Ulises Juárez / Energía a Debate
La empresa Altos Hornos de México (AHMSA) aclaró que el pasado 23 de agosto entregó a Petróleos Mexicanos (Pemex) las garantías como respaldo financiero de su compromiso de pago, acorde con un Acuerdo Reparatorio de Cumplimiento Diferido firmado entre ambas partes.
Lo anterior, para reparar el daño patrimonial por la venta de la planta de Agro-Nitrogenados por parte de AHMSA, propiedad de Alonso Ancira Elizondo, a la desaparecida empresa productiva subsidiaria (EPS) Pemex Fertilizantes a principios de la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto en condiciones supuestamente irregulares. En enero de 2021, Pemex informó que se extinguía la empresa subsidiaria y sus funciones serían absorbidas por la EPS Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI).
“En cumplimiento del Acuerdo Reparatorio suscrito por Alonso Ancira Elizondo con Petróleos Mexicanos (PEMEX) para el pago de US$216 millones 664 mil 40 dólares, adeudo aprobado por la Asamblea de Accionistas de Altos Hornos de México S.A.B. de C.V. (AHMSA), la empresa presentó en tiempo y forma el respaldo financiero constituido por activos de la empresa que se encuentran debidamente inscritos como garantía en el Registro Público de la Propiedad, así como 99.9% de las acciones en poder de Grupo Acerero del Norte”, aclaró la empresa de origen coahuilense en un comunicado de prensa.
Pemex y AHMSA firmaron el pasado 19 de abril el Acuerdo Reparatorio, por medio del cual AHMSA y Ancira Elizondo se obligan a pagar a la petrolera la cantidad total de 216 millones 664,040 dólares por concepto de reparación del daño causado.
La cláusula cuarta del Acuerdo indica que, en un plazo no mayor de los 90 días, el pago de esa cantidad se garantizaría mediante la constitución y formalización de tres actos:
El primero es un contrato de fideicomiso de garantía, que compromete el 99% de las acciones representativas del capital social de la empresa Grupo Acerero del Norte, propiedad de Ancira.
El segundo es el otorgamiento de garantía prendaria de cinco activos propiedad de AHMSA, de los cuales Pemex y Pemex TRI son los acreedores.
Y el tercero en la forma de garantía hipotecaria de cuatro inmuebles también propiedad de AHMSA y de los cuales son acreedores la petrolera y la EPS.
El plazo para conformar estos tres actos venció el pasado lunes 23 de agosto y el área jurídica de Pemex aseguró que hubo un incumplimiento por parte de AHMSA y Ancira Elizondo, por lo que solicitó la intervención del poder judicial de la Ciudad de México.
“Tener por hechas las manifestaciones vertidas en el ocurso de mérito en nombre de mis representadas, por desahogado la vista dada mediante el acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno y acordar favorable lo solicitado en el presente ocurso”, asentó Dairen Zambrano Martínez, apoderada legal de Pemex y Pemex TRI, en un oficio enviado a Pedro Serret Hernández, administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte.
El documento, con número de causa penal 211/2019, está fechado el 24 de agosto de 2021.
AHMSA explicó que el 55% de las acciones de Grupo Acerero del Norte son propiedad de la familia Ancira, mismas que se integraron en un fideicomiso constituido en Estados Unidos, en tanto el 45% restante son propiedad de Xavier Autrey Maza, a través de un fideicomiso en Banca Afirme.
Afirmó que para el cumplimiento de lo establecido en los términos del Acuerdo, el día lunes 23 de agosto se entregaron a representantes jurídicos de Petróleos Mexicanos las garantías como respaldo del compromiso de pago, las inscripciones registrales de los bienes y activos y las acciones fideicomitidas.
Añadió que, a fin de asegurar el estricto cumplimiento legal, se recurrió a la opinión jurídica de los despachos internacionales Jones Day y Quinn Emanuel, así como otros mexicanos, quienes indicaron que constituir el fideicomiso en Estados Unidos no está limitado en el Acuerdo y se ajusta plenamente a lo que disponen la legislación mexicana y americana.
Concluyó que, para su constitución, también se tomó en consideración la suma de fideicomisos que en los dos últimos años han sido arbitrariamente cancelados por el gobierno de México.