Reforma en materia de pueblos originarios plantea retos y oportunidades, expertos

Las recientes reformas al Artículo 2 de la Constitución en materia de pueblos originarios y afromexicanos plantean algunos retos para las empresas que buscan desarrollar proyectos de infraestructura en sus tierras y territorios, consideraron especialistas.

Estas empresas, incluidas las dedicadas a proyectos energéticos, deberán desarrollar una comprensión profunda de las particularidades de cada comunidad, incluyendo sus formas de gobierno, su cosmovisión, sus sistemas normativos y valores culturales, lo que debe tenerse en cuenta desde las etapas iniciales de la planeación misma de esos proyectos.

“Los proyectos que traen en su DNA esto son más fuertes, son resilientes. Lo importante es que incluyan a las comunidades, desarrollen el proyecto con la comunidad, entiendan la cosmovisión de la comunidad con una visión de prosperidad compartida”, explicó Héctor Garza, socio de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), en relación con la política planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Según Garza, esto requiere un esfuerzo considerable en términos de análisis y planeación. Por ejemplo, los proyectos deben incorporar desde su modelo financiero la evaluación de beneficios para las comunidades, considerando no solo el impacto económico, sino también el social y cultural.

El reconocimiento de los territorios sagrados y culturales plantea otro desafío importante. Este enfoque demanda un mapeo más detallado de los terrenos afectados y un diálogo constante con las comunidades para identificar espacios de importancia espiritual o patrimonial.

En este sentido, el también socio del despacho CIIJA explicó la diferencia entre terreno y territorio. El primero referido al espacio que ocupa la comunidades y que de alguna u otra forma está formalizado con títulos de propiedad o cualquier otro, mientras que el terreno puede ser otro espacio que la misma comunidad considera importante desde el punto de vista religioso o cualquier otro, según su cosmovisión.

“La pregunta es si es ese lugar es sagrado, un punto de peregrinación, o hay especies sagradas, o árboles sagrados, o hay deidades que ahí habiten. Esta es la pregunta cultural que nos están poniendo en frente, el reto es no solamente es la tierra, sino también sus lugares sagrados. Lo que eso signifique”, señaló.

Por su parte, Juan Carlos Flores, socio director del despacho Flores Doncel & Muñiz Consultores, recordó que en el Apartado A, fracción XIII, se adecuan los principios de las consultas públicas, las cuales se deberán realizar cuando las actividades puedan causar afectaciones o impactos significativos en sus formas de vida o entorno.

En este caso, las empresas, o incluso personas físicas que desarrollen proyectos, asumirán el costo esas afectaciones mediante el otorgamiento de un “beneficio justo y equitativo al lucro obtenido”.

Primero, el especialista en gestión social de proyectos advirtió que la relación entre ambas partes será directa, lo que puede generar dependencia o costumbre a futuro. Inclusive problemas de interpretación y desarrollo de negocios, pues se trata de una colaboración, no así de asumir el rol del estado.

En segundo lugar subrayó que no hay claridad en el concepto “beneficio justo y equitativo”, toda vez que podría generar conflictos o incluso la judicialización de los proyectos.

“La pregunta es ¿que asumimos como justo y equitativo o que asume la comunidad? El reto será establecer un diálogo beneficioso que permita acuerdos que no perjudiquen a ninguna de las partes involucradas, de no ser así, corremos el riesgo que se impugne el proceso ante las vías jurisdiccionales, así como conflictos sociales posteriores”, advirtió.

Cabe señalar que están por elaborarse y, en su caso, modificarse las leyes secundarias que definan los detalles de estos asuntos. Asimismo, los especialistas coinciden en que el gobierno debe actuar como mediador, promoviendo un equilibrio entre los intereses empresariales y los derechos de las comunidades.

La reforma sistematiza el marco vigente

Ambos especialistas también coincidieron en que la reforma realizada, una de las iniciativas constitucionales presentadas por el ex presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en febrero de este año, sistematiza la legislación vigente y los compromisos planteados en los acuerdos y tratados internacionales que ha firmado México, incluyendo aquellos que reconocen los derechos humanos de los pueblos originarios.

Garza señala que este nuevo enfoque tiene el potencial de fortalecer los proyectos al integrar las perspectivas de las comunidades desde las etapas tempranas de desarrollo de los proyectos.

Al considerar los intereses culturales, sociales y económicos de las comunidades afectadas, se puede lograr un desarrollo más resiliente, capaz de resistir tanto desafíos externos como conflictos sociales.

Otro aspecto positivo es la posibilidad de crear modelos de “prosperidad compartida”, en los que las comunidades no solo reciben beneficios tangibles de los proyectos, como infraestructura o empleo, sino que también son respetadas en sus formas de vida y sistemas organizativos.

En este sentido, las comunidades son reconocidas como actores clave en el desarrollo, dejando atrás enfoques asistencialistas. Esto genera un marco más equitativo y sostenible para los proyectos, alineado con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Al respecto, Juan Carlos Flores añadió que la reforma no solo beneficia a las comunidades, sino que también brinda certeza jurídica a las empresas al establecer reglas más claras sobre las consultas y las compensaciones.

Según Flores, este marco legal puede facilitar el diálogo y la coordinación directa entre comunidades, empresas y gobierno, promoviendo acuerdos más transparentes y duraderos.

Reforma progresista

La reforma al Artículo 2 Constitucional marca un avance progresista hacia un modelo de desarrollo más inclusivo y sostenible, en voz de Héctor Garza.

Si bien los retos son significativos, los especialistas coinciden en que los beneficios a largo plazo superan las dificultades iniciales. Para las empresas, esta es una oportunidad de fortalecer sus proyectos al construir relaciones más sólidas y respetuosas con las comunidades. Para las comunidades indígenas y afromexicanas, representa un paso adelante en la defensa de sus derechos y su patrimonio.