Energía A Debate

México tiene apenas un sexenio para encaminar sus políticas de transición energética hacia la reducción de 35 por ciento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), un compromiso establecido en la Conferencia de las Partes (COP) 27.

En conferencia para presentar el documento México Resiliente. Plan de descarbonización y resiliencia climática 2024-2030, desarrollado por 27 organizaciones de la sociedad civil, Sandra Guzmán, fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (Gflac), recordó que México es el mayor emisor de dióxido de carbono (CO2) en América Latina y el segundo más importante en GEI para la región, al tiempo que se ubica entre los 20 emisores principales del mundo.

Además, recordó que organismos como Climate Action Tracker, señala que los objetivos de México en la materia son “altamente insuficientes”.

La especialista advierte que en México, el presupuesto para la atención al cambio climático se ha reducido cíclicamente, al tiempo que se han debilitado las instituciones.

“Los ingresos intensivos en carbono, es decir, esos que vienen por la exportación de petróleo, superan 58 veces los ingresos sostenibles que provienen de la cooperación para atender el cambio climático”, dijo la representante de Gflac.

Por su parte, advirtió que el presupuesto público intensivo en carbono, es decir, lo que se asigna a la producción de petróleo, gas y carbón, supera 316 veces el presupuesto para la atención al cambio climático.

“Esto quiere decir que estamos en un proceso que requiere muchas transformaciones y eso es lo que queremos impulsar: una transformación cultural”, aseguró la experta.

Para lograr los objetivos de la transición energética y la reducción de emisiones de carbono, el Instituto Nacional de Energía y Cambio Climático (INECC) calcula que se requiere invertir 126 mil millones de dólares; sin embargo el cálculo no incluye el presupuesto de la mitigación, dijo Guzmán.

Por ello, aseguró que el periodo del siguiente gobierno federal de México es tan importante “porque es el último que va a tener la posibilidad de aumentar la visión climática y poder ser parte de esa reducción significativa de 50 por ciento en las emisiones a nivel global”.

En este sentido, aseguró que es necesario trabajar con la ciudadanía y los diferentes sectores porque es “la última oportunidad que tenemos a nivel gobierno” para combatir el cambio climático.

La transición debe ser justa

En su participación, Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro AC, aseguró que no basta hablar de la transición energética, sino que tiene que se tiene que plantear un proceso justo.

“Sabemos que el cambio climático es un multiplicador de la pobreza, pero al mismo tiempo, en la transición energética justa encontramos una manera que esa deuda histórica se puede cerrar”, aseguró.

Para ello, consideró que es necesario poner al centro del proceso a los derechos humanos.

Ejemplificó que México requiere que la mitad de la energía provenga de fuentes renovables en 2030, pero estos procesos deben respetar los derechos y que las comunidades puedan producir sus propias energías.

“El tercer punto es contar con una estrategia para terminar con las inversiones públicas y privadas en nuevos proyectos de combustibles fósiles. Necesitamos una declaración de que no va a haber nuevos proyectos de combustibles fósiles en México”, lo que sería la mejor noticia para la transición energética justa.

Además, consideró que urge crear un plan de descarbonización y resiliencia para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, debido a que son los que más contaminan.

En la estrategia también debe estar la electrificación e intermodalidad del transporte público y de carga.

El documento México Resiliente. Plan de descarbonización y resiliencia climática 2024-2030, cuenta con la participación de organizaciones civiles como Iniciativa Climática de México, Gflac, Ruta Cívica, la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), así como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.