Petroleros estadounidenses exigen resolver violaciones de México al TMEC

El Instituto Petrolero de Estados Unidos (API, por sus siglas en inglés) solicitó al gobierno de los Estados Unidos que, en el marco de la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, la administración Trump resuelva las “persistentes violaciones de México” en el sector hidrocarburos.

En una carta dirigida a Daniel Watson, asistente del Representante Comercial para el Hemisferio Occidental, el API lamentó que durante los últimos cinco años el gobierno de México se ha alejado de fomentar un comercio energético justo en el sector de petróleo y gas, así como las inversiones privadas en ese sector.

El organismo que concentra a alrededor de 600 empresas del sector hidrocarburos de Estados Unidos, dijo que el cambio en las políticas energéticas, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se orienta hacia la centralización y la concentración de actividades en el gobierno, “demostrando una insuficiente dedicación a la defensa de la igualdad ante la ley y el respeto a la propiedad y las inversiones de capital”. 

Durante la administración anterior, el gobierno mexicano impulsó diversas reformas al sector energético, lo que incluyó detener las rondas petroleras que permitían la participación de los privados en las actividades del upstream.

También se implementaron cambios normativos, aseguran, que afectaron las inversiones en el midstream, específicamente en terminales de almacenamiento de combustibles y actividades como la exportación de combustibles, para dar mayor protagonismo a Petróleos Mexicanos, la empresa petrolera del Estado.

“En consecuencia, algunos miembros del API consideran que sus recientes inversiones en México, desde la expansión de la producción de petróleo y gas natural hasta la venta minorista de combustible, están en peligro, lo que los lleva a retirarse”, advierte el documento de la API.

Las reformas

El organismo petrolero estadounidense refirió que en 2019, el Gobierno de México acusó a las empresas de gas estadounidenses de haber firmado contratos “leoninos” que perjudicaban al Estado mexicano —a pesar de que dichos contratos habían sido emitidos por el propio gobierno— y amenazó con llevar a las empresas a arbitraje internacional si los contratos no se renegociaban.

“Una situación similar se presentó con las empresas generadoras de electricidad, las cuales también sufrieron daños económicos debido a cambios regulatorios secundarios desproporcionados y a la aplicación de medidas de reducción de la producción, justificadas por el argumento de la ‘confiabilidad de la red’, que nunca se demostró”, acusó.

El año siguiente, continúa la API, México actualizó la normativa sobre permisos de importación, reduciendo el plazo de los permisos de 20 años para la importación de productos derivados del petróleo a cinco años, lo que dificulta la inversión extranjera y otorga una ventaja estructural a la petrolera estatal Pemex.

Para 2021, añadió que el país modificó la Ley de la Industria Eléctrica para priorizar la electricidad suministrada por el Estado, en contravención de los capítulos del T-MEC sobre acceso a los mercados e inversión.

Finalmente, la API señaló que el año pasado México limitó la importación de algunos derivados del petróleo como combustibles, a un millón de litros por permiso individual.

“De manera menos formal, México impone un tope ‘voluntario’ al precio de venta al público de los combustibles, lo que, al no ser obligatorio, genera represión gubernamental”, detalla la API. 

“Recientemente, el Gobierno de México promulgó modificaciones a la Ley del Sector de Hidrocarburos, generando incertidumbre para los inversionistas extranjeros. En un supuesto esfuerzo por frenar el contrabando de combustible, algunos de estos cambios prohíben el transbordo por parte de empresas privadas, lo que en la práctica restringe aún más las importaciones estadounidenses, ya que las empresas importadoras adoptaron el transbordo como parte de sus operaciones habituales”, acusa. 

El organismo petrolero argumentó además que se implementaron otros cambios que eximen a Pemex de participar en las licitaciones públicas que obligan a las empresas a ofrecer toda su capacidad disponible mediante un proceso supervisado por los reguladores, que incluyen a personal de la petrolera. 

