Reclamos de CFE deben ser atendidos en leyes secundarias: Barnés de Castro

La mayoría de los reclamos que ha presentado la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con respecto al actual marco regulatorio “pueden y deben” ser atendidos a través de modificaciones a las leyes secundarias, sin necesidad de ir a la Constitución, consideró este jueves Francisco Barnés de Castro.

“La mayoría de los reclamos atendibles que en su momento ha planteado la CFE pueden y deben ser atendidas a través de modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica y a las Reglas del Mercado Eléctrico Mayorista”, dijo el ex comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En su exposición para el Clúster Metropolitano de Energía, presidido por Jorge Young, el también ex rector de la UNAM consideró que la reforma a la Constitución en materia de electricidad propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador debe ser rechazada en todos sus términos.

Lo anterior, “por el grave daño que causaría al sector eléctrico, a la propia CFE, a las finanzas públicas y a la economía nacional”, dijo en su participación en la mesa “Energía y Cambio Climático”, efectuada esta mañana.

Barnés de Castro destacó que la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica, los contratos de compraventa de energía con el sector privado y las solicitudes pendientes de resolución representarían en términos monetarios en una afectación de 91,500 millones de dólares (mdd), de los cuales 51,400 mdd corresponderían a proyectos en operación.

En total, citó, hay 1,017 permisos entre los que ya operan, están en construcción y los que están pendientes de recibir su aprobación, que suman una capacidad instalada total de 79,324 megawatts (MW), según datos de la propia CRE a septiembre de 2021.

Criticó que los permisos de autoabastecimiento, un punto en el que Manuel Bartlett Díaz, director general de la CFE, ha hecho especial énfasis en que sean cancelados bajo el argumento de que “roban energía” a la empresa pública, se cancelarían sin una orden judicial, tan solo porque la CFE los considera “ilegítimos”.

Ante ello, Barnés aseguró que los perjudicados podrían ampararse en tribunales si se les suspende el acceso a las redes de transmisión eléctrica. Por lo pronto, de ser anulados, los 385 permisos (operación, construcción y pendientes) representarían en total 21,300 mdd, con una capacidad de 13,727 MW.

Respecto a los productores independientes de energía (PIE), el especialista aseguró que la afectación en términos de inversión ascendería a los 20,300 mdd, ya que se trata de una capacidad instalada de 21,174 MW.

En su exposición, también calculó que la reformar establecería una gran presión sobre las finanzas de la propia CFE, ya que implicaría que ella sola debería invertir anualmente unos 8,000 mdd, de los cuales 5,000 serían para generación, toda vez que ya no contaría con los PIE, más 3,000 mdd para redes de transmisión y distribución.

“México no contará con suministro suficiente ni competitivo de energía eléctrica, desperdiciándose así la gran oportunidad que representa para México la renovación del tratado de libre comercio con EEUU y Canadá”, sentenció.

Al tocar el tema del despacho eléctrico, el cual según la propuesta presidencial privilegia las centrales de la CFE por encima de las renovables sin considerar los costos de la energía, Barnés de Castro estimó que esto llevará a la Comisión a tener un sobre costo de unos 3,000 mdd al año.

Incluso, comentó, las propias plantas de cogeneración de Petróleos Mexicanos (Pemex) quedarían rezagadas. “Las mismas centrales de cogeneración eficiente de Pemex se despacharían después de las centrales térmicas de la CFE. El sobre costo para Pemex también sería considerable”, añadió.

MODIFICAR, SÍ, PERO…

En todo caso, para modificar el marco regulatorio del sector eléctrico, Barnés de Castro propuso respetar la participación del Estado y de la iniciativa privada, bajo ciertas condiciones, con el fin de alcanzar acuerdos.

Propuso que en la Ley de la Industria Eléctrica se conserven las figuras de Cogeneración, Autoabasto, Producción Independiente y Pequeña Producción hasta que caduquen sus permisos de interconexión a la red, excepto aquellos que los tribunales determinen que fueron otorgados contraviniendo la ley vigente, en ese entonces, la Ley del Servicio Público de Energía Elécgtrica (LSPEE).

Que la CFE pueda generar en sus propias centrales la energía necesaria para el suministro de usuarios básicos sin necesidad de subasta previa y para que pueda celebrar con el sector privado contratos de cobertura física de largo plazo, mediante licitaciones abiertas o subastas públicas. El faltante podrá adquirirlo a través del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Reintegrar a la CFE como una sola empresa, tal como lo plantea la reforma, pero dejando a CFE Transmisión y CFE Distribución como filiales independientes, para poder transparentar sus costos al regulador.

Dejar el despacho eléctrico y el manejo del MEM en manos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el cual también deberá ser independiente de la CFE, no como lo plantea la iniciativa del Ejecutivo que propone reintegrar al Cenace a la empresa pública.

Igualmente, respecto al despacho, Barnés de Castro planteó que se haga con base en los costos marginales de generación, excepto cuando la energía contratada por la CFE a través de contratos de cobertura física sea despachada con base en los costos contractuales de energía, y cuando la energía generada por particulares para autoabasto remoto no deba estar sujeta a despacho económico.

Asimismo, rescata los Certificados de Energía Limpia (CEL), cuya eliminación está contemplada en la reforma. A este respecto, el doctor en Química propuso que se mantengan pero que se otorguen a todos los generadores de energía limpia, sin importar la antigüedad de la central o de la titularidad de la misma, con ello se reconocen a todas las centrales hidráulicas de la CFE, como lo pidió el presidente hace algún tiempo.

Relacionado con lo anterior, también está propuesto que la Secretaría de Energía (Sener) establezca anualmente los porcentajes de CEL para que sean congruentes con las obligaciones establecidas en la Ley de Transición Energética y con las metas a las que México se ha comprometido o comprometa en un futuro en acuerdos internacionales.