Necesario un nuevo modelo de negocio para el rescate de Pemex: IMCO

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) propuso implementar ajustes estructurales en el modelo de negocio de Pemex, toda vez que la estrategia de rescate de la empresa por parte del gobierno federal se ha limitado solo a transferencias de recursos.

Lo anterior, consideró el Instituto, ha tenido poca efectividad que se evidencia en el desempeño financiero y operativo de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Este miércoles, el organismo no gubernamental bajo la dirección de Valeria Moy presentó diez propuestas en materia de finanzas públicas para el periodo 2024-2030, que coincide con la próxima administración federal luego de los comicios del 2 de junio.

Respecto a los apoyos que ha otorgado el presente gobierno a Pemex en lo que ha llamado “un rescate”, el IMCO  estimó un total de 1.65 billones de pesos entre 2019 y 2023, monto que equivale a 1.8 veces el presupuesto ejercido en conjunto en 2023 por las secretarías de Bienestar con 412.8 millones de pesos (mmdp), Educación Pública con 421.3 (mmdp) y Salud  con 105.8 (mmdp).

“Por este motivo, se propone complementar las ayudas del Gobierno, que tienen un elevado costo de oportunidad, con la implementación de ajustes estructurales en su modelo de negocio”, planteó el centro de estudios y análisis de políticas públicas.

En sus propuestas del mismo modo se encuentra la de rediseñar el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) para ahorrar una mayor proporción de los ingresos petroleros.

Expuso que actualmente solo se ahorran recursos en la reserva de ahorro de largo plazo del FMPED si los ingresos anuales que obtiene el Estado mexicano por la extracción de hidrocarburos son mayores a 4.7 por ciento del PIB, lo que en la práctica se traduce en que los ingresos petroleros no se ahorren e inviertan en el sistema financiero en beneficio de las generaciones futuras.

Cabe aclarar que dicha reserva de largo plazo es una “bolsa” de recursos destinada a ahorrar la renta petrolera.

Refirió que al cierre de 2023, el saldo de esta reserva de ahorro ascendió a apenas 18.3 mmdp, o 0.51 por ciento, del total de ingresos petroleros obtenidos por el Fondo desde enero de 2015, que llegó a los 3.63 billones de pesos.

“Se propone reformar la Constitución para reducir este umbral al 1.5 por ciento del PIB y garantizar que una proporción significativa de la renta petrolera se ahorre en el FMP en beneficio de las siguientes generaciones”, planteó el IMCO.

Una tercera propuesta tiene que ver con incrementar la proporción de los ingresos petroleros que se destina a los fondos de estabilización.

El IMCO expuso que al cierre de 2023, el saldo disponible en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) registró niveles “históricamente bajos”, lo que limita el margen de maniobra tanto del gobierno federal, como de los gobiernos estatales y municipales ante caídas imprevistas en los ingresos estimados.

Apuntó que, aunque la legislación contempla distintos mecanismos para incrementar el saldo de los dos fondos, estos están sujetos principalmente a la coyuntura económica, como podría ser la obtención de ingresos excedentes, y a la discrecionalidad del Ejecutivo federal, como serían las aportaciones de activos financieros propiedad del gobierno federal.

“Para dotar a los fondos de estabilización de un mecanismo relativamente estable y significativo de financiamiento, se recomienda aumentar el porcentaje de los ingresos petroleros que se les destina vía el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, ya que actualmente solo el 2.2 por ciento de los ingresos petroleros estimados cada año en la LIF se asigna al FEIP y el 0.64 por ciento al FEIEF”, recomendó.

2024, año del mayor déficit del sector público desde 1990

El IMCO ha encontrado que el sector público federal enfrenta múltiples desafíos en materia de finanzas públicas que amenazan su capacidad para proveer bienes y servicios en el mediano-largo plazo.

Por ello consideró necesaria una reforma fiscal que garantice una mayor provisión de bienes y servicios públicos de calidad para la población mexicana con cambios estructurales en la manera en la que se ejercen los recursos públicos, desde vincular su asignación a programas sociales con sus resultados, hasta evitar la construcción de obras de infraestructura cuyos costos sean mayores que sus beneficios para la sociedad.

“Como consecuencia de un incremento desproporcionado del gasto, en comparación con el crecimiento de los ingresos, se prevé que en 2024 el déficit del sector público federal alcance su mayor nivel en términos absolutos”, advirtió.

Dijo que este déficit será de 1.70 billones de pesos y como porcentaje del PIB llegará al 5 por ciento.

“Como consecuencia de este déficit (y los observados en años anteriores), el saldo de la deuda del sector público ascenderá a 17.05 billones de pesos y su costo financiero será de alrededor de 1.23 billones de pesos (monto equivalente al 14.2% del gasto total estimado)”, alertó.

Las otras propuestas del Instituto tienen que ver con inversión pública en infraestructura de calidad; vinculación de los recursos públicos con los resultados de los programas presupuestarios, y evitación de duplicidades en el gasto con el sector privado.

Asimismo, propone la asignación de recursos a fondos de reserva y mecanismos de gestión de riesgos para enfrentar desastres naturales; focalizar el programa Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, y destinar más recursos a investigación y desarrollo.