Redacción / Energía a Debate
El Grupo Parlamentario de Morena ha enviado una Iniciativa que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, la cual pretende “garantizar al Ejecutivo federal, a través del Director General de Petróleos Mexicanos, operar de manera integral al ejecutar y cumplir con los objetivos de exploración, explotación y refinación”.
Asimismo, propone limitar las facultades del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, “pues la regulación con la que hoy opera, promueve que se diluya la responsabilidad al momento de tomar decisiones”.
Según la iniciativa, propuesta por la Diputada Miroslava Carrillo Martínez y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del miércoles 9 de enero de 2019, la Ley de Petróleos Mexicanos “actualmente le reconoce al Consejo de Administración la toma de decisiones de naturaleza ejecutiva que, en cualquier empresa de estructura corporativa, le corresponderían al director general”.
En ese sentido, se propone otorgar mayores atribuciones al Director General para la conducción y dirección estratégica de Pemex conforme a la política energética nacional establecida por el gobierno de México, e instruida por el Ejecutivo federal.
Conforme a lo anterior, se propone crear un marco jurídico que garantice y permita al Director General operar Pemex y las diversas empresas que la componen de manera integral para ejecutar y cumplir con los objetivos de exploración, explotación y refinación.
Se transferiría al Director General facultades que hoy corresponden al Consejo de Administración, como es la conducción central y estratégica de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, así como el nombrar y remover a los directivos que ocupen cargos en dos jerarquías inferiores al director general, así como funciones relacionadas con tabuladores y recursos humanos. El Consejo no podría sesionar sin la presencia del Director General.
Sería a propuesta del Director General que el Consejo de Administración aprobaría los asuntos relacionados con inversiones, el Plan de Negocios de Pemex, los precios de bienes y servicios, los lineamientos para pagos extraordinarios y donaciones, así como aquéllos para el desmantelamiento y enajenación de las instalaciones, y cualquier otro proyecto que, por su relevancia o trascendencia, deba autorizar el consejo.
Establecería la obligación de actualizar el Plan de Negocios cuando se presenten situaciones de crisis económica, cambios en el mercado petrolero internacional o cuando se contemplen proyectos de gran magnitud, como la construcción de una nueva refinería, específicamente, todo con base en los principios rectores de la seguridad y soberanía energéticas.