Nueva refinería, ¿cuál es el plan?

¿Forma parte de una política energética coherente?

Sergio Benito Osorio*

Finalmente se dio a conocer oficialmente que será en Tula, Hidalgo, donde se construirá una nueva refinería con capacidad de proceso de 300,000 barriles diarios (b/d) de petróleo, tipo Maya y en una configuración industrial de coquización, para aumentar la producción de petrolíferos en 236,000 b/d y reducir las importaciones, que en 2008 alcanzaron 640,000 b/d. La nueva refinería iniciará su construcción en 2010 y operaciones en 2015.

Para tal decisión, se supone que el gobierno federal tomó en cuenta la opinión de diez gobernadores que durante la última semana de marzo se reunieron en un foro, a invitación expresa del Presidente de la República, para exponer las conveniencias de que el proyecto, valuado en más de 9 mil millones de dólares, pudiera edificarse en algún sitio de sus respectivas entidades federativas. De modo que la preferencia por Tula seguramente ponderó razones económico-financieras, inherentes al modelo industrial seleccionado, así como otras preexistentes como infraestructura, medio ambiente y aquellas de orden poblacional y social prevalecientes.

El cúmulo de argumentos y contraargumentos planteados durante el foro con los gobernadores, especialistas y funcionarios públicos del sector energético, en sus rasgos principales, se presentaron los pasados días 25 y 27 de marzo.

EL ESTUDIO DE VIABILIDAD

Petróleos Mexicanos, como es su obligación, había analizado cada uno de los sitios posibles y así lo dio a conocer en un estudio de viabilidad , presentado a la Cámara de Diputados en julio de 2008, de manera que la designación de Tula, anunciada el pasado 14 de abril, no fue una sorpresa, sino la confirmación de las conclusiones de su estudio previo.

Cuando se revisan las presentaciones que los gobernadores, asesores y funcionarios estatales realizaron ante la Secretaria de Energía y el Director General de Pemex, se observa que un buen número de ellos se esforzaron por realizar análisis técnicos y sugerencias sobre el diseño industrial y hasta el tipo de petróleo que se debería refinar con la intención de mostrar o acomodar lo mejor posible las ventajas geográficas de cada uno de los estados. Por ejemplo, Campeche propuso refinar sólo petróleo extraído de los yacimientos de Ku-Maloob-Zaap, que es un crudo de 13 grados API, más pesado que el Maya y que puede solidificarse en depósitos y ductos; Tamaulipas propuso una refinería-petroquímica; Michoacán propuso a Copándaro, un sitio ribereño al lago de Cuitzeo, para quedar más cerca de los ductos que llevan el petróleo a Salamanca, etc. Era evidente que los funcionarios estatales no podían hacer uso de una aptitud que, por sus funciones, les fuera inherente, entonces? ¿con qué propósito se convocó a los gobernadores?

Una posibilidad, que en las presentaciones aparece sólo tangencialmente, pudo haber sido el análisis de los impactos regionales. Resulta de una evidencia tácita que una inversión de 9 mil millones de dólares, en sus múltiples efectos, va a desbordar las fronteras de cualquiera de los estados considerados. La magnitud de esos recursos es tal que significaría entre el 20 y el 80 % del PIB de esos estados, por lo que surgirán dinámicas regionales de largo plazo que no fueron claramente examinadas o, por lo menos, no existe noticia de que así haya ocurrido.

LA SELECCIÓN DE TULA

Por ejemplo, la localización en Tula va a acentuar la concentración económica en la región central del país y quizás la entidad más involucrada vaya a ser el vecino Estado de México , por sus características económicas y poblacionales. La edificación en los estados del Golfo o en el Pacífico hubiera fortalecido la desconcentración del país. Pero este tipo de consideraciones no podían surgir de un ejercicio donde los gobiernos estatales llegaron a competir, ofreciendo terrenos, derechos de vía y carreteras a cambio de inversión. El análisis de fondo involucra principalmente las facultades del gobierno federal.

Pemex se comportó como cualquier conglomerado internacional que llega al país exigiendo terrenos gratis, exenciones fiscales, facilidades laborales y sociales. ¿Por qué el gobierno de Hidalgo debe tener como condición conseguir los terrenos en cien días? ¿Por qué una empresa estatal, que ni siquiera deja beneficios fiscales locales adecuadamente, busca sacar ventaja de las necesidades de desarrollo económico de las propias entidades federales? Si Pemex identificó a Tula como la mejor localización por la función de rentabilidad de su inversión, correspondería a esa institución y al gobierno federal ?desde luego en colaboración con el gobierno estatal? hacerse cargo del conjunto de los requerimientos. Pemex no puede tratar a los estados como repúblicas bananeras.

