Se suma Polonia al llamado a renunciar a tratado energético europeo

Polonia se ha sumado a los países de la Unión Europea (UE) críticos del controvertido Tratado sobre la Carta de la Energía (Energy Charter Treaty, o ECT), por lo que el gobierno de Varsovia aprobó el proyecto de ley sobre la “rescisión del Tratado sobre la Carta de la Energía”.

El proyecto fue aprobado el pasado 10 de agosto junto con sus protocolos, por lo que fue enviado el 25 del mismo mes a la Cámara baja, llamada Sejm, por el primer ministro Mateusz Morawiecki.

El ECT fue firmado a principios de la década de 1990 para proteger las inversiones en petróleo y gas ante el riesgo político que representaba en ese entonces la ex Unión Soviética (URSS).

Sin embargo, con la desintegración de la URSS, el tratado ha sido desde entonces denunciado como “obsoleto” por los estados miembros de la UE, quienes se han pronunciado por el “derecho a regular” en concordancia con los objetivos climáticos del Acuerdo de París.

Luego de cuatro años de negociaciones, en un intento por mantener el Tratado, el 24 de junio se reformaron sus cláusulas en las que se estipula que las inversiones en nuevos proyectos relacionados con combustibles fósiles ya no gozarán de protección legal en la eurozona ni en el Reino Unido.

Aun con ello, varios países de la UE han dicho que saldrán del ECT, como lo hizo recientemente España, siguiendo a Alemania, Francia y los Países Bajos. Ahora Polonia ha expresado la misma intención.

Para la ley recientemente aprobada por Polonia para rescindir el Tratado, los intentos de reforma han fracasado. Según explica, las conversaciones para la reforma llevadas a cabo por la Comisión Europea “no permiten esperar cambios en la cláusula ISDS (Investor-State Dispute Settlement, o Solución de Controversias entre Inversionista y Estado) del Tratado”, informaron medios locales.

Agrega que la Carta constituye “una amenaza para la autonomía de la legislación de la UE y el principio de confianza mutua entre los Estados miembros”, por lo que debe terminarse “para garantizar la seguridad jurídica en el ordenamiento jurídico de la UE”.

También argumenta que las declaraciones oficiales de los países de la UE de que se abstendrán de demandarse entre sí “lo más probable es que los tribunales arbitrales no las consideren suficientes”.

En junio pasado, un tribunal internacional de controversias dio la razón a España, cuyo gobierno aseguró que el ECT amenaza el cumplimiento de los objetivos climáticos de la Unión Europea.

El gobierno español había exigido que la zona renunciara a dicho Tratado, un hecho que convirtió a España en el primer estado miembro del grupo de las 27 naciones en solicitar públicamente salir del acuerdo energético.