A nivel mundial, la lucha contra el cambio climático es una tarea primordial por el aumento de la temperatura y los riesgos que conlleva para los seres humanos y para todas las formas de vida. Las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático permiten reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y fortalecer la resiliencia de las ciudades y comunidades ante las amenazas de este fenómeno.
Las actividades antropogénicas relacionadas con la quema de combustibles fósiles son la principal causa del cambio climático. De dichas actividades, las del sector energético son las responsables de 75% de los GEI mundiales, por lo tanto, las políticas deberían centrarse en este sector.
Por un lado, el marco de la Agenda 2030 incentiva el diseño e implementación de políticas de mitigación y adaptación a través de distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como Agua limpia y saneamiento (6), Energía asequible y no contaminante (7), Ciudades y comunidades sostenibles (11), Producción y consumo responsables (12), Acción por el clima (13), Vida submarina (14) y Vida de ecosistemas terrestres (15). En ellos se contemplan metas y acciones que reducen las emisiones de GEI, los impactos del cambio climático y la vulnerabilidad.
Por otro lado, desde 2019 el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) está vinculado a los ODS. De tal forma que del total de recursos públicos asignados en 2023 al sector energético, 71.5% tiene vinculación directa a los ODS, mientras que de los recursos totales para medio ambiente, el 87.8% se vincula con la Agenda 2030. Ambos sectores involucran un billón de pesos de manera directa al avance de 12 de los 17 ODS. Sin embargo, el 98.3% lo concentra energía y 1.7% medio ambiente.
Los programas con mayor presupuesto vinculado a los ODS dentro del sector energético están asociados a la industria de hidrocarburos, lo que contraviene los compromisos internacionales, incluyendo la Agenda 2030 y no abonan a las medidas de mitigación al cambio climático. Esto confirma la política energética vigente en el Programa Sectorial de Energía (PROSENER) 2020-2024 de priorizar la autosuficiencia energética con el aumento de las actividades de exploración e infraestructura de hidrocarburos y derivados.
“Los programas con mayor presupuesto vinculado a los ODS dentro del sector energético están asociados a la industria de hidrocarburos, lo que contraviene los compromisos internacionales”.
Lo anterior, se ve reflejado en la participación de energías limpias en la matriz de generación de energía eléctrica en el país. En 2021, el porcentaje de participación era de 28.6%; sin embargo, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) muestra que en 2022 disminuyó la generación solar en 4.6% y la de centrales eólicas en 3.5% respecto al año anterior, en tanto que aumentó 63% la de centrales carboeléctricas.
Por su parte, los programas del sector ambiental que se vinculan a los ODS priorizan la gestión y operación hídrica y, por lo tanto, el avance de las medidas de adaptación al cambio climático. Sin embargo, en comparación con el presupuesto destinado al uso y distribución de hidrocarburos representa solo el 2.8%. Si bien, la agenda ambiental prioriza los temas asociados al agua, sus indicadores presentan retrocesos respecto a la proporción de la población que dispone de agua potable de manera segura, la proporción de aguas residuales tratadas y grado de presión del recurso hídrico.
Los sectores energético y ambiental presentan retos importantes para el cumplimiento de los ODS vinculados, principalmente, porque la política energética se centra en el uso de hidrocarburos, mientras que el sector ambiental, aun con la vulnerabilidad que enfrenta ante el cambio climático, no es una prioridad en el presupuesto.
México, tiene un gran potencial para la generación de energía a partir de fuentes renovables. La transición energética en el país se debe de convertir en una prioridad con el objetivo de reducir la dependencia de combustibles fósiles y aumentar la proporción de energías renovables en la matriz energética para contribuir así a la mitigación de los GEI. Para ello se requiere de mayor inversión en infraestructura de tecnologías limpias, mejorar la regulación y fomentar la participación público-privada. Todo ello, contribuiría al avance de los ODS a fin de dejar un mejor país para las generaciones futuras.
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*/ César Augusto Rivera de Jesús es economista por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) con Especialidad en Economía Ambiental y Ecológica por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se desempeñó como voluntario en “ICLEI Gobiernos Locales por la Sustentabilidad” donde colaboró en las revisiones de los Planes de Acción Climática Municipal. Fue analista de tarifas de suministro eléctrico y precios de combustibles en la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y fungió como enlace de control y seguimiento de anteproyectos regulatorios en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Cuenta con una publicación en la revista “El semestre de las Especializaciones” de la UNAM sobre la Capitalización de las externalidades causadas por los rellenos sanitarios en el precio de las casas.
Actualmente es investigador en el CIEP en temas de transición energética y medio Ambiente. Interesado y apasionado por los temas relacionados con economía, la transición energética y el medio ambiente.
Email: cesarrivera@ciep.mx
Twitter: @Cisa_Rivera
*/ Alejandra Macías Sánchez es economista por la UDLAP y doctora en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno y Trasformación Pública del ITESM. Ha trabajado en gobierno federal y en organismos internacionales. Tiene experiencia en temas de evaluación, finanzas públicas, seguridad social y desarrollo social, sobre los cuales ha publicado. Actualmente es directora ejecutiva en el CIEP y se especializa en cambio demográfico y finanzas públicas. Le interesa mejorar las finanzas públicas con base en evidencia y perspectiva de género
Email: alejandramacias@ciep.mx
Twitter: @maacias
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