La semana pasada la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dio una muy buena noticia al gobierno federal al autorizar la compra de las famosas 13 centrales de generación eléctrica antes propiedad de la empresa Iberdrola México, una operación que el presidente de la República calificó como “histórica” y como la “segunda nacionalización de la industria eléctrica”, solo comparable a la que realizara el ex presidente Adolfo López Mateos en 1960.
La Comisión, bajo el mando de Andrea Marván, condicionó la compra a que se nombre a un administrador independiente, quien tomará las decisiones sobre la operación de las plantas en el mercado. Igualmente, puso como condición que las decisiones sobre la administración de estas centrales únicamente puedan ser adoptadas por mediante votaciones calificadas o con intervención obligatoria de inversionistas institucionales o miembros independientes y, sobre todo, el MIT no podrá tener una participación mayor a 51 por ciento sobre esos activos.
Con esta resolución, todos quedaron contentos. El gobierno federal se quedó con las plantas, Iberdrola vendió, el fondo privado Mexico Infrastructure Partners, cuyo accionista mayoritario es el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), compró y la Cofece evitó que con esta operación la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se erigiera como un jugador preponderante en el mercado eléctrico.
¿Rescate a Pemex, o caída de México?
¿Qué haría usted con 283 mil millones de pesos? Se lo preguntamos porque ese monto es lo que la Federación dejó de percibir en aportaciones por parte de Petróleo Mexicanos (Pemex) entre 2022 y 2023.
Según los últimos números dados a conocer por el Banco de México, en 2022 Pemex canalizó recursos al Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) por unos 574.7 mil millones de pesos en derechos por exploración y extracción de hidrocarburos, más el Derecho por la Utilidad Compartida. Pero este monto bajó a 291.6 mil millones para 2023; esto es, unos 283 mil millones de pesos, prácticamente la mitad.
Esta última cifra es similar a los recursos que tuvo que tomar el gobierno federal de diversos fondos y fideicomisos para paliar las consecuencias económicas de la pandemia por el COVID-19 en 2020, o dos veces el presupuesto para el IMSS-Bienestar en 2023. De ese tamaño es el boquete que deja Pemex.
Pero eso no es todo. A esos recursos, agregue usted otros 86.6 mil millones que la administración federal “le perdonó” a Pemex en el pago de los Derechos de Extracción y por la Utilidad Compartida para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023 y enero de 2024. Definitivamente el rescate a Pemex nos está saliendo muy caro.