Redacción / Energía a Debate
Si bien la lupa de las autoridades suele estar sobre las gasolinas, ahora los focos rojos se han prendido en materia de gas licuado del petróleo (gas LP ó gas doméstico), cuyas alzas ya empiezan a impactar la inflación.
El precio del gas LP sufrió un aumento del 36 por ciento en marzo de este año en términos anuales, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
El costo del gas LP al consumidor por subió 37 por ciento al cotizar en 13.02 pesos por litro en marzo pasado para el caso de los tanques estacionarios, en comparación con 9.51 pesos en marzo del 2020. En cuanto a los cilindros de gas, el precio aumentó 36.16 por ciento al pasar de 17.81 pesos por kilo en marzo 2020 a 24.25 pesos en marzo pasado. Los aumentos anuales incluso fueron superiores al 40 por ciento en algunos estados, como Nuevo León, Tabasco, Oaxaca y Tabasco.
Al 7 de abril pasado, el gas en cilindro promedió 23.51 por kilo y el gas estacionario promedió 12.56 por litro, según informó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Frente a esas aumentos, que en cierta medida reflejan ajustes de precios en mercados del exterior, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha emplazado a varias empresas y personas físicas por su probable responsabilidad en acuerdos ilegales para manipular precios en prácticas anticompetitivas para repartirse el mercado de la distribución y comercialización del gas LP en México.
Estas conductas consisten en contratos, convenios o arreglos entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información con alguno de los objetos o efectos anteriores, en términos de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE),
De acuerdo a esa ley, las prácticas monopólicas absolutas o colusiones pueden ser sancionadas con multas de hasta 10 por ciento de sus ingresos, además de que pueden ir a procedimientos penales.
Según la Cofece, el 76 por ciento de las familias mexicanas consumen gas LP y los precios más elevados tienen un grave efecto regresivo en los hogares más pobres.