Como una continuación de su promesa de incrementar la generación eléctrica a partir del carbón, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó esta semana cuatro órdenes ejecutivas en materia energética, orientadas a impulsar la industria minera carbonífera de esa nación.
Entre otros argumentos, el presidente Trump dijo que Estados Unidos necesitará más electricidad para mantenerse al día en materia de inteligencia artificial, afirmó el martes.
“Hoy estamos tomando medidas históricas para ayudar a los trabajadores, mineros, familias y consumidores estadunidenses”, expresó al término del acto celebrado en la Oficina Oval de la Casa Blanca.
Agregó que con estas órdenes, se pone fin a lo que llamó “la guerra de Joe Biden contra el hermoso carbón limpio”.
En marzo pasado, el mandatario estadounidense había expresado su intención de mantener en operación las centrales carboeléctricas del país e, incluso, reactivar aquellas que por diversas razones habían sido desconectadas.
Esta medida tiene los objetivos, por un lado, incrementar la generación ante un importante incremento previsto en la demanda y, por otro lado, contrarrestar las ventajas competitivas de China por su abasto de energía a partir de combustibles fósiles, incluido el carbón.
¿De qué van las órdenes ejecutivas de Trump?
Ante trabajadores mineros presentes, Trump firmó el primer ordenamiento que levanta las restricciones regulatorias impuestas por su predecesor, Joe BIden, en contra de la industria del carbón.
La segunda orden ejecutiva impone una moratoria a las políticas de Biden para que puedan continuar operando las centrales eléctricas con base en el mineral y mantengan asimismo los puestos de trabajo.
La tercera está dirigida a mejorar la seguridad y la fiabilidad de la red eléctrica al garantizar que se dé prioridad a la producción y la transmisión de energía segura y eficiente. Esto quiere decir que se descartan políticas que discriminen en el despacho a fuentes de energía confiables, como el carbón y otros combustibles fósiles.
Por último, la cuarta orden ejecutiva mandata al Departamento de Justicia investigar las políticas de lo que llamó “izquierda radical” que gobierna los estados demócratas y que discriminan al carbón, una medida que consideró como “ilegal e inconstitucional”.