Vuelve Conamer a publicar proyecto de DACGs en generación distribuida

La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) volvió a publicar este martes en su portal de internet el anteproyecto de Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACGs) en materia de generación distribuida y generación distribuida colectiva, en las que incluyó las ampliaciones y correcciones remitidas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Uno de los pendientes regulatorios que tiene la CRE es la publicación de dichas DACGs que darán certeza jurídica a quienes tengan instalados, o deseen instalar, sistemas de generación eléctrica mediante páneles solares, o cualquier otra fuente renovable, con una capacidad igual o menor a los 500 kilowatts (kW).

Estos sistemas no requieren de un permiso por parte de la CRE para ser instalados.

La CRE había remitido a la Conamer el anteproyecto de “Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía expide las Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de Centrales Eléctricas con Capacidad Instalada Neta menor a 0.5 MW, Generación Distribuida y Generación Limpia Distribuida”, el 28 de octubre de 2022, para su análisis de impacto regulatorio.

El 11 de noviembre de ese mismo año, la Conamer, a su vez, solicitó mediante oficio CONAMER/22/5466 a la CRE ampliaciones y correcciones al anteproyecto de Acuerdo.

Derivado de lo anterior, el 8 de agosto de 2023, la CRE respondió al organismo bajo la dirección de Alberto Montoya Martín del Campo con la información solicitada.

Entre esta información, la CRE aclara que la capacidad considerada para los sistemas de generación distribuida y generación limpia distribuida de 0.5 megawatts (MW) deberá ser la corriente alterna, es decir, la que sale del inversor.

Respecto al Esquema Colectivo, la CRE explica que  se da la posibilidad para que dos o más usuarios finales se coordinen para instalar una central eléctrica de este tipo y generar parte de la energía que consumen. Según el regulador, este esquema permite potencializar las actividades que hasta la fecha han venido realizando los generadores exentos.

Por otra parte, destaca que los instrumentos vinculados a los Contratos de Interconexión Legados (CIL) se respetarán en los términos de la extinta Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) hasta la conclusión de la vigencia de dichos contratos.

De igual manera, respecto a los centros de carga y la capacidad de las centrales eléctricas que se mantengan incluidos en los CIL, los permisionarios solo podrán realizar las transacciones permitidas por estos mismos contratos, por lo que no estarán obligados al cumplimiento del artículo 104 de la Ley de la Industria Eléctrica, y no podrán adquirir o enajenar energía eléctrica o productos asociados en el Mercado Eléctrico Mayorista o a través de los participantes del mercado. Así, dijo la CRE, se deben respetar en sus términos y condiciones los CIL.

Otra novedad que incluyen las nuevas DACGs es la inclusión de un apartado para la medición de la energía para acreditar los Certificados de Energía Limpia, mediante la instalación de medidores con las especificaciones técnicas necesarias, además de la ubicación de los mismos según acuerdo del cliente y del distribuidor de la energía.

Ante la petición de identificar el problema económico o de mercado que resulte en la necesidad de expedir las DACGs, la Comisión Reguladora de Energía respondió en varios aspectos, entre ellos, la seguridad de las instalaciones para evitar incendios u otros percances y sus costos; la certificación de los equipos y de los instaladores; barreras administrativas; actualización del mercado regulatorio actual ante los cambios en el mercado y actualizaciones de los equipos, y actualización de los supuestos en los estudios de interconexión.

También refiere la metodología de la contraprestación aplicable a las centrales de generación distribuida colectiva, y eliminación de la opción de compensación horaria, lo que permitirá la venta de los excedentes de energía que no se consuma en el periodo de generación, etcétera.

El proyecto de las DACGs establece que será cada tres años cuando se deberán poner a revisión sus disposiciones.