Atenta contra el T-MEC iniciativa de López Obrador: IMCO

Redacción / Energía a Debate

De aprobarse la iniciativa de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no solo iría en contra de las disposiciones constitucionales vigentes promulgadas durante la administración anterior, sino que sentaría un precedente peligroso para las inversiones en el país y la economía mexicana al atentar contra la certidumbre jurídica y el Estado de Derecho, advirtió el lunes de esta semana el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En un posicionamiento público, el Instituto bajo el mando de Valeria Moy expuso que dicha iniciativa tendría repercusiones negativas sobre las finanzas públicas, el medio ambiente y los consumidores mexicanos al encarecer el sistema eléctrico y al destruir los prospectos de generación barata y limpia.

Este lunes en la mañana se dio a conocer que el pasado 28 de enero el jefe del Ejecutivo federal había presentado ante la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación una iniciativa con diversas reformas a la LIE que limitarían la participación de los privados en el mercado eléctrico privilegiando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ante esta propuesta, el IMCO consideró, además, que dicha iniciativa atenta contra la Constitución, al tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá, y aleja al país de la senda hacia una transición energética.

“Tampoco es congruente con la Constitución ni con los tratados comerciales internacionales, específicamente con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Además, alejaría al país de la senda de la transición hacia una mayor generación de energías limpias al promover el incumplimiento del Acuerdo de París y la Ley de Transición Energética”, agregó la organización de investigación y análisis de políticas públicas.

Por ello, consideró que el debate y la eventual votación en el Congreso de esta iniciativa deberán considerar estos temas, así como el impacto que puede tener en el bienestar de los mexicanos en lo personal y en lo empresarial.

Respecto al punto de privilegiar el despacho eléctrico de las centrales de la CFE por sobre las energías renovables y de ciclo combinado con base en gas natural operadas por los privados, el IMCO previó como afectaciones un alza en las tarifas dado el costo mayor de los combustibles utilizados por la empresa productiva del Estado contra los costos de generación limpia.

“Las finanzas de la CFE se verán perjudicadas, al eliminarse el incentivo para que el sistema compre primero la electricidad más barata, destruyendo la eficiencia derivada de la competencia entre productores”, argumentó el Instituto e insistió en que se destruye el incentivo a crecer en la generación a partir de fuentes renovables dado que el esquema vigente ofrece mejores utilidades a los generadores que utilicen fuentes menos contaminantes.

Sobre la parte de los Certificados de Energía Limpia (CEL) que establece otorgar este mecanismo a las centrales propiedad de quien sea y sin importar la edad de las mismas, el equipo de Moy calificó la iniciativa como contraria al objetivo de los CEL al no incentivar la instalación de nuevas centrales renovables por parte de la empresa productiva del Estado.

Al tocar la eliminación de la obligación de la CFE de adquirir la energía a través de las subastas eléctricas de largo plazo, propuesta en la iniciativa de López Obrador, el IMCO visualiza que no se garantizarán los menores precios de energía eléctrica al usuario final y se abre la puerta a la discrecionalidad en las compras de energía eléctrica por criterios distintos a la eficiencia.

Además, estima que dicha iniciática obliga al subsidio permanente de tarifas residenciales y agrícolas, creando compromisos de gasto insostenibles para la Federación, y fragilidad en las finanzas de la CFE. “Detiene las inversiones necesarias para reducir la pobreza energética de millones de mexicanos”, subrayó.

Y, por último, al proponer la revocación de los permisos de autoabastecimiento de energía a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la iniciativa presidencial afecta la certidumbre jurídica de los inversionistas al alterar retroactivamente las condiciones bajo las cuales realizaron sus inversiones.

En cuanto al tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el IMCO aseguró que la iniciativa es violatoria al cambiar las condiciones regulatorias de tal forma que las inversiones en el sector se vuelven inviables. “La iniciativa representa una expropiación indirecta”, destaca.

De igual forma, es violatoria de las disposiciones en materia de empresas propiedad del Estado al beneficiar a un participante estatal sobre todos los demás.

“El sector eléctrico es uno de los seis cubiertos por el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado entre México-Estados Unidos. El riesgo de que México tenga que defender su política ante paneles internacionales es real”, concluyó.