El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) reiteró esta mañana que, derivado de la reforma eléctrica promovida por el gobierno federal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) será la única empresa que provea del servicio eléctrico en el país, eliminando con ello a varias compañías que operan bajo el esquema de autoabastecimiento.
“Con la reforma se revisará y analizará quiénes pueden realmente usar el autoabasto y la CFE será la única proveedora del servicio para todos los usuarios”, expresó Fabián Vázquez Ramírez, funcionario del Cenace, durante su participación en el tercer foro de Parlamento Abierto para analizar la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, organizado por la Cámara de Diputados.
En la mesa de este miércoles, el tema a discutir fue “Despacho, Mercado Eléctrico y Contratos Legados”, para lo cual se contó con dos expertos para la parte a favor de la iniciativa que presentara el presidente Andrés Manuel López Obrador, y dos en contra de dicha propuesta.
Vázquez Ramírez criticó la participación privada en el sistema eléctrico nacional, tanto de las centrales de energías renovables como de ciclo combinado con base en gas natural.
Particularmente dijo que ambas no tienen una participación en la regulación de la frecuencia requerida por el sistema, por lo que las centrales de la CFE deben mantener el balance de carga-generación al aportar el faltante de energía del sistema y las reservas operativas.
Lamentó, por ello, que las plantas de la empresa estatal solo reciben el pago de lo que gastaron y no un pago por dar esta continuidad al suministro de energía eléctrica. Esto, y otras razones, son las que tienen a la compañía en números rojos, añadió.
Por ello defendió las modificaciones al despacho eléctrico que proponen las reformas discutidas, en las cuales se priorizan las centrales de la CFE.
Al respecto, Paul Alejandro Sánchez, analista del sector energético, reviró asegurando que las centrales hidroeléctricas no pueden ser el sustento de la matriz energética del país, como lo propone la iniciativa.
Argumentó que estas centrales responden necesariamente a los ciclos del agua en el país, que no son previsibles y que no hay lluvias entre los meses de noviembre a febrero, además de que presentan variaciones en sus entregas de energía.
Igualmente, recordó que el líquido de las presas debe tener prioridad para otros usos, como la agricultura, el agroindustrial, el doméstico, la acuacultura, el industrial, el pecuario, el público urbano, el comercial, entre varios otros.
Debido a que el nuevo despacho también prioriza a las centrales termoeléctricas de la CFE, muchas de las cuales ya tienen bastantes años en operación, Paul Sánchez previó que la energía de estas plantas será costosa y contaminante.
Esto, dijo, necesariamente impactará en el precio de la energía que los mexicanos tendremos que pagar de una forma u otra, ya sea a través de tarifas más altas, o con recursos federales, como subsidios y traslados a otros impuestos, como el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto sobre la renta (ISR) o el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS).
“Yo no conozco ningún negocio que comprando caro pueda vender barato”, atajó.
También desmitificó que con la reforma energética de 2013 se hayan negado permisos a la CFE para generar. “La CFE ha obtenido desde 2016 a 2020 la mitad de los permisos, no se le ha negado nada, no se le ha dado trato preferencial a los privados”, apuntó por lo que consideró que esta compañía sigue teniendo poder de mercado.
CONFUNDEN EMPRESA ESTATAL CON EMPRESAS PÚBLICAS
Gabriela Reyes, directora de Aprovechamiento Sustentable de la Energía, de la Secretaría de Energía (Sener), presentó un comparativo entre el proceso de separación legal y/u operativa de algunas empresas eléctricas privadas en Estados Unidos, con la separación del segmento de generación de la CFE en seis subsidiarias a partir de la reforma energética de 2013.
Expuso que, mientras en México esto no fue consultado, en Estados Unidos derivó de un proceso de consulta efectuado por la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) para determinar cómo y cuáles empresas, conocidas como public utilities (compañías privadas con colocación de sus acciones en bolsa), podrían tener una separación funcional, o corporativa o legal, en los servicios de generación y transmisión.
“En Estados Unidos se consultó si era pertinente hacer una separación legal o corporativa de las public utilities, que son las grandes compañías eléctricas existentes”, dijo la funcionaria, quien subrayó que, en su momento, el Departamento de Energía de esa nación no consideró más que una separación funcional dentro de las mismas compañías.
“Aquí nos dice que el objetivo no era separar ni fraccionar a las public utilities que ya venían operando en Estados Unidos, que lo que tendríamos en México sería a la CFE”, comparó.
Cabe recordar que en Estados Unidos no existen las empresas estatales, ni mucho menos una con monopolio en ningún segmento, como sucede en México. Todas son privadas con capital propio y/o con cotización en bolsa.
Por último, Francisco Bueno, experto en energía, advirtió del riesgo de que el Cenace pierda autonomía al ser reincorporado a la CFE, como lo plantea la reforma del presidente López Obrador, y cuestionó la eficiencia e imparcialidad en el despacho eléctrico.
“Es casi un árbitro que se vuelve parte de un equipo, ello sin contar que con la reforma se eliminan también las energías renovables”, aseguró.
Coincidió con Paul Sánchez en que con el nuevo despacho eléctrico se incrementarán los costos de la energía que impactarán en los usuarios finales, además de que elimina de facto la participación de las energía limpias.