Sería conveniente que Pemex y las dependencias pertinentes del gobierno federal entregaran al Senado (en un plazo de 100 días) un estudio pormenorizado de los impactos regionales, así como un proyecto de ordenación territorial que ayude a mitigar los efectos sociales y ambientales que, sin duda, tendrá la nueva refinería en la región.

¿POLÍTICA ENERGÉTICA CORRECTA?

Hay otros aspectos que deben tenerse en cuenta, como la estrategia de refinación que está siguiendo Petróleos Mexicanos. La configuración industrial para ir a coquización va a eliminar la producción de combustóleo, lo que sin duda es correcto si se atiene a la rentabilidad de cada producto alternativo y a la cantidad de residuales pesados que tienen las refinerías mexicanas, siendo que es mejor vender gasolina a precios elevados que combustóleo barato. Sin embargo, no sería conveniente para el país que todas las refinerías tuvieran la misma configuración, pues aunque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha ido sustituyendo en sus termoeléctricas el consumo de combustóleo por gas, existe una gran cantidad de empresas que siguen consumiendo combustóleo y numerosos hogares pobres, en el norte del país, podrían utilizar aceite de calefacción.

Es común que la política energética mexicana juegue en los extremos. Cuando se optó por el gas natural para la generación de electricidad se intentó que el modelo fuese único, lo cual no sólo ha sido antieconómico en numerosas conversiones, sino también ha ido contra la seguridad energética, pues el país se transformó en importador neto de ese energético. Habrá que pedir a la Secretaría de Energía que informe cuál es el equilibrio de combustibles que está buscando y analizar si es lo más conveniente en función de los recursos naturales y de la economía, no sólo de Pemex, sino de todos los consumidores nacionales.

Por otra parte, las importaciones de petroquímicos van en ascenso y suman una factura superior a los 10 mil millones de dólares anuales. ¿Por qué no vincular una parte de la capacidad de refinación futura a la petroquímica? ¿Cómo se vincula la nueva refinería a la producción de fertilizantes y a la cogeneración de electricidad?

¿CUÁL POLÍTICA DE COMBUSTIBLES?

Finalmente, ¿cuál es la política que se va a seguir respecto de la demanda de carburantes? Se debe recordar que el aumento de las importaciones de gasolina está estrechamente relacionada al aumento del parque vehicular. En el año 2000, México tenía 15 millones de vehículos automotores y prácticamente no importaba gasolina. Hoy existen más de 25 millones de vehículos y se importa el 40 % de las necesidades. Se calcula que más de una cuarta parte del parque de camionetas, camiones y autos han sido importados en condiciones de chatarra.

De acuerdo al estudio de Pemex, en 2008 se importaron 338,000 b/d de gasolinas y que en el año 2016 se importarán 429,000, incluyendo la producción de la nueva refinería. ¿Acaso la única política es construir tantas refinerías como requiera la demanda? Un Estado responsable tiene que mirar por el futuro de sus recursos naturales, por el impacto de emisiones con efecto invernadero y en su seguridad energética.

El aumento del número de vehículos y su consecuente consumo de gasolinas está relacionado con el fracaso de la política de transportes, y del transporte colectivo en particular. En 2007, el presidente Calderón, al presentar los planes de trenes suburbanos para el oriente de la Ciudad de México, sostuvo que se invertirían 7.5 mil millones de dólares y transportarían a 140 millones de usuarios al año . El plan no ha arrancado, pero es evidente que la construcción de transporte colectivo eléctrico, de corta y larga distancia, es más barato, beneficia la calidad de vida de un mayor número de personas y al medio ambiente, que producir carburantes simplemente hasta el absurdo que determine la demanda.

No se trata de una discusión sin fondo o de una oposición estéril a la construcción de la capacidad industrial que hoy le urge al país. Se trata de pensar hacia mediano y largo plazo en políticas simultáneas para mitigar la demanda y en una forma de vida más cercana al medio ambiente y de mayor dignidad para la población de menores recursos, que tiene que padecer el terrible sistema de transporte que caracteriza a países desorganizados energéticamente como México.

La estrategia de refinación, participación de contenido nacional, combustibles, medio ambiente y de transporte, son temas que el gobierno federal deberá enviar al Congreso, para su aprobación, en diez meses, dentro de la estrategia energética nacional.

*Economista. Ha sido diputado federal y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura y es miembro del Observatorio Ciudadano de la Energía, www.energia.org.mx (sosorir@hotmail.com )