Acuerdo de reanudación de plazos de la CRE podría fomentar actividades fuera de la Ley

El Acuerdo por el que se reanudan los plazos y términos legales de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en las condiciones en que está planteado, podría promover que algunos regulados de los sectores de hidrocarburos comiencen a actuar fuera de la legalidad al no tener acceso a los trámites ordinarios ante esa instancia de gobierno.

“Una de las consecuencias que puede traer el carecer de acceso a los mecanismos formales para trámites, (…) pues creo yo de los más delicados, que al final haya quienes incluso decidan actuar al margen de la legalidad dentro del sector”, advirtió Javier Govea, del despacho jurídico GMB Abogados.

El pasado 28 de febrero, la CRE publicó el “Acuerdo Núm. A/004/2023 de la Comisión Reguladora de Energía por el que se reanudan los plazos y términos legales de manera ordenada y escalonada, que modifica el diverso A/001/2021 mediante el cual se establece la suspensión de plazos y términos legales, como medida de prevención y combate de la propagación del coronavirus COVID-19”, en el Diario Oficial de la Federación.

El documento ha elevado las preocupaciones especialmente entre los permisionarios del sector de los hidrocarburos porque determina que, a partir del 1 de marzo pasado, el organismo empezaría a atender los trámites y solicitudes que quedaron rezagados desde 2020, cuando inició la contingencia por la propagación del llamado coronavirus.

Al participar en el webinar “Implicaciones de nuevos actos administrativos de ASEA (visitas SASISOPA) y de CRE (reanudación de plazos)”, coordinado por la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), Govea consideró que el gran reto de la Comisión es dar trámite a los cerca de 10 mil expedientes que se acumularon entre 2020 y 2022, más los que se agregaron entre enero y febrero de 2023.

“La autoridad actuó de manera precisa para evitar los contagios, pero eso no implicaba que se generara un rezago de 10 mil expedientes”, expresó el abogado, quien también cuestionó lo que pasará con los trámites nuevos que se empezaron a acumular a partir del primer día de marzo.

De acuerdo con el calendario de la CRE, la atención de los expedientes rezagados en los últimos tres años, o “levantamiento escalonado de trámites en materia de hidrocarburos”, se dividirá por periodos de tres y seis meses.

Los expedientes con fecha 2019 se atenderán entre marzo y septiembre de 2023; los de 2020 en el cuarto trimestre de 2023; los de 2021 en los primeros seis meses de 2024 y los de 2022 hasta el segundo semestre de ese mismo año. En el cuarto trimestre de 2024 también se atenderán los asuntos con fecha de enero y febrero de 2023.

Pero el punto que más preocupa a la industria del transporte, distribución, almacenamiento, comercialización y venta final de hidrocarburos petroquímicos y gas natural es que, para el ingreso de nuevos trámites, el Acuerdo establece que solo se permitirán 50 por día y uno por persona moral o física.

“Hay muchos trámites relacionados con el crecimiento corporativo, como cesión de derechos que implican un cambio que no se podrá hacer sino después de atender el rezago”, expresó Samuel Jared Barrios, también de la firma consultora GMB Abogados.

Riesgo para Dos Bocas

Además de que algunas personas podrían empezar a poner instalaciones y funcionar de manera ilegal al no contar con los permisos correspondientes por parte de las autoridades de la CRE, los especialistas advirtieron de otros riesgos.

Con la entrada de tan solo 50 trámites por día en materia de hidrocarburos, incluso se podría ver afectado el interés del propio gobierno, toda vez que no habrá suficiente infraestructura para recibir la producción de refinados que entregará la nueva refinería “Olmeca” por ahora en construcción en el puerto de Dos Bocas, Tabasco.

“Si se piensa que la refinería esté lista en unos dos años, lo lógico es que el mercado esté listo en estos años para atender esa oferta que va a haber y también la demanda que en ese momento va a existir de parte de los usuarios finales”, advirtió Govea.

Ambos especialistas coincidieron en que hay riesgos adicionales como la paralización de las inversiones y, por tanto, en el desarrollo de infraestructura; paralización en el cambio de marca de las estaciones de servicio; freno en los trámites de cesión de derechos, y probable aumento de los precios al consumidor y, por consecuencia, aumento en el subsidio para evitar el impacto.

También alertaron sobre la posible barrera a la libre concurrencia y la competencia en el mercado de los hidrocarburos en México, además de la judicialización del sector ante la esperada ola de amparos contra el Acuerdo.

“Es probable que algunos grupos, algunos industriales y algunos permisionarios pequeños, con el ánimo de continuar con el dinamismo que hasta el momento le ha permitido su día a día del negocio, se vean en la necesidad de presentar algunos mecanismos de defensa”, previó Govea.

Por último, tanto Govea como Barrios manifestaron su opinión de que la publicación del Acuerdo fue una decisión positiva por parte del gobierno para atender el rezago de los casi 9 mil expedientes tan solo en materia de hidrocarburos, pero los plazos y el número de ingreso de nuevos expedientes no ayuda a la industria.

Por ello, también consideraron que esta medida puede ser revertida mediante el diálogo entre los participantes de la industria y las autoridades, la cual calificaron como “magnífica”.