Pemex: licencia para malgastar

David Shields*

Es irónico que Petróleos Mexicanos (Pemex) acuse a la calificadora Moody’s de haberlo degradado injustamente, cuando el Gobierno, lamentablemente, ha maltratado y espantado la inversión privada, ha distorsionado mercados y está judicializando casi todo el sector energía.

Sus directivos actuales argumentan que ya mejoró su desempeño en relación al Pemex de Peña Nieto. Pero, ¿por qué compararse con lo peor? La inquietud actual es que Pemex genera pérdidas al realizar inversiones enormes e imprudentes, sobre todo en refinación, que terminarían impactando a las finanzas públicas y a la deuda soberana.

Pemex se ufana ante Moody’s de que tiene permiso para gastar dinero público sin ninguna restricción, lo cual no tendría que afectar su calificación crediticia, porque el Gobierno federal se compromete a cubrir todas sus obligaciones de deuda. Así, jamás incumpliría con sus acreedores, puesto que entregará todas sus facturas a Hacienda, quien presumiblemente decidirá si las paga o si transfiere las deudas a la siguiente Administración federal. Obviamente, esto no es gastar en forma responsable, sino, al contrario, pone en riesgo a las finanzas nacionales.

Si Pemex gastara bien con miras a capitalizarse se dedicaría a desarrollar, por sí solo o mediante asociaciones, sus asignaciones petroleras y no meterse en nuevas refinerías y en ventas de gas y gasolina al menudeo. Pero no. El Gobierno de López Obrador no aplica el concepto de costo-beneficio. Así como no quiso terminar el aeropuerto de Texcoco ni brindar apoyos contracíclicos al sector productivo ante la pandemia, tampoco impulsa planes de desarrollo de campos de gas y petróleo con visión de largo plazo.

La economía nacional se ha estancado y, como sabe cualquier economista, los países, al igual que las empresas, cuando ya no crecen se meten en problemas. Pese a ello, el Presidente ya quiere multiplicar, imprudentemente, el gasto en programas sociales y pensiones, sin reducirlo en megaproyectos carísimos, de poca viabilidad y rentabilidad, como Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles y el Corredor Transístmico.

Aunque López Obrador profesa disciplina en el gasto, lo que se percibe es un gasto público ineficiente y ruinoso, muy diferente de cuando, como jefe de Gobierno de la capital, él fue aplaudido por instrumentar pensiones para adultos mayores, destinando montos fiscalmente realistas como apoyo focalizado a un grupo social bien definido.

Hoy, como Presidente, ha perdido el foco. Está mal asesorado, o bien sus propuestas son caprichos sin fundamento técnico y económico. La deuda de Pemex sigue creciendo y aun así la petrolera asume cada vez más compromisos cuestionables. Tan sólo en las últimas semanas tenemos los casos de Gas del Bienestar, refinería Deer Park y yacimiento Zama, mismos que aportarán muy poco al objetivo de no subir el precio de gasolinas y gas.

Los tres requerirán enormes inversiones y al menos los dos primeros tendrán escasos márgenes de ganancia. En cuanto a Zama, si un socio privado lo operara, Pemex compartiría utilidades y las podría gastar en otras prioridades. Ni estos proyectos ni la propuesta de reforma constitucional en electricidad, si se aprobara, bajarían los precios de la energía para los pobres.

El enfoque más viable y fiscalmente más responsable para moderar el impacto de alzas en los precios de gas, luz y gasolina no sería controlar precios ni meter a Pemex en ventas al menudeo, sino promover apoyos focalizados para comunidades con bajos ingresos. Tales apoyos ya están previstos en leyes y normas existentes y se han aplicado en tarifas eléctricas y en diesel marino. En el caso del gas LP puede haber margen para aplicarlos en determinados puntos geográficos. Pero si se administra mal el gasto público es previsible que la política energética vaya de fracaso en fracaso y, además, tarde o temprano será la ruina del País.

*Analista de la industria energética.
Su e-mail: david.shields@ energiaadebate.com