“El Gobierno de México también se ha mostrado reacio a otorgar permisos de almacenamiento y ha prohibido a las empresas estadounidenses construir la infraestructura de tanques necesaria para operar de manera prudente en el país”, lamenta.

Demandas

La API aseguró que ninguno de estos ejemplos debe ocurrir durante la segunda etapa del TMEC, especialmente en la segunda economía más grande de América Latina y la decimoquinta a nivel mundial.

Recordó que la generación de electricidad en México tiene una fuerte dependencia de la industria estadounidense, pues aproximadamente 70 por ciento del gas natural que se consume para este fin proviene de ese país.

La API solicitó al USTR fortalecer la protección de las inversiones y el mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados.

“En primer lugar, para las inversiones en petróleo y gas natural, un T-MEC fortalecido debería readoptar el mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados (ISDS) original del TLCAN, que fue revisado en el T-MEC”, señala.

Estos procedimientos, argumentan, son especialmente importantes y únicos para los inversionistas en petróleo y gas natural, sobre todo en México: exportan volúmenes significativos de petróleo, gas natural y productos refinados a México y establecen operaciones allí para producir, transportar y procesar petróleo y gas natural que se encuentra geográficamente en ese país.

Una revisión conjunta del T-MEC, dicen, debería reinstaurar las protecciones que existían bajo el TLCAN, otorgando nuevamente a todos los inversionistas estadounidenses, canadienses y mexicanos la capacidad de presentar reclamaciones ISDS contra cualquier entidad gubernamental, incluidos los gobiernos estatales y locales. Bajo el TLCAN, todos estos inversionistas podían presentar reclamaciones ISDS. 

Sin embargo, el T-MEC establece que solo los inversionistas estadounidenses con contratos federales en sectores protegidos pueden presentar demandas de solución de controversias entre inversionistas y Estados contra el gobierno federal de México.

Además, exigieron negociar la eliminación de los procedimientos que, de facto, han retrasado innecesariamente la subsanación de las violaciones de México a los compromisos del T-MEC, las cuales han beneficiado a Pemex. 

Las empresas miembros de la API que operan en México cuentan con un amplio historial de quejas sobre las políticas impulsadas por el gobierno mexicano en contravención del Capítulo 14 del T-MEC y las prácticas que benefician a Pemex, la petrolera estatal mexicana, lo cual constituye, en gran medida, una violación del Capítulo 22 del T-MEC, que prohíbe el trato injusto en beneficio de una empresa estatal. 

La política del Gobierno de México, dicen, suele beneficiar a Pemex, como la imposición de requisitos de importación onerosos e innecesarios, la inclusión de personal de Pemex en inspecciones de combustible y estaciones de servicio que le brindan a la estatal mexicana una ventaja injusta sobre los negocios de sus competidores, y la imposición de topes de precios “voluntarios” que encubren el acoso regulatorio de entidades privadas que no pueden recurrir al gobierno para obtener subsidios cuando sea necesario.

“Estas quejas (…) se deben simplemente a que el gobierno mexicano no está cumpliendo con los compromisos adquiridos en virtud de los Capítulos 14 y 22”, señala el API.

En tercer lugar, el organismo petrolero estadounidense solicitó eliminar las restricciones a los programas de reintegro y aplazamiento de derechos del Capítulo 2, que dificultan la capacidad de los fabricantes y exportadores estadounidenses para competir con sus homólogos en México y Canadá, lo que otorga a las empresas de esos países una ventaja competitiva. 

El API también solicitó al USTR que presione a México para eliminar a Pemex en las revisiones de control en los combustibles, pues si bien están a cargo de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía, la petrolera aporta servicios como la revisión del contenido de las pipas de combustibles, lo que le da una ventaja injusta.

Asimismo, solicitaron que el gobierno mexicano agilice la entrega de permisos para el desarrollo de inversiones como gasoductos, terminales de almacenamiento o estaciones de servicio, que han sido “congelados de facto” por organismos como la ASEA, la Semarnat y la CNE..