Y la lana, ¿de dónde?

En su visita a Washington la semana pasada, el presidente de México se reunió con empresarios norteamericanos, pero sobre todo mexicanos. Al final de la reunión, hubo una declaración que decía que el sector privado haría inversiones en México por 40,000 millones de dólares en infraestructura energética. El problema es que no se dijo ni en qué, ni cuándo, ni dónde.

Si consideramos que la apertura del sector eléctrico mexicano es solo en generación y comercialización, tal parece la que inversión se podría referir a generación.

Al día siguiente empezaron las dudas o las pistas, según queramos ver. En su mañanera el presidente dijo que permitiría la inversión en parques solares siempre que fueran planeados o gestionados por la Secretaría de Energía y que el socio principal fuera la Comisión Federal de Electricidad. Esto es violatorio de la Constitución, pero supongamos que así sucede, hagamos un análisis de las necesidades presupuestarias de CFE.

Eso de “socio principal” suena a socio mayoritario, por lo que CFE debería ser el dueño del 50 por ciento más uno del capital o las acciones de cada uno de los parques. Entonces, sabiendo que tenemos un techo de 40,000 millones de dólares, hagamos suposiciones.

“Hay una dificultad más: Que haya algún inversionista dispuesto a arriesgar su capital en proyectos sacados de la manga…”

Podemos creer que de un día para otro, CFE y el gobierno deciden que van a respetar la ley y hacer que el 35 por ciento de la energía provenga de fuentes limpias en 2024. O sea, van a cumplir con el punto 10 del decálogo que presentó el presidente en el foro climático hace unas semanas.

Eso significa que instalarían uno 14,000 megawatts de capacidad de generación entre eólica y solar, de aquí a 2024. Es decir, en diecisiete meses, unos 7,000 megawatts solares y otros 7,000 eólicos. Técnicamente suena imposible, pero supongamos que lo hacen.

Supongamos también que eso significa unos 5,950 millones de dólares de inversión en parques solares y otros 9,800 millones de dólares en parques eólicos. Esto llevaría a unos 15,750 millones de dólares a invertir solo en generación en el año 2023.

Además, la inversión en transmisión (que sería necesario invertir para poder instalar estos 14,000 megawatts de eólicos-solar) se cubren con la FIBRA-E de Transmisión, que año con año tiene ingresos por las utilidades de CFE-Transmisión.

Entonces, si CFE quiere ser el principal inversionista de esta capacidad instalada, deberá aportar unos 8,032.5 millones de dólares en 2023 y así poner su parte para cumplir con la ley y hacer valer la palabra del presidente.

Eso se traduce en que solo en 2024, para cumplir con el punto 10 del decálogo, CFE requeriría de unos 160,650 millones de pesos, a tipo de cambio de 20 pesos por dólar. Si consideramos que el subsidio eléctrico planeado para 2022 es de unos 73,000 millones de pesos, significaría que además, para no incrementar precios de la electricidad y cumplir con la ley de transición energética, CFE necesitaría unos 239,250 millones de pesos (calculando unos 78,500 millones de pesos de subsidio, que se incrementaría en un 8 por cierto, para crecer conforme a la inflación).

A esto hay que sumarle las pérdidas de CFE, que tan solo en 2021 ascendieron a 106,260 millones de pesos. Pero además, aunque las tarifas aumentaron conforme a la inflación, el costo del gas subió más del 100%, por lo que las pérdidas de CFE serán mayores este 2022. Sin embargo, seamos conservadores y supongamos que las perdidas no crecen, sino que se mantienen iguales.

Y ahora sí: sumemos el subsidio necesitado, las pérdidas, las inversiones necesarias para incrementar los 14,000 megawatts de capacidad de generación adicional eólica y solar, llegamos a la cifra de 342,510 millones de pesos de presupuesto, adicional a lo que CFE cobraría en tarifas.

Y esto, insisto, sin que se considere el costo de inversión en transmisión, o considerando que el fideicomiso maestro tenga el dinero para desarrollar todo eso. Ese sería el presupuesto de CFE, pero… Hay una dificultad más: Que haya algún inversionista dispuesto a arriesgar su capital en proyectos sacados de la manga (como Puerto Peñasco), considerando además que el inversionista no tendrá capacidad de decisión sobre esos proyectos que serían “planeados” desde la Secretaría de Energía, como se “planeó” la refinería “Olmeca”.

¿Quién será el “guapo” que se aviente ese trompo a la uña? Si no lo hay, agregue otros 154,350 millones de pesos a las necesidades de CFE. Suma final: 496,860 millones de pesos.

Eso necesitaría CFE en 2023 para cumplir la palabra del presidente.

Casi lo que dijo el presidente que se iba a ahorrar cada año con el combate a la corrupción, que era 500,000 millones de pesos. Entonces, si ya se acabó la corrupción, sí alcanza, ¿no?