Lo más seguro es que sí hubo compra de votos en el Congreso para cabildear la aprobación de la Reforma Energética y otros cambios estructurales. Por desgracia, así ha operado la política en México. El abuso del poder fue el modus vivendi de Emilio Lozoya en su paso por Petróleos Mexicanos (Pemex). Los sobornos, hasta para conseguir una reunión con él, definieron su gestión.
Sin embargo, es muy diferente afirmar, como lo han hecho el Presidente López Obrador y sus cercanos, que la Reforma Energética fue un gran fraude y que haya “fracasado” por no frenar la corrupción. Con sus limitaciones, dicha Reforma tuvo nobles intenciones. Lejos de perjudicar al país, cautivó el interés de inversionistas de los cinco continentes, quienes participaron, con transparencia y sin corrupción, en rondas petroleras y subastas eléctricas y quisieron ser parte de un mejor futuro para México. Tristemente, ahora ha sido frenada en su implementación por razones ideológicas poco razonables.
Lozoya participó poco en la implementación de la Reforma Energética. Nunca se puso esa camiseta, más bien usó la Reforma como pantalla para promover una inmoral agenda propia desde el Piso 45 de la Torre de Pemex.
Los casos de Agronitrogenados, Odebrecht, Oceanografía, astilleros J. Barreras y otros en los que participó Lozoya –aunque pudieran haber sido conocidos o incluso avalados por el ex Presidente Peña Nieto– nada tenían que ver con la letra y el espíritu de una Reforma que puso a México en niveles avanzados de regulación, apertura económica y competitividad.
Uno supondría que, por sus delitos, Lozoya tendría que purgar una larga condena en prisión. Pero, ¡oh sorpresa!, parece que, una vez más, no conoceremos en México esa justicia imparcial, propia de las democracias avanzadas, que es un pilar de su armonía política y social. Más bien, se ha pactado que Lozoya sea un “testigo colaborador”, protegidos él y su familia a cambio de aportar pruebas contra funcionarios y legisladores del sexenio pasado.
En un nuevo contubernio, Lozoya acabará apoyando a la 4T en su estrategia político-electoral. Se acoge al artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, según el cual el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer acción penal con base en un “criterio de oportunidad” que rige “cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la prevención de un delito más grave del que se le imputa”.
Así, se plantea que Lozoya fue un simple peón en fechorías mayores, que presumiblemente implicarían al propio Peña Nieto, a Luis Videgaray y otros ex colaboradores. Pero dicho artículo 256 también señala que el criterio de oportunidad no procede en “casos de delitos federales o aquéllos que afecten gravemente el interés público”.
¿Deveras Lozoya tuvo una participación menor en todo? ¿Sus acciones al frente de Pemex no dañaron el interés público? Los delitos que se le imputan implican un cuantioso desfalco al erario. Además, durante su gestión se disparó como nunca la deuda financiera de Pemex –en más de 30 mil millones de dólares–, lo cual contribuyó decisivamente a la situación actual de insolvencia crítica y quiebra técnica de la empresa. Esto, aunado a la impericia de la 4T, tiene al país a punto de perder su grado de inversión. Así lo acaban de advertir las calificadoras S&P y Moody’s. Todo eso afecta gravemente al país.}
López Obrador también le causa un daño y un retroceso al país al desacreditar las reformas en energía y ahuyentar inversiones. Quiere sacarle raja electoral al infortunio del exdirector de Pemex. En fin, veremos si hay justicia o simulación o incluso iniquidad. Urge una verdadera renovación moral de la vida política y social del país. Es lo que López Obrador prometió, pero no cumple.
Artículo publicado hoy en el Periódico Reforma. Léalo en el diario en esta liga.
David Shields es analista de la industria energética. Su correo: david.shields@energiaadebate.com