Por: Iván Cruz Méndez y Ermilo Barrera
Carencias energéticas en las viviendas del estado de Puebla
La pobreza y la desigualdad son fenómenos que deben ser entendidos y analizados de forma multidimensional. Si bien suelen ser demarcadas por condiciones económicas y de ingreso, ambas conllevan a la vulnerabilidad de las personas que las padecen al limitar el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, impedir la satisfacción de sus necesidades básicas e impedir su plena integración social.
Hilvanar el bienestar económico con la plenitud de los derechos sociales en una metodología no es tarea sencilla. Se requiere definir variables indirectas que permitan aproximarnos conceptualmente a qué medida se vulnera a la población. El acceso a la alimentación, la salud, la educación y a una vivienda digna son algunas de las variables que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) utiliza en México para determinar la pobreza multidimensional.
“La pobreza y marginación energéticas han sido en parte producto de la incapacidad de brindar oportunidades fuera de las dinámicas urbanas”.
La pobreza y marginación energéticas han sido en parte producto de la incapacidad de brindar oportunidades fuera de las dinámicas urbanas. Para lograr la cobertura universal del servicio eléctrico y garantizar el derecho a una vivienda digna, es necesario llevar a cabo proyectos dirigidos a las localidades donde la población ha sido histórica y sistemáticamente excluida. Este tipo de marginación tiene efectos negativos en otras esferas de la vida cotidiana, como en la salud, la alimentación, la educación y el tiempo destinado a actividades productivas.
La falta de energía eléctrica limita el uso de bienes y servicios tecnológicos que permiten la preparación y conservación de alimentos, así como el acceso a sistemas de información, comunicación y entretenimiento que repercuten en la calidad de vida. Asimismo, supone el uso de fuentes de energía que además de elevar los costos afectan negativamente al ambiente y la salud de los ocupantes.
En el estado de Puebla, de acuerdo con el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), cerca del 1% de las viviendas no cuentan con acceso a la energía eléctrica. Aunque la proporción de la población sin acceso a la electricidad es baja, representa a más de 13 mil viviendas.
La marginación energética también se ve agravada por la falta de programas integrales enfocados a los procesos térmicos, como la cocción y el calentamiento de alimentos. En el entorno rural, las cocinas suelen no ser habitaciones independientes, lo cual compromete la salud de las personas en la vivienda al aumentar su exposición al humo de los fogones de leña. En la entidad, 890 mil personas se encuentran, por esta razón, en riesgo de padecer enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
Aunque equivalentes en importancia para la construcción de cualquier indicador de pobreza multidimensional por carencia en acceso a los servicios básicos en vivienda, el diseño e instalación de estufas de leña con chimenea –también llamadas estufas ecológicas o estufas eficientes– han sido procesos relegados a un segundo plano.
Del total de viviendas contabilizadas en 2006 a nivel estatal con alguna de las carencias energéticas anteriores, para 2018 se logró disminuir en 90% aquellas que no contaban con electricidad. Sin embargo, para ese mismo periodo, únicamente se ha conseguido disminuir en 16% el número de viviendas sin chimenea cuando cocinan.
Pese a que ambas dimensiones han disminuido, se deben de incrementar las acciones orientadas a las soluciones térmicas, enfatizando la importancia directa que tienen sobre la salud de las personas, los beneficios ambientales del uso de la bioenergía y la proporción de consumo de combustibles de los procesos de cocción y calentamiento a nivel residencial y rural.
Aunado a la ralentización anterior, los programas de estufas eficientes suelen considerar modelos únicos en grandes volúmenes para diferentes poblaciones. Si bien estos programas tienen como objetivo principal la disminución de la exposición al humo, se debe señalar que la mayor parte falla en satisfacer las necesidades energéticas. El uso de tecnologías culturalmente apropiadas para cada contexto y los procesos de co-diseño con las personas usuarias finales son factores cruciales para lograr superar la marginación energética.
La disminución de costos de la tecnología fotovoltaica, su facilidad de instalación y mantenimiento, así como su relativamente sencilla apropiación cultural, sin duda han facilitado la ejecución de programas de electrificación, sobre todo en localidades aisladas geográficamente. No obstante, no es suficiente para erradicar la pobreza energética. Seguir volcando esfuerzos en la electrificación sin balancear el acceso a procesos térmicos limpios y seguros puede, incluso, profundizar la vulnerabilidad y la desigualdad.
Finalmente, es imperioso identificar a la población que, aun teniendo acceso a la infraestructura necesaria, no cuenta con los recursos económicos para cubrir sus necesidades energéticas. Se debe de atender la pobreza energética como un problema estructural y diseñar proyectos y políticas públicas integrales que permitan a la población en tal situación generar ingresos suficientes para la satisfacción de sus necesidades energéticas a través del fortalecimiento de cadenas productivas locales y modelos de autogestión.
No basta con que se prenda el foco, también hay que calentar los corazones.
*/ Iván Cruz-Méndez es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tiene estudios de posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad por la misma institución. Anteriormente fungió como especialista en Energía en el Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente A.C., donde fue responsable de proyectos de transición de combustibles fósiles y modelado de contaminación atmosférica por hidrocarburos gaseosos en la Megalópolis de la Ciudad de México. Desde 2020 funge como subdirector en el Área de Gobernanza y Concertación Social de la Agencia de Energía del Estado de Puebla.
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