Un error que la CFE se haga cargo de la Transición Energética: Pueblos originarios

Representantes y activistas de distintos pueblos originarios de México consideraron que es un error establecer que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se haga cargo de la Transición Energética del país, toda vez que para ello tendrá que tomar el control de grandes extensiones de tierra, multiplicando los conflictos sociales.

“La iniciativa de reforma constitucional comete un grave error al establecer que CFE ‘estará a cargo de la ejecución de la Transición Energética en materia de electricidad, así como de las actividades necesarias para esta’”, dijo Leticia Esteban, representante de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske del estado de Puebla y el Consejo Maseual Altepet Tajpianij de los estados de Puebla y Veracruz.

“Sabemos que para ejecutar la Transición Energética, CFE tendría que tomar control sobre grandes extensiones de territorio, lo que multiplicaría e intensificaría los conflictos sociales”, afirmó en conferencia de prensa ofrecida este martes por representantes de organizaciones y comunidades indígenas, en la que presentaron propuestas de modificación a la iniciativa de reformas constitucionales en materia eléctrica del gobierno federal.

En el encuentro con medios, explicaron que esta iniciativa colectiva fue hecha por pueblos y organizaciones indígenas, en la que exigen que se respeten sus derechos como la libre determinación.

También exigieron a autoridades y legisladores que se les permita participar en el sector energético para garantizar que las comunidades cuenten con este recurso, sin fines de obtener una ganancia, respecto a sus tierras y que ayude para el desarrollo de los pueblos y regiones rurales y urbanas marginadas.

“Vemos cómo en nuestros territorios se utilizan intensivamente nuestros bienes naturales (agua, viento y tierra) para generar, almacenar y transmitir energía eléctrica por empresas privadas y de CFE, sin ningún beneficio real para nosotros”, denunció Mario Castillo Quintero, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) de Oaxaca.

Asimismo, refirió que, aún cuando hay importantes proyectos eléctricos en la zona del Istmo de Tehuantepec, las comunidades no cuentan con este servicio, o no es de calidad, o se proporciona a tarifas altas.

Exigieron que se reconozca explícitamente en la Constitución el derecho a la energía eléctrica como un derecho humano, también reconocido por instrumentos internacionales y en sentencias de tribunales mexicanos.

Por su parte, Ofelio Julián Hernández, también de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, expuso que la iniciativa de reforma constitucional también parte del concepto erróneo de que dar todo el poder a la CFE solucionará todos los problemas del sector.

“La iniciativa de reforma constitucional, en su redacción actual, parte de un diagnóstico incompleto, según el cual todos los problemas se resolverán dando más poder a CFE”.

“La iniciativa de reforma constitucional, en su redacción actual, parte de un diagnóstico incompleto, según el cual todos los problemas se resolverán dando más poder a CFE”, señaló. “Desafortunadamente, muchos pueblos como el pueblo maseual de la sierra nororiental de Puebla hemos vivido violencia y criminalización por parte de CFE cuando defendemos nuestros territorios frente a sus proyectos”, delató.

En su participación, Juan Rodríguez Cabrera, comunero de Ciudad Ixtepec en el Istmo de Tehuantepec, se pronunció por que se les quiten privilegios a las empresas privadas que han establecido centrales de generación eléctrica, principalmente eólica, en esa zona.

Sin embargo, apuntó que las nuevas leyes deben fomentar y reconocer la participación de las comunidades locales y denunció que en 2008 impulsaron un proyecto eólico comunitario, para el cual ya contaban con apoyo técnico e incluso con financiamiento, pero tanto la CFE como la Secretaría de Energía (Sener) les pusieron obstáculos. “Esta reforma constitucional es una gran oportunidad para poner la generación de energía renovable en manos de los pueblos”, confió.

QUÉ DICE LA PROPUESTA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

De acuerdo con el documento, que fue enviado a la Presidencia de la República el pasado 30 de septiembre, la propuesta de modificaciones a la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador se compone fundamentalmente en cuatro ejes:

El primero se refiere a la protección y respeto de los derechos territoriales y otros derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables, así como de núcleos agrarios, como ejidos y bienes comunales, para evitar que continúe el despojo por parte de empresas privadas de energía y de CFE.

También contempla el derecho a la generación de energía renovable por los pueblos y comunidades, núcleos agrarios y comunidades urbanas marginadas que así lo decidan.

En este punto, la propuesta plantea que se establezca un marco legal que respalde y fomente los proyectos de estos sectores que tengan fines sociales de dos tipos: autoabasto de electricidad y venta energía a la red pública para dar sustento a planes de vida colectivos.

El tercero establece la inclusión explícita del derecho humano a la energía eléctrica de manera suficiente, aceptable, asequible y de calidad para uso doméstico.

Por último, exigen la prohibición de la fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos, conocida como fracking. “El discurso oficial es que el fracking ya está prohibido, pero sigue habiendo fracking en México”, señalaron.

“La propuesta que hoy se presenta establece las bases de un marco regulatorio específico para iniciativas energéticas que no persigan el lucro individual sino el cumplimiento de fines sociales colectivos”, explicó Flavio Ayuso López, representante legal de varias comunidades mayas que defienden sus territorios ante mega proyectos energéticos.

“Si se acepta esta propuesta, estos proyectos contarán con un marco regulatorio y de contraprestación diferente al aplicable al sector privado, y con prioridad de despacho. Con ello, se promoverá una transición energética orientada hacia la justicia climática y socio-ambiental, y que respete plenamente los derechos territoriales y el derecho a la libre determinación de pueblos y comunidades”, agregó el también representante de la Fundación Yansa.

Además de las mencionadas arriba, las organizaciones que elaboraron y presentaron la propuesta de modificaciones a la iniciativa del gobierno federal son la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP), el Concejo Estatal para el Rescate de los Pueblos Indígenas de Baja California (CERPI-BC), el Consejo Maya del Poniente Chikin’ Já (Yucatán) y ejidatarios de varias comunidades de Yucatán (Sacalum, Ixil, San José Tibceh, Celestún, Kinchil).