Los distribuidores automotrices formales en México consideraron que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, invadió el mandato de la próxima titular del Ejecutivo federal al publicar la tarde de ayer un decreto por el que amplía por dos años el plazo para regularizar autos usados de procedencia extranjera, conocidos popularmente como “autos chocolate”.
“Es lamentable que López Obrador invada con su decisión el mandato de la Dra. Claudia Sheinbaum al extender el decreto por dos años más, a sólo cuatro días de terminar su presidencia”, expresó también en la tarde la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, reforma el artículo transitorio primero del “Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera”, publicado el 29 de diciembre de 2022 y sus posteriores modificaciones del 31 de marzo, 30 de junio, 29 de septiembre, 1 y 29 de diciembre, todas de 2023, y del 28 de marzo de 2024.
La última modificación del documento indicaba como fecha límite el 30 de septiembre próximo, fecha que López Obrador movió hasta el 30 de septiembre de 2026, esto es, los dos primeros años de la administración de Sheinbaum Pardo.
“El conocimiento técnico, la trayectoria profesional y el compromiso con el medio ambiente de la Presidenta Sheinbaum nos hacían pensar que se revirtiera una política gubernamental nociva para México”, planteó la Asociación bajo la Presidencia Ejecutiva de Guillermo Rosales Zárate.
La AMDA recordó que el decreto de enero de 2022 establecía como requisito para la regularización de los vehículos de contrabando que acreditaran haber sido introducidos al país sin las formalidades del procedimiento aduanero hasta el 19 de octubre del año anterior.
Igualmente, mandató que no podrían regularizarse las unidades que por sus características o aspectos técnicos estuviera restringida su circulación en México o en su país de procedencia, así como los vehículos de lujo o deportivos.
También recordó que se estableció que no serían regularizadas las unidades que no cumplan con las condiciones físico-mecánicas o de protección al medio ambiente, además de que restringió la regularización de los vehículos con reporte de robo o aquellos relacionados con la comisión de un delito en alguna carpeta de investigación o proceso penal.
“Todos estos requisitos han sido letra muerta, lo cual coloca a los funcionarios públicos que han autorizado la regularización de millones de vehículos sobre los cuales existen evidencias de faltar a alguna de las especificaciones que el decreto estableció para regularizar el contrabando”, protestó la Asociación.
“Esto ha provocado que se cumpliera lo que AMDA advirtió ante la emisión del decreto: que lejos de contribuir a evitar el contrabando, la ilegalidad y la circulación de vehículos sin identificar, la regularización autorizada sin mayores mecanismos de control se convertiría en un estímulo al contrabando”, agregó.
Igualmente denunció que se ha generalizado la corrupción de funcionarios públicos que permiten el ingreso al país del contrabando, toleran la venta en vías públicas, la circulación en las vías de comunicación y finalmente la regularización sin cumplir los requisitos.
Refirió que se ha confirmado la participación de las bandas del crimen organizado en todo el proceso de contrabando y venta ilegal de vehículos.
“Estos grupos han sido los principales beneficiarios del Decreto del Presidente López Obrador”, subrayó.
Externó su preocupación por la contaminación ambiental y la saturación de las vialidades en las ciudades de mayor concentración de vehículos regularizados, como son los estados del norte del país.
Por otra parte, al advertir sobre las afectaciones a la economía, la AMDA dijo que el estado que ocupa el lugar número uno en regularización de vehículos es Chihuahua.
Al respecto, explicó que mientras el mercado de vehículos nuevos a nivel nacional avanzó al mes de agosto 12.2 por ciento con respecto a 2023, en esa entidad hay un retroceso de 5.6 por ciento en el mismo lapso de referencia.
“Lo mismo puede reportarse en Baja California, donde sólo existe un mínimo avance de 2.1 por ciento. Ambas entidades con dinamismo económico superior al promedio”, concluyó.
En junio pasado, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez, informó que en el periodo del 19 de marzo de 2022 al 24 de junio de 2024 se habían regularizado 2 millones 358,231 autos “chocolate” de modelos 2018 y anteriores, dejando ingresos por más de 5,895 millones de pesos.