Energía y deuda: anatomía de un riesgo invisible – Parte 4

El costo oculto del bienestar: energía y subsidios fiscales

Como decía el tío Ben, “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. En materia energética, ese poder es la capacidad del Estado para intervenir en los precios de la electricidad, la gasolina o el gas como lo señalamos en la primera entrega de esta serie. Lo que a corto plazo parece una ayuda al bolsillo, en el mediano puede convertirse en una pesada carga para el propio Estado. La energía —motor del bienestar y de toda la producción— es también una de las fuentes más frecuentes de vulnerabilidad fiscal.

Cuando los gobiernos subsidian los energéticos, no solo alteran los precios que pagan hogares y empresas: también definen el equilibrio de las finanzas públicas. En otras palabras, el bienestar de una sociedad depende en buena medida de la energía que implícitamente se consume, y la política energética es, por tanto, una política social encubierta. De ahí surge un incentivo muy fuerte para subsidiar los energéticos, sea de manera directa o indirecta.

Los subsidios fiscales son independientes del balance energético

En la segunda entrega argumentamos que el balance energético tiene implicaciones directas en la política fiscal y en el perfil de deuda externa. Para un país exportador, una balanza energética superavitaria mejora la cuenta corriente, facilita la acumulación de reservas y reduce el riesgo país. En contraste, para un importador neto, un aumento en los precios de la energía suele traducirse en presiones sobre la balanza de pagos y sobre su capacidad de repago de deuda.

Sin embargo, hay un punto en común: tanto los países exportadores como los importadores buscan mitigar la volatilidad, sobre todo cuando los precios suben, porque la energía es un insumo esencial para toda la economía. De ahí que los subsidios energéticos no sean exclusivos de un tipo de país: en los exportadores, reducen parte de los beneficios de los precios altos; en los importadores, agravan la vulnerabilidad fiscal. El resultado es que, en ambos casos, los subsidios terminan siendo un factor de presión sobre las finanzas públicas.

A escala global, los subsidios a los combustibles fósiles —incluyendo los explícitos y los implícitos, como la no internalización de costos ambientales— ascendieron en 2020 a aproximadamente 5.9 billones de dólares, equivalentes a 6.8% del PIB mundial^[1]. En América Latina y el Caribe se estima que los subsidios energéticos representan en promedio 4.7% del PIB,^[2] lo que ilustra el peso estructural de estas transferencias y su relevancia para la sostenibilidad fiscal.

A mayor concentración en la matriz energética, mayores subsidios

La política de subsidios energéticos está estrechamente condicionada por la estructura de la matriz energética. Cuando una economía depende de manera predominante del petróleo o del gas natural, queda expuesta a las oscilaciones de los precios internacionales y a disrupciones en el suministro. Cada alza de precios se traduce en aumentos de electricidad, transporte y combustibles, con presiones inflacionarias y descontento social. Frente a ello, los gobiernos suelen responder ampliando los subsidios para contener el impacto, con un costo directo para las finanzas públicas. La dependencia de un solo recurso, por tanto, no solo incrementa la vulnerabilidad, sino que también multiplica los incentivos a perpetuar políticas de subsidio.

Una matriz más diversificada, en cambio, funciona como un portafolio que reparte riesgos. Si una fuente se encarece, otras pueden amortiguar el efecto, reduciendo la necesidad de intervenciones fiscales. Un choque en el precio del petróleo, por ejemplo, tiene consecuencias muy distintas en un país cuya movilidad depende casi por completo de combustibles fósiles, frente a otro donde una parte significativa del parque automotriz es eléctrico o donde la generación eléctrica se apoya en fuentes renovables. En este sentido, la diversificación energética no solo refuerza la seguridad del suministro, también opera como un mecanismo de ahorro fiscal.

La evidencia empírica respalda esta idea. Un estudio reciente de Miranda-Pinto et al. (2025)^[3] muestra que las economías con redes productivas más interconectadas —es decir, donde los sectores dependen entre sí mediante insumos y bienes intermedios— son más resilientes ante choques externos. Los autores construyen una medida de complejidad de red a partir de matrices insumo-producto y encuentran que las economías más diversificadas experimentan caídas de PIB y reversiones de cuenta corriente mucho menores durante los llamados sudden stops. En otras palabras, una estructura productiva y energética interconectada actúa como amortiguador macroeconómico, reduciendo la volatilidad de la producción y, con ello, la presión fiscal derivada de los subsidios (una especie de “colchón fiscal” frente a choques externos). Este vínculo entre interconexión productiva y estabilidad macroeconómica es una extensión natural de la idea de matriz energética: cuanto más diversificada y conectada, menor la amplificación de choques y el costo fiscal asociado.

Los subsidios energéticos son regresivos en LatAm y generan presión estructural

Si bien los subsidios a la energía tienen una lógica económica y política —proteger a los hogares del impacto de precios volátiles y contener presiones inflacionarias—, su diseño en América Latina plantea grandes desafíos. En la práctica, la mayoría de estos apoyos son generalizados y no focalizados, lo que los convierte en instrumentos altamente regresivos: terminan beneficiando más a los hogares de mayores ingresos, que son los que más consumen energía. En México, por ejemplo, estudios del Banco Interamericano de Desarrollo muestran que los subsidios a la gasolina benefician de manera desproporcionada a los deciles más altos de ingreso, mientras que los más pobres apenas reciben una fracción marginal de esos recursos.^[4] Este patrón se repite en gran parte de la región: el Estado destina miles de millones de dólares a subsidiar el consumo de quienes menos lo necesitan.

