La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Senado de la República pidió este jueves al gobierno federal informes acerca del estado en que se encuentra la central nucleoeléctrica de Laguna Verde en materia de seguridad.
La senadora Índira Rosales San Román presentó un exhorto a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas (Conasenusa) a atender las alertas registrada en la central y, además, pidió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentar un informe detallado sobre dichas alertas desde enero de 2020.
Entre otros incidentes, la legisladora panista recordó que el pasado 21 de febrero, el físico matemático de la Universidad de Veracruz, Bernardo Salas, advirtió a la Presidencia de la República sobre una fuga de combustible en uno de los generadores que podría derivar en una descarga radioactiva en el medio ambiente, misma que fue ignorada por la administración federal.
También citó datos del Plan de Gestión de Desechos Radiactivos y Combustible Nuclear 2017-2023 de la planta en donde se reconoce que existe una saturación de desechos en sus depósitos de residuos nucleares y de uranio.
“En abril de 2018, cuando la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO, en inglés) emitió su evaluación bianual sobre el desempeño de la Central Nuclear de Laguna Verde, la planta recibió una calificación promedio de 80.9 (en una escala de 100 puntos): casi 15 puntos por debajo de las otras 36 centrales evaluadas por WANO, que habían obtenido una media de 95.7”, expuso Rosales San Román.
En el mismo sentido, destacó que dicho puntaje es consistente con su desempeño histórico, que la WANO califica como “mediocre” en su evaluación; pero posteriormente empeoró, ya que para el tercer trimestre de 2020, el rendimiento de la planta había bajado a 72.5 puntos, y la persistencia de algunos problemas comenzaba a evocar la situación de la central en los años 90, una década caracterizada por fallas operativas.
Por ello, alertó que podrían estar en peligro al menos 28,000 personas habitantes del municipio de Alto Lucero, en donde se encuentra la planta, y que junto con los municipios colindantes de Naolinco, Juchique de Ferrer, Chiconquiaco, Tepetlán y Actopan, llegarían a ser hasta 100,000 personas afectadas.
De acuerdo con el proyecto de presupuesto para el 2022, la CFE estaría planteando un monto por 787.3 millones de pesos para trabajos de mantenimiento en las dos unidades de generación.
Por su parte, el senador Raúl Paz Alonzo, también de la bancada panista, solicitó al titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, que rinda un informe sobre las evaluaciones bianuales que emitió la WANO sobre el desempeño de Laguna Verde.
Al igual como lo advirtió su compañera de bancada, Paz Alonzo pidió un informe a la Conasenusa sobre la saturación de los depósitos de residuos nucleares y de uranio.
“Es importante señalar que lo que más preocupa es el daño físico que se le pude causar a las personas y el daño irreparable al medio ambiente”, planteó el legislador.
También elevó un exhorto a la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García, para que presente a esa Cámara un informe detallado sobre cuáles fueron los lineamientos sobre el mantenimiento y almacenamiento de los desechos radiactivos apegados a estándares y controles radiológicos.
El senador pidió que en el informe se indique si en los lineamientos se contempló la gestión de los residuos para la renovación del permiso de operación de la central nucleoeléctrica para 30 años más.
Cabe recordar que el 17 de julio de 2020, el gobierno federal a través de la Sener, informó que renovó la licencia de operación de la planta de Laguna Verde hasta el año 2050.
La renovación del permiso fue entregado a la CFE, quien es propietaria de la central, y contó con el aval técnico por parte de la Conasenusa, según señaló la Secretaría en su momento.