Pueblos originarios piden ser incluidos en la reforma eléctrica

Representantes de pueblos originarios del país pidieron que se incluya en la reforma eléctrica la posibilidad de que las comunidades puedan desarrollar sus propios proyectos de generación eléctrica, esto con carácter social.

Para ello, pidieron que en el 46% que el Estado reservaría para proyectos privados de generación eléctrica también estén contemplados aquellos que puedan ser decididos y desarrollados en colectividad al interior de los pueblos y comunidades del país.

Durante el foro 22 de Parlamento Abierto mediante el cual se analiza la iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad, organizado por la Cámara de Diputados, Mario Castillo Quintero, representante del Colectivo Red Pueblos y Energía, también hizo un llamado para que cesen las amenazas y amedrentamientos por parte de empresas privadas de energía renovable y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por igual.

“Lo que nosotros planteamos en este proceso de Transición es justamente que en este 46% que se les está otorgando a los privados sea incluido este sector social de comunidades indígenas, afro-mexicanos o equiparables a núcleos agrarios, así como comunidades urbanas en estado de vulnerabilidad y marginación”, expresó Castillo.

Ante los legisladores presentes, el representante de diversas organizaciones indígenas y comunitarias de diversas regiones del país, previamente refirió que han sufrido acoso por las empresas transnacionales que han instalado sus parques de generación eléctrica, principalmente eólica, pero también de la CFE.

“Hemos tenido una serie de persecuciones por parte de CFE a nivel regional y a nivel nacional, como Red Nacional de Resistencia Civil, donde hemos tenido compañeros presos, donde hemos tenido estas persecuciones”, denunció.

También dijo que en diversas ocasiones las comunidades organizadas han intentando echar a andar proyectos eléctricos, pero la propia empresa estatal se lo ha impedido.

“Lo hemos intentado en diferentes comunidades, en diferentes regiones del país, poder generar proyectos comunitarios, a lo que la CFE nos ha dicho que no, que ellos están justamente para eso y que nosotros no tenemos por qué proponer estas cosas”, agregó.

En su intervención, la diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas en la Cámara baja, resaltó que resulta una ironía que la mayor parte de la riqueza del país se encuentra en las tierras de los pueblos y comunidades originarias y, sin embargo, estas no tienen nada.

Por ello, expresó su deseo de que el foro sirva para escuchar y tomar en cuenta lo que manifiestan los representantes indígenas.

“Que este foro no se haga solo por requisito. Que se tenga en cuenta. Para nadie es un secreto, las empresas privadas, el capital ha ido a despojar a las comunidades”, dijo la legisladora por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Aquí se hablaba de muchas cosas de los parques eólicos, (mientras) comunidades enteras han sido desplazadas de sus tierras para construir las presas hidroeléctricas”, añadió.

El foro 22, celebrado esta mañana, tuvo como tema precisamente “Usuarios, pueblos indígenas y electricidad”.

En su oportunidad, Jacqueline Valenzuela Meza, directora ejecutiva del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, habló sobre la carencia de electricidad que tienen varias poblaciones del estado de Baja California Sur.

Recordó que la entidad está aislada del Sistema Interconectado Nacional y que posee dos sistemas eléctricos, pero ambos desconectados uno del otro.

También comentó que solo las partes costeras cuentan con servicio eléctrico confiable y constante, toda vez que en esas zonas se encuentra la mayor parte de la actividad turística del estado y por la instalación de sistemas fotovoltaicos que han colocado hoteles y restaurantes, pero el resto de la población tiene en promedio solo cinco horas del día de servicio eléctrico.

Estimó que para llevar electricidad a la comunidad de San Juanico, por ejemplo, se requiere una inversión por los 67.4 millones de pesos, pero que no ha sido posible porque la CFE no cuenta con recursos y no es posible disponer del Fondo del Servicio Eléctrico Universal.

Al respecto, refirió que mediante un oficio, la empresa a cargo de Manuel Bartlett Díaz aseguró que no se cumplen con las características que plante el fondo para poder otorgar los recursos.

“Se hace alusión en el oficio de que se podrían tener los recursos del Fondo del Servicio Eléctrico Universal, pero desafortunadamente este fondo, como está estructurado, no se cumple con las imitante que cuenta, estar más allá de cinco km no se cumple para hacer ese uso de este fondo”, explicó.

En su turno, Manuel Gómez Herrera, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica (AMIF), expuso la preocupación del gremio especialmente en cuanto a la incertidumbre que plantea la reforma tal como está redactada para los desarrolladores de sistemas fotovoltaicos de generación distribuida.

“Las medidas propuestas son contrarias a los intereses del país”, aseguró.

“Incluso en contra de la CFE”, dijo ya que según su opinión impedirá que puedan reducirse los subsidios a las tarifas eléctricas.

“El cambio tecnológico no estará en manos de cualquier ciudadano, sino de quien el Estado decida”, lamentó, en relación con la propuesta de dejar todo el sector bajo la tutela de la CFE.

Por último, Magdalena Morales García, activista y promotora cultural del Estado de Chiapas, se pronunció en favor de la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se considere la energía eléctrica como un derecho humano, el otorgamiento de tarifas justas para los pueblos originarios y condonación de adeudos.