El problema se agrava porque políticamente es costoso retirar estos apoyos. La experiencia de México en 2017, cuando la liberalización del precio de las gasolinas desató protestas masivas, ilustra cómo cualquier intento de eliminar o reducir los subsidios energéticos enfrenta una fuerte resistencia social. Con el tiempo, estos gastos tienden a volverse estructurales: rígidos, difíciles de desmontar y competidores directos de otras prioridades presupuestales. En Argentina, por ejemplo, el gasto en subsidios a la energía alcanzó 1.5% del PIB en 2023, casi el mismo monto que la inversión en infraestructura pública (1.6% del PIB) en ese año.^[5]

Esta dinámica, en parte condicionada por la concentración de la matriz energética, reduce de forma persistente el espacio fiscal y deteriora el perfil de deuda soberana, al obligar al Estado a financiar con deuda un gasto socialmente regresivo y de baja productividad. En suma, cada subsidio que no se revisa se convierte en una deuda diferida, y el manejo de la política energética pasa a ser también una herramienta de estabilización macroeconómica.

De manera más amplia, puede decirse que la estructura de la matriz energética condiciona la política fiscal tanto como la política fiscal condiciona la matriz energética. En economías con alta dependencia de combustibles fósiles, los subsidios se convierten en una forma de deuda encubierta: alivian la presión social en el corto plazo, pero erosionan el espacio fiscal y la sostenibilidad de la deuda en el mediano.

“En economías con alta dependencia de combustibles fósiles, los subsidios se convierten en una forma de deuda encubierta”.

Revisar o eliminar estos apoyos no es solo una decisión económica, sino política. Sin embargo, los países que logran hacerlo —focalizando los subsidios en los hogares más vulnerables o sustituyéndolos por programas de inversión en energías limpias— ganan algo más que equilibrio presupuestal: credibilidad soberana.

En el nuevo mapa de las finanzas públicas, la energía ya no es únicamente una fuente de ingresos o de gasto, es un componente central de la solvencia fiscal. Y en la medida en que los inversionistas valoran cada vez más la sostenibilidad, el desafío será pasar de los subsidios que generan deuda a las inversiones que generan confianza.

La siguiente entrega explorará justamente esa transición: cómo los bonos verdes y la incorporación de criterios climáticos en la gestión de deuda pueden convertirse en la nueva frontera entre estabilidad fiscal y política energética. El desafío será pasar de los subsidios que generan deuda a las inversiones que generan confianza, y con ello, construir una nueva ecuación entre energía, sostenibilidad y soberanía fiscal.

Notas:

^[1] IMF Working paper, “Still Not Getting Energy Prices Right: A Global and Country Update of Fossil Fuel Subsidies”, by Ian Parry, Simon Black, and Nate Vernon; September 2021.

^[2] Inter-American Development Bank, Nota Técnica No. BID-TN-2488. “Mejorando la aceptación a las reformas de los subsidios energéticos: Perspectivas de comportamiento en América Latina y el Caribe”.

^[3] Miranda-Pinto, J., Shin, Y., & Young, E. (2025). Production networks, sudden stops, and macroeconomic resilience. Working Paper No. 31428, National Bureau of Economic Research (NBER).

^[4] Por ejemplo, de acuerdo con Antón, hasta 2013, el costo del subsidio a las gasolinas en México equivalía a 3 veces el presupuesto del programa emblemático para combatir la pobreza en el país.

^[5] Para más detalles del desglose del balance público de Argentina, ver la primera revisión del programa extendido con el Fondo Monetario Internacional (IMF Country Report No. 25/219).

*/ Víctor Gómez Ayala cuenta con estudios en el ITAM y la Universidad de Pensilvania, y es candidato a doctor en Economía por el ITAM. Su experiencia combina ciencia de datos, macroeconomía aplicada y análisis de políticas fiscal y energética. Desde hace más de una década es profesor en el ITAM y colaborador semanal en El Financiero. Es fundador de Daat Analytics. Actualmente funge como Economista en Jefe en Casa de Bolsa Finamex.

Twitter: @Victor_Ayala

Instragram: @victor_ayala86

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*/ Sebastián Medina Espidio es un macroeconomista mexicano. Cuenta con una maestría en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) en Madrid, una licenciatura en Economía por el CIDE, y ha complementado su formación con cursos especializados del Banco de Inglaterra, el FMI y el propio CEMFI. Ha trabajado como economista en la Gerencia de Investigación Monetaria del Banco de México, donde participó en la elaboración de recomendaciones de tasa de interés para la Junta de Gobierno. También se ha desempeñado como economista junior en Bank of America para América Latina, contribuyendo a la formulación del panorama macroeconómico regional. Sus investigaciones se centran en temas de política monetaria y la formación de expectativas.

Email: sebastian97medina@gmail.com

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