Van por limitar adjudicaciones directas en contrataciones públicas

Ulises Juárez / Energía a Debate

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y organismos de la sociedad civil presentaron esta mañana el proyecto de “Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público” que, entre otros aspectos, tiene la intención de incrementar la competencia económica e incorporar mecanismos anti corrupción, con la finalidad de lograr mejores contrataciones que realizan las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal y locales.

También pretende limitar los supuestos en los que se usa la adjudicación directa, modalidad que se ha incrementado sobre todo en la presente administración.

Junto con la Cofece, participaron en la elaboración del documento la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y México Evalúa, y fue enviado a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados para su discusión y, en su caso, aprobación, en el marco del ejercicio Parlamento Abierto que se desarrolla en este mes.

La Comisión, a cargo de Alejandra Palacios Prieto, informó que de acuerdo con sus estimaciones, el sector público, tanto federal como de las entidades federativas, podría gastar este 2020 más de 2 billones de pesos en la contratación de bienes y servicios. Estos recursos, consideró la Comisión, “pueden contribuir a la recuperación económica y permitir la reactivación de empresas y negocios que ofrezcan las mejores condiciones de compra al Estado. Hoy más que nunca el gasto público puede beneficiar a micro, pequeñas y medianas empresas que generan más del 68% por ciento del empleo en el país, construyendo así una economía más incluyente”, afirmó la dependencia.

Sobre la premisa de que es necesario renovar el marco normativo que rige las contrataciones del sector público, el proyecto de Ley General de la Cofece y las organizaciones participantes plantea seis puntos centrales:

1.- Desarrollo y creación de la Plataforma Nacional de Contrataciones Públicas y del Instituto Nacional de Contrataciones Públicas. Establece una plataforma digital, completamente transaccional, y una estructura institucional que permita ordenar y consolidar un Sistema de Contrataciones Públicas a nivel nacional para abatir las complejidades de los múltiples sistemas en los ámbitos locales.

2.- Establecer mecanismos para la evaluación de riesgos de corrupción en el proceso de compra, así como para la identificación y prevención de posibles conflictos de interés. Mediante la implementación de sistemas de información estructurados, se facilita la identificación de riesgos de corrupción y de potenciales conflictos de interés u otro tipo de conductas que afecten la integridad de las contrataciones públicas.

3.- Fortalecer las reglas para la planeación de las contrataciones públicas. Se ordena que los procesos de planeación se realicen con base en la disponibilidad presupuestal e investigaciones de mercado completas; y que los procesos de contratación se realicen de manera oportuna y viable.

4.- Introducir mecanismos para aumentar la competencia por los contratos. Se limitan las causales para entregar contratos de forma directa, y se sanciona con inhabilitación, hasta por cinco años, a empresas que se coludan en concursos públicos. Adicionalmente se hace obligatoria la declaración de oferta independiente, pertenencia a Grupo de Interés Económico e intención de subcontratación como requisito de participación en un proceso de contratación.

5.- Tener controles para las “contrataciones de gran magnitud” y conceder mayor plazo para la investigación de mercado y presentación de ofertas. La propuesta incorpora procesos específicos para la planeación, ejecución y vigilancia de estos procedimientos. Se faculta además a la COFECE para emitir opinión previa vinculante sobre las propuestas, además de requerir a los participantes acreditar sus políticas de integridad corporativa.

6.- Mejorar los mecanismos de vigilancia en la ejecución de los contratos. Se establece la obligación de que los entes públicos registren en tiempo real el seguimiento de la ejecución de los contratos; la puesta en marcha de auditorías externas e internas con base en riesgos, así como ampliar los alcances de la participación de testigos sociales y ciudadanos para monitorear el cumplimiento de las condiciones pactadas en los contratos.

El documento destaca también la importancia del uso eficiente del presupuesto con beneficios tanto para la economía, como para la población del país.

“El uso eficiente del presupuesto asignado para las contrataciones públicas no sólo conlleva un mejor desempeño en la economía mexicana y la recuperación de la confianza en las instituciones, sino también, a que la población en México pueda acceder y gozar de bienes y servicios básicos para su bienestar social. Urge entonces que los recursos públicos destinados a las contrataciones públicas garanticen el mejor valor por el dinero, y para ello, es necesario que, al menos, se adquieran los bienes y servicios en la cantidad y calidad necesarios, que se pague un costo mínimo por ellos, y que en su selección, se garantice y vele por el interés público, es decir, que se atienda a las necesidades y demandas de la ciudadanía”, se lee en la propuesta.

Asimismo, los organismos proponentes plantearon la creación de un Sistema Nacional de Contrataciones Públicas que mitigue las brechas provocadas por el uso inadecuado de los recursos públicos.

Dijeron que uno de los principales retos es la “heterogeneidad” de las normas que regulan los procedimientos de adquisiciones. Calcularon que actualmente existen en conjunto 111 marcos normativos distintos que regulan estas actividades en los estados y en la federación. “Esta situación por sí misma entorpece el acceso de los actores económicos para concursar por los contratos públicos de forma eficiente”, subrayaron.

De acuerdo con cifras dadas a conocer por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a principios del mes pasado, las adjudicaciones directas otorgadas por la presente administración tan solo durante los primeros 5 meses de 2020 representaron 78.2% del total de contratos otorgados, prácticamente el mismo porcentaje alcanzado al cierre de 2019.

Ese porcentaje representa un total de 25,249 contratos ofrecidos de manera directa sin proceso de licitación pública, especificó MCCI, contra apenas 3,592 que se otorgaron mediante el procedimiento correspondiente (11.7%).

La Cofece, por su parte, también destacó que otro de los retos que enfrenta esta actividad es la falta de competitividad. Esto resulta en “la adquisición de bienes o servicios más costosos de lo que podrían conseguirse en mercados competitivos”.

Las propuestas

Entre las principales propuestas que plantea el proyecto de Ley General se encuentran cambios respecto a la priorización de procesos y mercados para promover la competencia y generar mejores opciones de compra para el Estado Mexicano, al tiempo que limita los supuestos en los que puede usarse la adjudicación directa.

Un entorno competitivo en la contratación pública también generará confianza en el sector privado y propiciará que las empresas pongan mayor empeño en ofrecer bienes y servicios de calidad para responder a la demanda que se vaya requiriendo en materia de contrataciones públicas, argumenta el texto.

Otras acciones de mejora son la apertura y mejora de los mecanismos de diálogo con la industria de las empresas; la realización de estudios previos para planear la contratación; la mejora en los criterios de evaluación de las propuestas; la optimización de los procesos a partir del uso de las tecnologías; la evaluación del desempeño de las contrataciones; y por último, la profesionalización y los mecanismos para asegurar la integridad y transparencia en el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.