Transporte y Logística
Tecnología e Innovación
Sustentabilidad
Responsabilidad Social
Crisis Climática
Pobreza Energética
Revista
Infografías
El empaque atractivo
El 1 de julio de 2025, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó oficialmente su programa “Paquetes CFE: Suministro eléctrico para parques industriales”. Bajo el discurso de “energía más competitiva” y con un modelo llave en mano, la empresa estatal se propone abarcar desde estudios preliminares hasta la operación y el mantenimiento de la infraestructura.
El catálogo contempla cinco paquetes:
- Generación modular a base de gas o diésel.
- Generación verde (gas/diésel + fotovoltaico, eólico y baterías).
- Conexión a la red de transmisión (RNT).
- Conexión a la red de distribución (≤10 MVA).
- Distribución interna con circuitos y medición.
En papel, la oferta parece atractiva: simplificación de trámites, contratos a largo plazo y seguridad de conexión. Pero detrás del envoltorio aparecen riesgos estructurales que vale la pena examinar.
Lo que significa en el fondo
El modelo refleja una admisión implícita: la CFE no cuenta con suficiente capacidad instalada para atender la creciente demanda industrial. La solución que propone no es abrir la competencia, sino absorber el negocio completo bajo su control.
Esto plantea tres efectos inmediatos:
- Captura del cliente industrial: quien acepte el paquete obtiene capacidad y conexión; quien no, enfrenta un laberinto de permisos y obstáculos regulatorios.
- Monopolio ampliado: funciones tradicionalmente de consultoras, ingenierías, fabricantes y proveedores privados pasan a ser absorbidas por la empresa estatal.
- Propiedad de activos condicionada: subestaciones y líneas quedan siempre en manos de CFE; incluso las centrales construidas con inversión privada pueden pasar a su propiedad al término del contrato.
Más allá de la energía: CFE como consultora, ingeniera y gestora
El propio catálogo oficial revela que CFE no solo quiere ser proveedora de electricidad. Bajo el lema de participar en “todas las etapas del desarrollo”, se coloca como consultora, ingeniera y gestora única de los proyectos.
El listado incluye funciones tan diversas como:
- Identificación de sitios y trayectorias.
- Estudios de impacto ambiental y social, así como cambios de uso de suelo forestal.
- Prospección y salvamento arqueológico.
- Estudios de geología, hidrología y topografía.
- Gestión de licencias de construcción y de derechos inmobiliarios.
- Elaboración de pliegos, presupuestos y términos de referencia.
- Acompañamiento jurídico y gestiones de suministro de combustibles.
En cualquier mercado normal, estas tareas recaen en firmas especializadas, consultoras ambientales, despachos jurídicos o ingenierías independientes, lo que garantiza contrapesos y diversidad de enfoques.
Al concentrar todo en una sola ventanilla, CFE se convierte en juez y parte: diseña los proyectos, los aprueba, los construye, los supervisa y los opera. La consecuencia es un terreno fértil para discrecionalidad y ausencia de transparencia.
Los costos reales
Los propios ejercicios presupuestales incluidos en la presentación son reveladores:
- Un parque de 12 MW en Guanajuato: entre 535 y 953 millones de pesos.
- Un parque de 31 MW en Querétaro: entre 1,260 y 1,863 millones de pesos.
- Un parque de 48 MW en San Luis Potosí: hasta 2,607 millones de pesos.
Los plazos de ejecución oscilan entre 2 y 2.5 años. Es decir, los industriales pagan caro y quedan sujetos a cronogramas y tarifas bajo reglas definidas por el mismo proveedor.
La sombra de la corrupción
En México, los grandes proyectos energéticos han sido terreno fértil para irregularidades. La Auditoría Superior de la Federación ha documentado sobrecostos en adquisiciones, licitaciones dirigidas y obras inconclusas en infraestructura eléctrica.
