El diputado Rubén Moreira Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidió este martes que se dé continuidad de manera urgente a un dictamen del 2012 que prohíbe el trabajo en pozos o en cuevas para la extracción del carbón a profundidades menores de cien metros.
Lo anterior, con la finalidad de garantizar la seguridad de los mineros del carbón y evitar la extracción inadecuada del mineral que, a veces, es de manera artesanal y rudimentaria sin las mínimas medidas de seguridad para los trabajadores.
En este sentido, el también líder de la bancada priista en San Lázaro presentó un punto de acuerdo para que se discuta y apruebe en el Pleno, en el que señaló que esta prohibición debió hacerse desde hace años en las actividades de extracción del carbón y refirió que en el periodo comprendido del 2006 al 2021 se han cobrado la vida de 72 mineros.
En semanas pasadas, se colapsó e inundó una mina pequeñas –de las llamadas “pocitos”– de donde se extraía carbón para venta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dejando atrapados a diez trabajadores que, a la fecha, no han podido ser rescatados.
En julio pasado, la empresa eléctrica a cargo de Manuel Bartlett Díaz informó que había celebrado contratos de compraventa de carbón de 52 pequeños productores de la región de Sabinas, entre ellas Compañía Minera El Pinabete, SA de CV, cuyo pocito se colapsó.
Según refirieron Raúl Cuevas Plancarte, director corporativo de Finanzas, y Miguel López López, subdirector de Contratación y Servicios, los proveedores son estudiados cuidadosamente para otorgar los contratos.
De 121 productores interesados en vender su carbón a la CFE, al final quedaron 52 luego de un proceso de visitas y revisión de diferentes aspectos, como actas constitutivas, manifestación de impacto ambiental (MIA), un dictamen favorable por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y certificado de calidad de laboratorio.
Asimismo, agregaron, el Servicio Geológico Mexicano (SGM) realizó visitas de inspección y se requirió de las actas de inspección realizadas, además, por la Gerencia de Desarrollo Social de la propia CFE.
Ante cuestionamientos sobre la adquisición de manera directa del carbón de los productores de Sabina, la directiva ha insistido en que la compra del mineral de los pequeños productores tiene un “sentido social”, orientado al apoyo de las comunidades que dependen de esta actividad.
Respecto al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, mencionado este día por el diputado Moreira, fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el 11 de abril de 2013.
Sin embargo, se previó adicionar un segundo párrafo al artículo 343-A de la Ley Federal del Trabajo y el 9 de octubre de 2018 se determinó que se remitiera de nuevo a comisiones.
Ello tiene la finalidad de evitar nuevos y lamentables acontecimientos como el de Sabinas. Por esta razón Moreira Valdez propuso a la Comisión Permanente agotar en forma favorable el trámite legislativo de esta minuta.
Con ello, se reformarán y adicionarán los artículos 342-A, 342-C, 343-D y 343-E de la Ley Federal de Trabajo, que contemplan las iniciativas presentadas por los entonces diputados federales Adolfo Bonilla Gómez, Manlio Fabio Beltrones Rivera y Jesús Murillo Karam del Grupo Parlamentario del PRI, así como por los panistas Mario Alberto Dávila Delgado, José Guillermo Anaya Llamas, Esther Quintana Salinas y Marcelo de Jesús Torres Cofiño.
“Es urgente que se vote esa minuta, solo falta eso para prohibir los pocitos y salvar gente”, aseveró el coordinador parlamentario.