Ante los adeudos que tiene Petróleos Mexicanos (Pemex) con sus proveedores, diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) propusieron que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonen el cobro de intereses y cesen cualquier acto jurídico en contra de las empresas acreedoras de la petrolera estatal.
La diputada Ariadna del Rocío Rejón Lara y el diputado Federico Döring Casar, ambos de la fracción parlamentaria del PAN en San Lázaro, presentaron un punto de acuerdo por el que solicitan al IMSS y al SAT que propongan un esquema de condonación de intereses y que cesen cualquier acto jurídico en contra de las empresas a las que Pemex les adeuda por servicios ya prestados.
En su exposición de motivos, ambos legisladores recordaron que la deuda de Pemex con sus proveedores y contratistas asciende a 404 mil millones de pesos, una cifra que representa un aumento de 260 por ciento con respecto al monto reportado en 2018.
“Hay al menos $50,000 mdp adicionales por trabajados ya realizados que no han sido facturados debido a fallas en el sistema Copades [Codificación de Pagos y Descuentos de Pemex]”, agregaron.
Igualmente, citaron que tan solo en el estado de Campeche, una de las principales entidades petroleras del país, hay más de 50 empresas proveedoras cuyas cuentas bancarias han sido embargadas por el SAT, esto como resultado de su imposibilidad para cumplir con sus obligaciones fiscales porque Pemex no ha efectuado los pagos que les debe.
En otros estados petroleros, como Veracruz y Tabasco, también se evidencian quiebras, con 1,500 millones de pesos adeudados a 25 empresas, resultado de retrasos de Pemex, añadieron.
“Es importante destacar que, aunque las empresas son contribuyentes del SAT e IMSS, el retraso del deudor principal (Pemex) imposibilita su cumplimiento por causas externas. De continuar los embargos se reducen los derechos laborales y fiscales, generando un daño social y económico”, expusieron Rejón y Dóring.
Asimismo, argumentaron que esta situación deteriora la confianza empresarial.
“Es contraproducente que el Estado actúe simultáneamente como deudor (Pemex) y sancionador (SAT/IMSS) sin garantizar previamente el pago al proveedor. Un gesto de condonación y suspensión de actos jurídicos podía equilibrar el sistema sin vulnerar derechos”, advirtieron.