En su momento, incluso se exhibieron casos de funcionarios de alto nivel acusados de recibir beneficios personales —autos de lujo, yates, colegiaturas en el extranjero— a cambio de contratos millonarios.
El desenlace de esos procesos fue conocido: juicios largos, absoluciones y devolución de bienes. Pero la lección permanece: en megaproyectos de infraestructura, sin contrapesos ni transparencia, el riesgo de corrupción no es hipotético, es histórico.
Una mirada internacional
Al comparar con utilities estatales internacionales, la diferencia es clara:
- Sudáfrica – Eskom: encarga sus proyectos de generación a contratistas privados mediante licitaciones EPC, sin vender “paquetes cerrados” a industriales.
- Dubái – DEWA: ofrece ventanillas únicas para agilizar conexiones —su iniciativa Al Namoos permite obtener electricidad en 5 a 7 días—, pero no absorbe la cadena completa; los grandes proyectos los desarrolla en asociación con privados bajo esquemas de Productor Independiente de Energía (IPP).
- Francia – EDF: tras la liberalización europea, EDF opera mediante filiales (RTE en transmisión, Enedis en distribución) en un esquema de separación regulada (unbundling) que impide el monopolio vertical.
- China – State Grid: concentra su misión en la expansión y operación de la red eléctrica, suministrando a más de 1,100 millones de personas, pero sin empaquetar servicios de internet, agua o gas.
En resumen, mientras Eskom, DEWA, EDF y State Grid se limitan a su núcleo energético y se apoyan en privados o filiales, el modelo de CFE pretende absorber no solo la electricidad, sino también ingeniería, consultoría, gestiones legales, ambientales y sociales, creando un monopolio extendido sin paralelo internacional.
Consecuencias graves
- Captura del mercado industrial: los parques pierden la posibilidad de elegir proveedores.
- Competencia desarticulada: se expulsan actores privados que hoy aportan innovación y eficiencia.
- Riesgo sistémico: cualquier retraso o sobrecosto impacta directamente en la competitividad del país.
- Corrupción de alto nivel: al concentrar contratos multimillonarios en un solo actor con antecedentes cuestionados, la tentación de repetir viejas prácticas se multiplica.
Conclusión
Los Paquetes CFE no son una simple oferta técnica, sino una operación política y financiera que concentra poder, desplaza competencia y revive prácticas que ya dañaron al sector eléctrico mexicano.
La intención de acelerar conexiones y garantizar suministro es legítima. Pero el diseño institucional importa: para que el esquema funcione sin comprometer la competencia ni la inversión, es urgente abrir mecanismos de licitación, transparencia pública de costos y permitir que los parques elijan entre alternativas técnicas y comerciales.
Si México aspira a aprovechar el nearshoring y atraer inversión industrial, necesita un marco basado en reglas claras, transparencia y diversidad de oferentes. Apostar todo a un monopolio omnipresente puede convertirse, otra vez, en un lastre para la confiabilidad, la eficiencia y la competitividad.
*/ Dr. Jesús Pámanes es ingeniero especializado en operación de sistemas eléctricos. Dirigió y fue el creador del sistema de capacitación virtual del CENACE, tanto en su etapa como Campus Virtual en la CFE como en la posterior Universidad Corporativa del propio organismo. Actualmente lidera Pámanes Consulting, firma dedicada a soluciones estratégicas para redes con alta penetración renovable. Es autor de libros sobre liderazgo y educación técnica, y promotor de la innovación en el sector energético.
LinkedIn: Jesús Pámanes Sieres
Las opiniones vertidas en la sección «Plumas al Debate» son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la posición de Energía a Debate, su línea editorial ni la del Consejo Editorial, así como tampoco de Perceptia21 Energía. Energía a Debate es un espacio informativo y de opinión plural sobre los temas relativos al sector energético, abarcando sus distintos subsectores, políticas públicas, regulación, transparencia y rendición de cuentas, con la finalidad de contribuir a la construcción de una ciudadanía informada en asuntos energéticos.
