Destacan el papel social de la CFE

Especialistas, funcionarios y representantes empresariales coincidieron al destacar la importancia que tiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en su misión social y como garante del desarrollo del sector productivo del país.

Durante el foro 19 del Parlamento Abierto celebrado esta mañana en la Cámara de Diputados para discutir la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, los ponentes tanto a favor como en contra de la propuesta estuvieron de acuerdo en que la CFE tiene la misión social de llevar energía a cada uno de los mexicanos con calidad y a precios accesibles.

De igual forma, ambas partes también reconocieron que la empresa estatal es importante para abastecer de energía confiable y con precios justos a las empresas e industrias.

Sin embargo, las diferencias entre unos y otros se dieron en cuanto al marco regulatorio, especialmente porque quienes defendieron la iniciativa constitucional, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, insistieron en que debe llevarse a cabo en la Constitución, mientras que los demás ponentes coincidieron en que no es necesario hacer los ajustes a ese nivel, sino que las distorsiones pueden arreglarse en las leyes secundarias.

El foro tuvo como tema: “Misión social y desarrollo productivo de la CFE” y estuvo presidido por el diputado Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja.

Katya Samohano, directora de Energía en la empresa Deacero, refirió que el marco legal vigente de hecho ya contempla la misión y la visión social de la CFE al tener el mandato de llevar la electricidad a todos los mexicanos.

Por ello, enfatizó que es necesario que la empresa invierta más en las redes de transmisión y de distribución eléctrica para poder expandir la generación eléctrica y, asimismo, la actividad productiva del país.

En consecuencia, se pronunció por una revisión de las tarifas eléctricas, establecidas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

“Los recursos que CFE no alcanza a recuperar por concepto de comercialización de energía eléctrica, no solamente vía el subsidio que debería llegar de recursos presupuestales, sino también porque la tarifa del regulador, es decir, la tarifa de la CRE, puede no recuperar todos los costos que la propia Comisión tiene”, expuso, de manera que afirmó: “Esto se resuelve en leyes, no se necesita una reforma constitucional”.

Por su parte, Ana Lilia Moreno, directora de Competencia y Regulación en la organización no gubernamental México Evalúa, se dijo no estar ni a favor ni en contra de la iniciativa de reformas presidencial y se limitó a advertir sobre los riesgos de que se convierta a la CFE de empresa productiva a un ente de Estado, entre ellos, quedar fuera de los mercados bursátiles internacionales para poder allegarse de recursos.

“Bajo el esquema de un organismo de Estado, la empresa ya no estaría facultada poder trabajar de esta manera en los mercados y atraer inversión, que es algo muy positivo”, alertó y recordó como ejemplo que recientemente la propia Comisión anunció la colocación de un bono “verde” que representaría un rendimiento por 1,795 millones de dólares.

“No sabemos en qué va a dedicar este dinero que atrajo, pero es mucho dinero, son 1,795 millones de dólares que la empresa podría aplicar, por ejemplo, para inversiones en transmisión, inversiones en almacenamiento”, agregó.

Moreno también expuso brevemente un estudio realizado por México Evalúa sobre la pobreza energética en el país, en cuyo combate el papel de la CFE es fundamental.

En su participación, Sergio Zugasti, presidente del Clúster Energético de Puebla, destacó la presencia de la CFE en la entidad para el desarrollo de energía limpia mediante la central geotérmica de Los Humeros III y que existe en la localidad un potencial de 100,000 hectáreas explotables para esta misma actividad.

Pero también subrayó el papel de las empresas privadas del sector energético, las cuales han invertido alrededor de los 200 millones de dólares en obras sociales. Tan solo los dos parques solares que se ubican en el estado han promovido una derrama económica por los 300 millones de pesos, añadió.

Ante ese volumen de inversión y de beneficios sociales, el empresario se pronunció por no realizarse la reforma a nivel constitucional y sí garantizar certeza jurídica a los inversionistas.

En su oportunidad, Raúl Jiménez Vázquez, abogado general de la Comisión Federal de Electricidad, aseveró que la electricidad es un recurso estratégico, por lo que desde la generación hasta el abastecimiento del mismo atañe a la sociedad en su conjunto.

Dicha realidad, a su criterio, “quita a la electricidad la posibilidad de ser considerada como una mercancía, como un commodity, sujeta a los vaivenes de la oferta y la demanda”, como sucede actualmente con la ley vigente desde 2013.

“El acceso de la electricidad constituye una necesidad social de carácter continuo, permanente, uniforme y regular que solamente puede ser atendida a través del mecanismo y la institución jurídica e institucional del servicio público”, agregó, por lo que dijo que es necesaria la reforma constitucional tal como la propuso el presidente López Obrador.

En la parte empresarial, Gustavo Morton, líder de la asociación Empresarios de la 4T, afirmó que los participantes de las Cámaras que han acudido a los foros del Parlamento Abierto no representan a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

“Los representantes de las cámaras no están precisamente con lo que nosotros pensamos”, señaló. “Las grandes cámaras y las pymes no estamos en el mismo costal”, continuó además de referir que al momento están asociadas a la organización unas 55,000 mipymes de todo el país.

Uno de los objetivos de Empresarios de la 4T, dijo, es que se formalicen los pequeños comerciantes que actualmente trabajan en la informalidad, esto como un tema de movilidad social. “Que las pequeñas empresas y personas que no estén en la formalidad pasen a ser formales y a ser clase media”, expresó.

También exigió una tarifa justa para las mipymes, toda vez que pagan a 5.40 pesos el kilowatt-hora y reprochó que, a diferencia de las grandes empresas, los pequeños comercios no tienen acceso a financiamientos, préstamos y estímulos, lo que ha ocasionado que muchas tengan que cerrar. “Hay una tremenda mortandad de pymes porque el piso no es parejo”.

También enfatizó en que existen 5 millones de pymes en el país y que todas ellas pagan la tarifa eléctrica más alta, en tanto que solo 1.5% de las empresas son usuarios calificados.