad en general para México. Y de ser aprobado el Anteproyecto como se publicó generará retrocesos, incertidumbre y nuevamente un relego a la participación de actores tradicionalmente olvidado en las trasformaciones del país.

La consulta pública a la que está obligada la CONAMER a la CRE termina este lunes 28 de noviembre. Ojalá haya la suficiente reflexión para escuchar voces y opiniones y robustecer esta regulación tan necesaria para una Transición Energética Justa y el cumplimiento de las metas climáticas que se planteó el país.

Lea el Análisis completo aquí.

*/ Lishey Lavariega es maestra en Energías Renovables por la Universidad Autónoma de Madrid, España, y Física por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. Tiene experiencia en el sector privado en el área de dimensionamiento, viabilidad, planeación, gestión y financiamiento de proyectos fotovoltaicos interconectados a la red. Del 2014 al 2018 se desempeñó como consultora especializada en investigación aplicada, diseño de esquemas de financiamiento público y privado en materia de cambio climático, energías renovables y sistemas productivos sustentables. Fue consultora de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Banco Mundial en materia de arquitectura financiera para proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+) a nivel nacional. En el 2018 participó en el desarrollo de mecanismos financieros para promover eficiencia energética en PyMEs y edificios públicos.

Hasta junio 2022 se desempeñó como coordinadora del programa Apoyo a la Implementación de la Transición Energética en México de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ), a cargo del seguimiento a la planeación y logro de objetivos e indicadores del programa. Colaboró en los temas de Generación Distribuida con enfoque de innovación en modelos de negocio y mecanismos de financiamiento, lideró los trabajos de Energía Sustentable Comunitaria y Cooperativa buscado modelos más participativos, descentralizados y democráticos en México para contribuir a una Transición Energética Justa que aproveche el gran capital social del país. Actualmente es consultora en Iniciativa Climática de México A.C. como responsable del proyecto Ejido Solar, un modelo de energía solar con propiedad social para el desarrollo local.

Menciona que su impulso profesional ha sido y será contribuir a una transformación energética en México por y para la gente.

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