El programa “Hogares Solares” de la organización no gubernamental Iniciativa Climática de México (ICM) busca canalizar el subsidio eléctrico que el gobierno mexicano otorga a los usuarios residenciales, a financiar la colocación de sistemas fotovoltaicos en los techos de alrededor de 22 millones de viviendas en todo el país.
Luisa Sierra, directora de Energía de ICM, recordó que tan solo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2023 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destinó un monto total superior a los 76 mil 624 millones de pesos para subsidio a las tarifas eléctricas en Suministro Básico, 5 por ciento por encima del aprobado para el ejercicio anterior.
La idea de “Hogares Solares”, explicó Sierra, es que con una inversión de capital por 102 mil 600 millones de pesos se pueda financiar la colocación de los sistemas en promedio de 3 kilovatios por techo promedio en aproximadamente la mitad de las viviendas del país, empezando por las familias menos favorecidas.
A este monto se sumaría otros 26 mil millones para la operación y mantenimiento de los sistemas.
El proyecto se llevaría a cabo mediante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en cuatro años se lograría el retorno de la inversión, aseguró la directiva.
En conferencia de prensa celebrada esta mañana junto con Adrián Fernández Bremáuntz, director ejecutivo de ICM, Luis Sierra detalló que, en el primer año de operación de Hogares Solares, se instalarían unos 80 mil sistemas para alcanzar en 2030 la cantidad de un millón 500 mil viviendas beneficiadas, equivalentes a 4.5 gigawatts (GW) de capacidad instalada.
ICM refirió que en México existen 32 millones de hogares, pero menos del 1 por ciento, esto es, 278 mil 753, cuenta con techos solares.
“Una de las barreras para que las familias mexicanas instalen techos solares es el costo de inversión inicial, y a pesar de que éste se ha reducido de manera considerable, en la mayoría de los casos no es atractiva la inversión. Esto se debe a que más de 99 por ciento de los hogares tienen una tarifa subsidiada por el Estado”, estimó la organización civil.
Beneficios
Tanto Sierra como Fernández enlistaron los beneficios de este programa, entre los cuales resalta que el hecho de que los subsidios eléctricos que actualmente otorga el gobierno federal se recanalizarían a la infraestructura de los techos solares, lo que reportaría, por un lado, la reducción en los recibos de luz de los usuarios que más lo necesitan y, por el otro, la democratización de la energía.
Los ahorros para las finanzas públicas superarían los 800 mil millones de pesos al final de la vida útil de los sistemas fotovoltaicos, calculada en promedio de entre 20 y 25 años; esto es, para 2055.
En cuanto al impacto ambiental, ICM calcula que en el primer año de operación del programa se alcanzarían las 558 toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e); en 2030 el volumen ascendería a los 26 mil 662 tCO2e para alcanzar los 288 mil 393 tCO2e a 2055.
Lo anterior, añadió, permitiría que el programa contribuya con 34 por ciento de la capacidad instalada necesaria para cumplir con la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) establecida en los compromisos del Acuerdo de París.
En el aspecto social, ICM calculó la creación de más de 111 mil empleos entre instalación, operación y mantenimiento, además de que el programa transmitiría de forma directa los beneficios de la transición energética a los usuarios y contribuiría asimismo a la disminución de la pobreza energética.
Por último, Adrián Fernández apuntó que la idea de ICM es presentar el programa ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para plantearle los beneficios tanto para la CFE, como para los mexicanos, aunado a que complementa bien los esfuerzos a gran escala instrumentados en el Plan Sonora de energías limpias que impulsa su gobierno.
Igualmente comentó que instituciones financieras internacionales están de acuerdo con el programa de Hogares Solares y, de su parte, solo esperan la autorización del gobierno de México para canalizar los recursos.
(Luisa Sierra, directora de Energía, y Adrián Fernández, director ejecutivo de ICM)