Pide Coparmex respeto a la libre competencia en el sector del gas LP

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que las políticas públicas no deben afectar la libre competencia en el sector energético, ni poner en riesgo la continuidad en el abasto del gas licuado de petróleo (gas LP).

En un pronunciamiento emitido en la tarde de este jueves, la Coparmex se refirió a la política de un precio máximo del gas doméstico para venta al público vigente desde 2021 que el gobierno estableció como una forma para apoyar a la economía de las familias mexicanas.

“Las políticas energéticas deben garantizar eficiencia y sustentabilidad sin afectar la libre competencia ni poner en riesgo la continuidad del servicio. Es prioritario establecer condiciones que permitan a las empresas operar de manera rentable, cumpliendo con estándares de seguridad y calidad en beneficio de los consumidores”, expresó.

La semana pasada, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas) alertó que desde octubre del año pasado, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), organismo encargado de calcular cada mes el precio máximo con base en una fórmula, dejó de reflejar de forma adecuada las variaciones del precio internacional en los precios al público.

En cambio, aseguró, la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) sí lo ha venido haciendo en los precios del producto que vende a los distribuidores del gas.

Esta diferencia, dijo la Asociación presidida por Rocío Robles, ha provocado una “súbita reducción” en los ingresos de las empresas distribuidoras.

“Para preservar la viabilidad del servicio, es indispensable que las políticas regulatorias reflejen la realidad económica del sector, evitando distorsiones que comprometan su operación”, señaló la Coparmex al respecto.

Riesgo de que aumente el “huachigás”

En su comunicado, la Confederación presidida por Juan José Sierra Álvarez también advirtió que el control de precios del gas podría promover la incursión de grupos dedicados a la distribución clandestina, conocida como “huachigás”, y alentar con ello la expansión del mercado ilegal.

Esto incrementaría, además, los riesgos de seguridad y vulneraría la legalidad del sector, agregó.

En este escenario, la cúpula patronal del país insistió en que la imposición de precios, conocido como “Tarifa de Distribución”, por parte del Gobierno desde hace seis meses, está poniendo en riesgo la continuidad del servicio y generando impactos negativos en el sector, como:

• Reducción en la cobertura de la distribución, afectando a comunidades que dependen del Gas L.P. como principal fuente de energía.
• Expansión del mercado ilegal, con la incursión de grupos dedicados a la distribución clandestina de combustibles (huachigas), lo que incrementa los riesgos de seguridad y vulnera la legalidad del sector.
• Pérdida de empleos directos, con afectaciones para miles de familias que dependen de esta actividad.
• Riesgo en la seguridad operativa a mediano plazo, ya que la falta de viabilidad económica limita la capacidad de las empresas para renovar y mantener su infraestructura de distribución.
• Retroceso en el acceso a energéticos modernos, lo que podría obligar a algunas comunidades a recurrir al uso de leña como alternativa, con consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente.

Con todo, la Coparmex refrendó su postura de que garantizar el acceso al gas LP en condiciones justas y equitativas requiere de un entorno que promueva la inversión, la certidumbre jurídica y la libre competencia.