(Escucha a Víctor Ramírez en su podcast aquí)
Para buena parte de la población mexicana hay la sospecha y para otra buena parte, la certeza, de que el ex presidente propuso la reforma judicial en un acto de venganza contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación… y para acumular poder.
La venganza contra la Corte es porque frenó sus intentos de violar la Constitución. Uno de los más relevantes fue justamente en materia energética, me refiero a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
Las preguntas ahora son: ¿Qué sucederá con la Corte? ¿Cómo puede afectar esto a las inversiones o proyectos en materia energética?
El asunto es simple.
El control del Poder Judicial estará en manos del Ejecutivo y del Legislativo, quienes pondrán los candidatos por los que el ciudadano podrá votar. O sea, los ciudadanos seremos libres de votar por el candidato que queramos, siempre y cuando aparezca en la boleta. Y para que su nombre aparezca en la boleta, deberá ser promovido por el partido en el gobierno.
En el pasado, las empresas y usuarios de energía se ampararon en contra de la reforma a la ley porque esta violaba el espíritu de la Carta Magna y con ello afectaba sus derechos. La Corte reconoció esta contradicción constitucional, por ello anuló la reforma. La Constitución debe prevalecer.
Ahora, con una Corte dominada por el gobierno y su partido, si una empresa o ciudadano ven vulnerados sus derechos y acuden al Poder Judicial, los jueces no defenderán el espíritu de la Constitución, ni harán valer los tratados internacionales, ni la ley, sino que defenderán los intereses del gobierno.
“Los jueces no defenderán el espíritu de la Constitución, ni harán valer los tratados internacionales, ni la ley, sino que defenderán los intereses del gobierno”.
Pongo un ejemplo:
Recordemos que actualmente la energía se recibe primero la más barata y luego, solo si el sistema lo requiere, la más cara.
Imagine una empresa eléctrica que tiene una central de generación muy eficiente. Es competitiva y gracias a eso entrega su energía de forma cotidiana.
Un día el operador deja de recibir su energía en la red. ¿La razón? Porque al despachar o recibir su energía se deja de inyectar la de una central generadora del gobierno, más cara. Entonces, para garantizar la operación de la central del gobierno, no se recibe la energía del privado.
Como consecuencia, un consumidor, o la empresa generadora a la que le dejaron de recibir su energía, acudiría al amparo.
Con una Corte independiente, que hace prevalecer el texto constitucional y los acuerdos internacionales, el fallo mandará que el operador del sistema restituya el orden constitucional y legal, de manera que reciba primero la energía más barata.
Pero con una Corte cooptada por el Ejecutivo, que también es dueño de la generadora más cara, no se dará la razón a la empresa que es más competitiva, ni al consumidor, sino a quien puso a los juzgadores que es, de nuevo, el gobierno.
Como consecuencia, el generador privado, que invirtió y se arriesgó para ofrecer energía de forma más competitiva, no tendrá como mantener las condiciones normales, bajo las cuales decidió invertir, y no podrá entregar y vender su energía, con lo que tampoco podría recuperar su inversión.
Las empresas internacionales podrán asistir a medios de controversia internacional y así defender sus derechos e intereses, pero las empresas mexicanas, no. Y aunque las empresas trasnacionales logren la recuperación del costo de sus daños, habrán perdido tiempo, dinero y esfuerzo. Esto a nadie le gusta.
Aunque lo que acabo de narrar no es forzosamente lo que sucederá, es un escenario altamente probable y viable con la reforma judicial. Para eso buscaron centralizar el poder.
La pregunta es: ¿meterías tu dinero en algún sitio donde sabes que es probable que no te respeten las reglas? La respuesta es obvia y de ahí nace la incertidumbre con la reforma judicial para el sector energético.
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