Necesarias, las inversiones en transmisión eléctrica para la confiabilidad del sistema

Expertos y analistas del sector energético coincidieron en que es necesario incrementar las inversiones en transmisión eléctrica, incluso con participación privada, pero hubo diferencias en cuanto a la forma de hacerlo.

Esta mañana se llevó a cabo el noveno foro del Parlamento Abierto para analizar la iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad que está impulsando el gobierno federal.

Moderado por el periodista Javier Solórzano, este foro llevó como título “Planeación del sistema eléctrico y su impacto en la confiabilidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional” y, respetando la mecánica acorada para el Parlamento, se presentaron posturas a favor y en contra de la propuesta gubernamental.

Víctor Ramírez Cabrera, analista del sector eléctrico con especialidad en sustentabilidad, cambio climático y planeación, recordó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la única empresa responsable sobre las líneas de transmisión y de distribución en el país, por lo destacó que es ella la que debe expandirlas de acuerdo con las necesidades del sistema.

“Afortunadamente sabemos quién debe invertir en transmisión, hay una tarifa de transmisión que fue diseñada justamente para poder expandir la red”, apuntó el también vocero de la Plataforma México Clima y Energía (PMCE). “Gracias a eso es que CFE tiene utilidades, y utilidades millonarias de varios miles de millones de pesos”.

En su presentación, reprochó que la actual administración cancelara los proyectos de líneas de interconexión entre Baja California y Sonora, entre Ixtepec (Oaxaca) y Yautepec (Morelos) y entre Malpaso (Chiapas) y Quintana Roo.

El sistema aislado de Baja California se interconectaría al Sistema Eléctrico Nacional a través de Sonora mediante una línea de Corriente Directa de Alto Voltaje (HVDC, en inglés) de unos 1,400 kilómetros-circuito (km-c) con un nivel de tensión de 500 kilovoltios. El proyecto, cancelado en 2019, habría permitido una inversión por 1,100 millones de dólares.

Pero, subrayó, la actual administración está retomando el proyecto con recursos públicos para desahogar la energía que generará el proyecto fotovoltaico de Puerto Peñasco, Sonora.

La línea de Ixtepec-Yautepec, también del tipo HVDC,  habría tenido una extensión de 1,221 km-c con nivel de tensión también de 500 kilovoltios, con un requerimiento de inversión por 1,200 millones de dólares, con la cual se habría podido desahogar la generación eólica de la zona de Oaxaca hacia el Centro del país.

Asimismo, para el Programa de Ampliación y Mantenimiento de las Redes de Transmisión y de Distribución de 2018, se propuso el proyecto de la línea de transmisión de corriente directa de Malpaso a la Riviera Maya que llevaría energía ante la carencia de gas natural en la Península de Yucatán y los constantes cortes en el servicio.

Estas obras serían licitadas con recursos privados o en el esquema de Asociación Público-Privada.

Ramírez Cabrera también lamentó la cancelación de la temporada abierta para el estado de Tamaulipas, la cual desde su perspectiva habría mitigado mucho el apagón que se presentó el 28 de diciembre de 2020.

Estas decisiones de la actual administración, afirmó el especialista, se tomaron por cuestiones políticas.

Por ello, propuso como una forma para garantizar la confiabilidad y la seguridad del sistema, retomar los contratos de transmisión con los privados, realizar las subastas de mediano y largo plazos, mismas que podrían regionalizarse, además de subastas por confiabilidad que puede mandar el Cenace. En cuanto a la inversión, agregó: “CFE Transmisión tiene utilidades millonarias y que no lo ha hecho por decisión política”.

Por su parte, Óscar Ocampo Albarrán, coordinador de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), consideró que a los usuarios finales, sean domésticos o industriales, les interesa que la energía que les llegue sea confiable y a precios competitivos, independientemente de quién se las provea, la empresa pública o un privado.

Por ello, si bien coincidió con Víctor Ramírez en que la CFE ha tenido buenas utilidades en el segmento de la transmisión y de la distribución, no ha invertido ni ha aprovechado el esquema de Asociaciones Público-Privadas que le otorgó la Reforma Energética de 2013.

En este sentido, expuso la contradicción de que CFE canaliza recursos hacia generación eléctrica, un segmento donde existen otros participantes, pero no hacia transmisión en la cual es la única responsable.

“El presupuesto para CFE Transmisión nunca rebasa los 3,000 – 6,000 millones de pesos, comparado con el presupuesto del año pasado para CFE Generación que tuvo 35,000 millones, en un mercado donde hay otros participantes dispuestos asumir el riesgo”, dijo el analista. “En la  transmisión, si CFE no invierte, nadie más lo va a hacer”, añadió.

Por ello, advirtió que quitar recursos a CFE para invertir en la transmisión pone en riesgo la seguridad energética. “Sería, quizá, la principal consecuencia altamente negativa de la iniciativa energética actualmente en discusión en esta Soberanía”, sentenció.

En la parte a favor de la reforma, Nahúm Román Vargas, jubilado del Cenace y ahora consultor independiente, reconoció que son necesarias las inversiones para ampliar las líneas de transmisión y se pronunció a favor de la digitalización de las redes para lograr un mayor aprovechamiento de la energía.

Acerca de eso, Rafael Mateu, profesor de Derecho Energético en la Universidad Nacional Autónoma de México, acusó que, derivado de la reforma de 2013, la generación creció de forma desordenada, principalmente por las renovables, pero no la transmisión.

Ello, dijo, pone en riesgo la seguridad y la confiabilidad del SEN y retomó el discurso de la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, quien en reiteradas ocasiones ha dicho que actualmente la capacidad de generación es el doble del consumo nacional. “En ninguna parte del mundo se hace eso”, subrayó y dijo que lo conveniente es un 20%.

A este respecto, tanto Víctor Ramírez y Óscar Ocampo cuestionarios que, si parte del problema del sistema es el exceso de capacidad de generación, por qué la administración actual tiene pensado licitar 6 centrales de ciclo combinado y la planta solar de Puerto Peñasco de 1,000 MW.

En este punto, Ocampo también recordó que el esquema de financiamiento conocido como FIBRA-E tenía la intención de allegar recursos para las líneas de transmisión, pero se desviaron hacia generación.

Por último, Román Vargas expresó que los legisladores deben analizar la propuesta de reforma desde todos sus aspectos: técnicos, jurídicos, ambientales. “Con análisis profundos, que se debata”, puntualizó.