Traerá reforma eléctrica constitucional acciones judiciales contra el Estado mexicano: IMEF

La elevación de acciones judiciales nacionales e internacionales en contra del Estado mexicano, es especial por la violación del espíritu del tratado de libre comercio, T-MEC, es uno de los riesgos que corre el país de aprobarse las reformas constitucionales en materia de energía del presidente López Obrador.

Así lo advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) este lunes y dijo que la violación al tratado que tiene México con Estados Unidos y Canadá es en materia de trato no discriminatorio, inversiones, expropiaciones indirectas, así como la venta y compra por parte de empresas del Estado y monopolios.

Todo ello elevaría los costos del propio Estado mexicano y reduciría la capacidad operativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), añadió el Instituto en un posicionamiento público.

El presidente Andrés Manuel López Obrador remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de decreto con iniciativa de reformas constitucionales en materia de electricidad.

Esta iniciativa retoma la mayoría de los aspectos y visiones que el jefe del Ejecutivo federal ya había plasmado en su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), enviada y aprobada en el primer semestre de 2021, y que busca regresar a la CFE  a su posición de monopolio de la industria en el país y desincentivar las inversiones y operaciones de los particulares, especialmente extranjeros.

Entre los riesgos que observa el IMEF, bajo la presidencia de Ángel García-Lascuráin Valero, menciona que la desaparición de los órganos reguladores del sector, Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), reducirá la transparencia y “el sustento técnico de las decisiones fundamentales para el sano desarrollo del sector energético mexicano, dejándolas a consideraciones políticas”.

También se atentaría contra la competencia, inhibiendo incentivos “naturales” para la productividad del sector y para la generación de condiciones de precio justas para los consumidores.

Asimismo, el Instituto prevé que se afectaría la competitividad de la planta productiva nacional al no contar con insumos eléctricos fundamentales para las actividades productivas en condiciones similares a los competidores comerciales internacionales de México.

Se afectarían de manera negativa la ejecución de contratos ya formados por empresas inversionistas con el Estado Mexicano.

Subrayó que se daría una señal contundente a los inversionistas nacionales y extranjeros sobre la vulnerabilidad de nuestro Estado de derecho, “lo que eleva sustancialmente el riesgo de invertir en México y limita de manera profunda la capacidad de crecimiento económico del país”.

De igual forma, rezagaría al país en la transición energética global hacia fuentes limpias y renovables de energía, afectando la salud de los mexicanos.

Y, por último, el IMEF vislumbra que las reformas ejercerían una mayor presión sobre las finanzas públicas nacionales, lo que elevaría su vulnerabilidad.

“Por lo anterior, la aprobación de la iniciativa en los términos en los que está planteada resultaría contraproducente para sus propios objetivos, para el bienestar de las familias mexicanas, para el desarrollo del sector energético y para la economía nacional”, anotó el organismo.

“Exhortamos respetuosamente al Congreso de la Unión a analizar a fondo los impactos de la iniciativa anteponiendo el interés de la Nación a consideraciones políticas”, finalizó.