88 años de la expropiación petrolera: la misma promesa, un nuevo momento

El 18 de marzo de 1938, a las diez de la noche, Lázaro Cárdenas se plantó frente al micrófono y le anunció a México una decisión que llevaría décadas asimilar. En su discurso advirtió que sin actuar, la soberanía del país quedaría “expuesta a simples maniobras del capital extranjero”. El decreto se sustentaba en una frase que la Constitución de 1917 había grabado en piedra en su artículo 27: los hidrocarburos del subsuelo son propiedad inalienable e imprescriptible de la Nación. Ochenta y ocho años después, ese mismo texto sigue siendo el eje de toda la política energética del país.

Para entender el peso de esa frase conviene recordar su origen. El principio de que el subsuelo pertenece a la Nación y no al dueño de la superficie ya existía en leyes ordinarias previas a 1917, pero era letra muerta ante la operación de las compañías extranjeras. La expropiación de 1938 fue el momento en que ese principio dejó de ser declaración y se convirtió en política de Estado.

Desde entonces, las distintas administraciones han interpretado ese principio a su manera. En 2013 el gobierno de Peña Nieto reformó el párrafo séptimo para abrir el sector a contratos con privados, argumentando que la escala y complejidad de los yacimientos requerían capital y tecnología adicionales. Como parte de ese mismo paquete, Pemex y CFE cambiaron su naturaleza jurídica: dejaron de ser Organismos Descentralizados del Estado para convertirse en Empresas Productivas del Estado, figura diseñada para darles mayor autonomía de gestión y acceso a financiamiento.

El debate sobre si eso contradecía o complementaba el espíritu del Artículo 27 ocupó años en el sector. Lo que los hechos mostraron es que el principio de propiedad nacional sobre los hidrocarburos sobrevivió intacto a la reforma: el recurso en el subsuelo siguió siendo de la Nación; lo que se abrió fue la puerta para extraerlo con distintas herramientas.

La reforma constitucional de octubre de 2024 y el paquete legislativo publicado el 18 de marzo de 2025 (fecha elegida con toda la intención simbólica) reafirmaron esa propiedad y redefinieron la arquitectura institucional del sector. Pemex y CFE revertieron su figura jurídica: dejaron atrás la categoría de Empresas Productivas del Estado que les había dado la reforma de 2013 y quedaron constituidas como Empresas Públicas del Estado con carácter estratégico, reincorporándose plenamente a la esfera de dirección del Estado. La nueva Ley del Sector Hidrocarburos preservó diversos mecanismos de asociación con privados, siendo los contratos mixtos el esquema de mayor preferencia del gobierno actual, con Pemex conservando al menos el 40 por ciento de participación. La Comisión Nacional de Energía absorbió las funciones regulatorias del sector, mientras la Secretaría de Energía asumió las atribuciones técnicas de upstream. En su primer año de operación, el nuevo marco ya registra siete contratos mixtos firmados y las bases económicas del upstream, según los propios operadores del sector, están establecidas.

“La reforma constitucional de octubre de 2024 y el paquete legislativo publicado el 18 de marzo de 2025 (fecha elegida con toda la intención simbólica) reafirmaron esa propiedad y redefinieron la arquitectura institucional del sector”.

El contexto financiero de Pemex acompaña este momento de manera favorable. La empresa redujo su deuda en 20 mil millones de dólares e incrementó su inversión 34 por ciento para 2026. La calificadora Fitch elevó su perspectiva, reconociendo la mejora en la posición financiera. El Plan Estratégico 2025-2035 fija una meta de producción de 1.8 millones de barriles diarios, desde los aproximadamente 1.5 millones actuales. Alcanzarla dependerá en buena medida de acelerar la inversión en exploración y de que los contratos mixtos maduren a su ritmo de producción. Las piezas están sobre la mesa; el reto es ponerlas a trabajar al mismo tiempo.

El entorno externo añade urgencia y oportunidad al mismo tiempo. La transición energética global avanza, pero los hidrocarburos seguiran siendo la columna vertebral de la economía mundial por al menos dos décadas más. Para México, eso representa una ventana activa: cada barril adicional que se genere es renta petrolera para el Estado y divisas para la economía. Aprovecharla requiere completar el andamiaje normativo pendiente (en particular las disposiciones de planeación vinculante del sector) y mantener la certeza jurídica que los operadores necesitan para invertir.

A 88 años del decreto, el Artículo 27 sigue en pie con la misma fuerza jurídica de origen. Al terminar su histórico discurso, Cárdenas le pidió a la nación “un respaldo moral y material suficiente” para sostener la decisión. Miles de mexicanos respondieron donando joyas y ahorros para cubrir la indemnización a las empresas expropiadas. Fue una señal de que la soberanía energética no era un asunto exclusivo del Estado, sino un compromiso compartido con la sociedad. Ese espíritu es el que hoy debe animar tanto la consolidación del marco legal como el esfuerzo de Pemex por recuperar producción. El decreto de expropiación llegó a sus 88 años. El reto que se tiene enfrente no es de legitimidad, sino de ejecución: convertir en barriles producidos lo que el texto constitucional lleva casi un siglo garantizando en el subsuelo.