Redacción / Energía a Debate
La transición energética no debe ser un fin en sí misma, sino una vía justa y responsable hacia una vida digna, afirmó Anaid Velasco, coordinadora del Área de Investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
“Esa transición, que implica ir hacia un modo de vida más descarbonizado, debe ayudar a cumplir con los derechos humanos esenciales, como son salud, medio ambiente, agua y saneamiento, alimentos y vivienda, todos ellos relacionados con el cambio climático”, señaló la abogada ambiental, durante una conferencia de prensa virtual organizada por la Red por la Transición Energética.
Explicó que 1.8 millones de personas en México aún carecen de energía eléctrica, mientras que 319 municipios tienen gran vulnerabilidad a impactos por el cambio climático. En 2018, hubo 20 mil desplazamientos de personas originados por desastres naturales.
El CEMDA recomienda una transición, donde aumenta la inversión pública en fuentes renovables, sobre todo en generación distribuida, reduciendo el gasto público en energías fósiles. Se debe diseñar esquemas conjuntos de participación (empresa, Estado y comunidad) en todas las etapas de los proyectos, protegiendo y respetando los derechos humanos de la población afectada.
También plantea fomentar proyectos de generación a pequeña escala, comunitarios, y democratizar el acceso a la energía, realizando siempre evaluaciones de impacto social y ambiental, señaló Velasco.
A su vez, Dolores Rojas Rubio, Coordinadora de Programas de la Fundación Heinrich Boell, explicó que la pobreza energética afecta al 37.6 por ciento de los hogares en México y que son las mujeres quienes más la padecen.
Abogó por considerar el trabajo de cuidados para el sostenimiento de la vida como la primera prioridad para una transición con energía limpia, segura, adecuada y que se produzca en el lugar donde se necesita.