Urgente una transición energética justa en Coahuila

El más reciente siniestro en el corazón de la región carbonífera de Coahuila, donde diez mineros permanecen atrapados en la mina de carbón El Pinabete, nos obliga a repensar con urgencia el modelo de generación de energía en nuestro país y hacer evidentes sus externalidades sociales y ambientales negativas bajo un marco de justicia climática.

La región carbonífera de Coahuila acumula el 99% de la extracción de carbón y cuenta con dos de las tres centrales carboeléctricas que opera la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En este territorio también se acumulan los pasivos ambientales y los impactos sociales de la industria del carbón. De acuerdo con datos de la Organización Familia Pasta de Conchos, la industria del carbón en la entidad es responsable de más de tres mil muertes, de las cuales 11 ocurrieron en 2021[i]. Además, según datos del Centro para la Investigación en Aire Limpio y Energía (CREA, por sus siglas en inglés), la mala calidad del aire es responsable de más de 430 muertes adicionales prematuras por año en la región por enfermedades respiratorias.[ii]

“Las externalidades ambientales negativas de la industria del carbón son igualmente ignoradas por las empresas mineras y por todos los niveles de gobierno…”

Las externalidades ambientales negativas de la industria del carbón son igualmente ignoradas por las empresas mineras y por todos los niveles de gobierno, lo que ha construido paisajes caracterizados por montañas de desechos mineros y tajos abiertos con agua contaminada. A esto se le suma la emisión de gases de efecto invernadero que nos alejan del cumplimiento de nuestros objetivos climáticos y de más de 900 kg de mercurio al año que se depositan en los frágiles ecosistemas del desierto coahuilense.

A pesar de este panorama tan desolador y de incurrir en mayores costos de generación eléctrica, los gobiernos siguen considerando al carbón como fuente de empleos y desarrollo, cuando solo ha empeorado la salud y calidad de vida de los habitantes de la región. Y es que si bien en el año 2020 se registraron ingresos por más de mil millones de pesos por la venta del mineral[iii], estos ingresos no se reflejan en un aumento en el bienestar de la gente de la región puesto que las comunidades siguen sin contar con servicios adecuados de salud, educación y recreación. A esta situación económica se suma la emisión de múltiples recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encaminadas a garantizar condiciones mínimas de seguridad, la no repetición de siniestros y la aplicación de mecanismos de reparación del daño[iv].

Además de la insuficiente atención de las recomendaciones de derechos humanos, el gobierno mexicano y la CFE han mantenido las compras de carbón en la región a través de adjudicaciones directas.[v] El 70% de estas adjudicaciones se ha realizado a pequeñas minas similares a la de El Pinabete. Muchas de ellas son instalaciones que no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad o con la regulación ambiental completa. Esta realidad contrasta con los compromisos internacionales asumidos por México en la Alianza para Dejar Atrás la Generación con Carbón (PPCA, por sus siglas en inglés) de eliminarlo antes de 2030[vi]. Nuestro país adoptó este compromiso cuando se unió a esta Alianza en la COP23, en Bonn, en 2017. Sin embargo, México aún no cuenta con ningún plan o proyecto oficial de cierre de las plantas de carbón y de diversificación de la economía local. De hecho, los representantes de nuestro país en la COP26, celebrada en Glasgow en 2021, decidieron no firmar la declaratoria de Transición del Carbón Hacia Energías Limpias, con lo que nuestro país parece deslindarse del compromiso establecido cuando firmó la Alianza.

A 18 años del desastre de Pasta de Conchos, nos volvemos a encontrar frente a una tragedia resultado de la negligencia de autoridades y dueños de ciertas empresas mineras. Este último siniestro, en Sabinas también, es consecuencia de la ausencia de la construcción de alternativas a una industria que ha tenido evidentes impactos negativos para toda una población y ganancias para unos cuantos. La realidad de la región nos obliga a pensar en soluciones conjuntas y de atender (de una vez por todas) los evidentes impactos negativos de la generación de energía eléctrica con carbón.

El cierre de estas centrales en México dentro de la presente década es posible y conveniente desde una óptica de beneficios sociales, económicos, ambientales y climáticos. Constituye una gran oportunidad de planear participativamente en torno a una diversificación económica de las poblaciones mineras bajo un modelo sustentable en donde se aprovechen los recursos renovables de la región. Se requieren acciones urgentes para avanzar hacia una transición justa en Coahuila en donde la generación de energía eléctrica no signifique el sacrificio en términos ambientales y sociales de una región entera.

Notas:

[i] Para más información sobre los datos de eventos mortales en la región carbonífera, visitar Pasta de Conchos: https://www.pastadeconchos.org/

[ii] CREA. 2021. Impactos sobre la salud, la calidad de aire y la toxicidad derivados de la minería y generación eléctrica a base de carbón en Coahuila. Disponible en: https://adioscarbon.org/wp-content/uploads/2021/11/C.-Air-Quality-Health-and-Toxic-impacts_ESPAN%CC%83OL.pdf

[iii]Cálculo realizado con datos de la CFE. Boletín “Un éxito, el programa de compra de carbón instruido por el presidente de la república” https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2465

[iv] Algunas de las recomendaciones son: 26/2006; 85/2010; 12/2011; 62/2018

[v]Boletín “Un éxito, el programa de compra de carbón instruido por el presidente de la república” https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2465

[vi]México es miembro de la PoweringPast Coal Alliance: https://www.poweringpastcoal.org/

*/ Rafael Fonseca es maestro en Cooperación al Desarrollo con especialidad en Planificación Integral del Desarrollo Local por la Universidad de Valencia. Colabora en ICM donde coordina proyectos sobre transición energética justa y justicia climática.

Email: rafael.fonseca@iniciativaclimatica.org

Las opiniones vertidas en la sección «Plumas al Debate» son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la posición de Energía a Debate, su línea editorial ni la del Consejo Editorial, así como tampoco de Perceptia21 Energía. Energía a Debate es un espacio informativo y de opinión plural sobre los temas relativos al sector energético, abarcando sus distintos subsectores, políticas públicas, regulación, transparencia y rendición de cuentas, con la finalidad de contribuir a la construcción de una ciudadanía informada en asuntos energéticos.