Con base en mi experiencia de más de 30 años y habiendo participado de 1992 a 2016 como asesor en más de 60 rondas de negociación de tratados de libre comercio en 20 países, me permito compartir las siguientes reflexiones.
Podemos estar o no parcial o totalmente de acuerdo con el camino tomado por México de manera sostenida, que corresponde a siete presidentes de la República y muchas legislaturas federales, que negociaron y acordaron los TLCs que tenemos pactados con 51 países. Esos tratados son compromisos adoptados soberanamente, que nos dan diversas ventajas pero también nos obligan a seguir determinadas reglas.
Recordemos también que los tratados internacionales aprobados por el Senado tienen jerarquía mayor a la legislación nacional; no podemos modificar un tratado o dejar de aplicarlo con base en una ley o alguna disposición administrativa.
Desde mediados de los 1980 iniciamos la apertura comercial con nuestro ingreso al GATT (hoy OMC), que se profundizó en 1994 con la entrada en vigor de nuestro primer tratado de libre comercio, el TLCAN (NAFTA) con Estados Unidos y Canadá.
México pactó luego tratados similares –algunos ya renegociados– con varios países latinoamericanos (siguen vigentes con Colombia, Chile, Uruguay, Perú y 5 centroamericanos), con Europa (tenemos 2 tratados con un total de 31 países europeos; el Reino Unido está en transición), con Israel y con Japón.
Completamos la Alianza del Pacífico con 3 países sudamericanos y recientemente concluimos con 10 socios (Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam) el TIPAT (CPTPP).
Algunos países tienen más de un tratado con México (multi- además de bi-lateral), como es el caso de 3 de los sudamericanos, de Canadá y de Japón. El objetivo en todos esos TLCs es la obtención de ventajas y oportunidades de acceso a comercio e inversión a cambio de concedérselas a las otras partes, conforme a reglas que den confianza y certidumbre; se juzga integralmente el resultado y se espera que todas las partes vean beneficios netos.
Cuando el balance no es positivo se cancela la negociación, como sucedió al menos en un caso en Sudamérica y en otro en Asia. Aunque el nombre de los primeros tratados generalmente se refiere al libre comercio, en realidad cada vez más cubren también temas como la inversión, la competencia, la anti-corrupción, asuntos laborales y ambientales y, en el caso del tratado con la Unión Europea, expresamente la democracia.
Algunos llevan en su título formal palabras como “alianza”, “integración” o “asociación”, lo que nos acerca a conceptos de cooperación y desarrollo compartido que van más allá de la simple exportación e importación de algunas mercancías.
Esos nuevos enfoques implican comportamientos de respeto y colaboración, con énfasis en la certidumbre jurídica. Ante el riesgo de que el ex presidente Donald Trump cancelara para Estados Unidos el TLCAN, se pudo renegociarlo hasta llegar al actual TMEC (USMCA). Vigente desde 2020, el TMEC es el tratado comercial más relevante para México por el tamaño del comercio e inversión involucrados y por la característica de vecindad geográfica inevitable con múltiples consecuencias.
“No podemos dar unilateralmente reversa al tema energético vigente en 2018 sin violar al menos algunos TLCs”.
Tanto por sus propias disposiciones transversales, como por referencia a TLCs anteriores, como es el TIPAT, el TMEC reafirma determinadas disposiciones. Por ejemplo, nuestra reforma energética de 2013 y leyes inmediatamente siguientes quedaron “cubiertas”. Es decir, al no haber sido expresamente reservadas, excluidas o exceptuadas están incluidas en las reglas de trato nacional no discriminatorio y otras. No podemos dar unilateralmente reversa al tema energético vigente en 2018 sin violar al menos algunos TLCs.
Así se pactó y así lo aprobaron en México el gobierno en el poder en 2018, el entonces presidente electo a través de su representante personal y –formalmente lo más importante– el Senado de la República en 2019. Debemos suponer que todos leyeron y entendieron lo que estaban aprobando. En conclusión por ahora y de manera simple: o cumplimos lo pactado en materia energética (como lo exigen ya los gobiernos de EEUU, Canadá y eventualmente de otros países) o nos arriesgamos a sanciones carísimas conforme a lo previsto en los mismos tratados y con impactos graves, no solo económicos inmediatos, sino en la credibilidad institucional y la confianza en el Estado de Derecho.
Espero que se puedan resolver las diferencias con Estados Unidos y Canadá en la próxima etapa de consultas, para evitar el proceso vía paneles y la imposición de sanciones por la vía arancelaria.
Coincido con las explicaciones que han dado públicamente reconocidos expertos como Ildefonso Guajardo, Luis de la Calle, Beatriz Léycegui, Juan Carlos Baker, Ken Smith R. y Carlos Véjar.
El ahora famoso Capítulo 8 del TMEC ratifica lo que teníamos claro en cuanto a que “el petróleo es nuestro” y que México –igual a las otras partes de los TLCs– puede modificar su Constitución y su legislación.
Sin entrar aquí al análisis detallado de ese breve Capítulo y de cuáles cambios constitucionales y legales serían incongruentes con los tratados, cuáles no y qué consecuencias tendrían, baste recordar que las reclamaciones de Estados Unidos son sobre otros temas (electricidad y comercialización de combustibles) no directamente referidos en el mencionado Capítulo.
Parece inapropiado argumentar ahora y con más de 3 años de retraso algunos conceptos y criterios de índole política, cuando en su momento aprobamos como país determinadas reglas y nos comprometimos a respetarlas.
“Mi posición no tiene qué ver con entreguismo o falta de patriotismo, sino con el obligado cumplimiento de lo pactado…”
Mi posición no tiene qué ver con entreguismo o falta de patriotismo, sino con el obligado cumplimiento de lo pactado que, además, lo considero conveniente para México.
Descarto de antemano la posibilidad de renegociar los tratados en cuanto a lo energético por la complejidad, duración y el costo que implicaría. Otra opción que creo que sería terrible para el futuro del país consiste en denunciar (salirnos de) los tratados.
Como veo el mundo y sus tendencias, prefiero imaginar a México aprovechando mejor lo ya negociado para incrementar producciones, empleos y bienestar, en vez de imitar a países que se aíslan, retroceden y se empobrecen.
PS: Hasta ahora no se han presentado quejas formales por las probables violaciones a las disposiciones de diversos tratados sobre contrataciones públicas (compras del sector público que incluyen adquisiciones de bienes, contratación de construcciones y de otros servicios). Ellas parecen haber ocurrido en adquisiciones de medicamentos y en proyectos mayores como el AIFA, Dos Bocas y Tren Maya.
*/ Edgar R. Ubbelohde Rosaldo es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue directivo de Conductores Monterrey, SA de CV por más de 25 años. Ha participado durante más de 4 décadas en organismos empresariales y técnicos con diversas funciones; entre ellas, fue presidente de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas y formó parte del grupo empresarial asesor de los negociadores de tratados de libre comercio.
Twitter: @edgarubb
LinkedIn: Edgar Richard Ubbelohde Rosaldo
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