Violencia e inestabilidad social, retos del sector petrolero en Colombia

El pasado 27 de marzo de 2023, la compañía petrolera estatal colombiana Ecopetrol reportó un nuevo atentado en contra del oleoducto Caño Limón-Coveñas en Campo Alicia, zona rural del municipio de Cubará, departamento de Boyacá. De acuerdo con las autoridades, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaría detrás del octavo atentado en lo que va del año. Al mismo tiempo, el grupo insurgente anunció que reanudaría el tercer ciclo de las conversaciones que mantiene con el gobierno del presidente Gustavo Petro en La Habana, Cuba.

Una serie de sabotajes incesantes

Desde los años ochenta, el ELN y otros grupos guerrilleros han utilizado el sabotaje de infraestructura petrolera como un mecanismo de presión para alcanzar sus objetivos económicos, militares y sociopolíticos en su lucha armada contra el gobierno. De acuerdo con un reporte publicado por Fundación Ideas para la Paz (FIP) en julio de 2020, durante las últimas tres décadas las guerrillas de las FARC y el ELN perpetraron más de 3,600 ataques a infraestructura petrolera con explosivos, armas de fuego y quemas de activos principalmente en los departamentos de Putumayo, Arauca, Norte de Santander, Nariño y Santander.

Si bien durante los últimos años se han reducido estos ataques, en 2022 el ELN arremetió contra infraestructura petrolera y subcontratistas de Ecopetrol al menos 15 veces causando daños a oleoductos, estaciones de bombeo y vehículos. Durante los meses de febrero y marzo de 2023, el ELN atacó infraestructura petrolera en los departamentos de Norte de Santander, Santander, Arauca y Nariño. La primera de las agresiones se reportó el 10 de febrero, cuando miembros del ELN detonaron un artefacto explosivo improvisado que afectó la infraestructura del oleoducto Caño Limón-Coveñas (tramo Banadía-Samoré) en una zona rural del municipio de Saravena (Arauca). El 13 de febrero, nuevamente en Saravena, el ELN atacó a una patrulla militar que custodiaba el oleoducto Caño Limón-Coveñas con artefactos explosivos, causando daños al ducto y derrames de crudo. El 20 de febrero, supuestos miembros del ELN dañaron con explosivos el Oleoducto Transandino, operado por Cenit, compañía filial de Grupo Ecopetrol, causando derrames y daños al ecosistema en el municipio de Ricaurte en Nariño. El 6 de marzo, el ELN detonó explosivos en el sistema de tuberías destinadas para el transporte de crudo de Ecopetrol en el Distrito Especial de Barrancabermeja (Santander). El 14 del mismo mes, en el municipio de Sardinata (Norte de Santander) se registró una explosión en las inmediaciones de un gasoducto causando daños en el sistema eléctrico y dejando sin luz a varias comunidades. Finalmente, el 22 de marzo, Ecopetrol reportó una nueva explosión en contra del oleoducto Caño-Limón Coveñas en La Pava, zona rural de Saravena (Arauca).

A estos ataques se suman las constantes amenazas emitidas a finales de enero de 2023 por parte del ELN en contra de Parex Resources y Sierra Col Energy, forzándolas a suspender sus operaciones en los municipios de Tame y Saravena. El 8 de marzo, tras 35 días de cierre, las compañías afectadas reportaron 31 millones de dólares en pérdidas.

Estos campos de hidrocarburos son de vital importancia para Arauca pues abastecen cerca del 80% de la demanda de Gas LP para el departamento, de acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana del GLP (Gasnova).

Inestabilidad social, otra fuente de preocupación

A la amenaza del ELN se suma la inestabilidad social. El 2 de marzo de 2023, tras 40 días de protestas y bloqueos en reclamo de la pavimentación de 42 kilómetros de vías e inversiones en el sector de Los Pozos, ubicado en San Vicente del Caguán (Caquetá), un grupo de indígenas y campesinos que se manifestaban en contra de la petrolera Emerald Energy, subsidiaria de la china Sinochem, invadió las instalaciones y las quemó con bombas molotov. Durante el incidente, los manifestantes también se enfrentaron a las fuerzas del orden, reteniendo ilegalmente a 78 policías y a 6 trabajadores de la petrolera. Un manifestante y un policía murieron durante la refriega. Al día siguiente, Emerald Energy repudió los hechos y también denunció que miembros de comunidades de San Vicente del Caguán pidieron un millón de dólares anuales en efectivo para dejarla operar, por lo cual la empresa anunció que reconsideraría seguir operando en Colombia, poniendo en riesgo una inversión de 3,000 millones de dólares en Caquetá. Finalmente, el 7 de marzo, Emerald Energy radicó ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) una carta formal solicitando la suspensión de sus operaciones en el departamento.

Cifras recientemente reveladas por la ANH indican que actualmente están en vigor 330 contratos para exploración y producción de hidrocarburos, de los cuales 67 han entrado en solicitud de suspensión entre enero 2012 y marzo de 2023, principalmente por problemas asociados a la inseguridad y los conflictos con las comunidades.

¿Qué impacto tienen la inseguridad y la inestabilidad social en el sector?

A raíz de las recientes situaciones de orden público, la producción de petróleo reportó una caída del 1.8% anual durante febrero de 2023, pasando de 774,000 barriles por día a 759,000, de acuerdo con números de las Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol). La importancia de los hidrocarburos no solo radica en la producción, unas 270,000 personas trabajarían directa o indirectamente para el sector, de acuerdo con la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP). El Banco de la República, en 2022, aseguró que el sector atrajo el 70% de la inversión extranjera directa (IED) y se espera que para este año el sector invierta cerca de 700 millones de dólares, claro, a condición de que la situación no empeore.

“A raíz de las recientes situaciones de orden público, la producción de petróleo reportó una caída del 1.8% anual”.

Todo parece indicar que los recientes incidentes son solo un anticipo de la tumultuosa gestión que tiene por delante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

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