Frenan proyecto Amigo GNL en Sonora; acusan deficiencias en la consulta pública

Un juzgado federal concedió una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo promovido por las organizaciones no gubernamentales Nuestro Futuro A.C. y Artículo 19 en contra del proyecto de la terminal de licuefacción de gas natural Amigo GNL, una planta de exportación del gas natural licuado (GNL) flotante que se instalaría en el Golfo de California, al Noroeste del país.

Las dos organizaciones solicitaron un amparo al considerar que hubo irregularidades en el proceso de consulta pública para la realización del proyecto.

El juzgador en consecuencia ordenó a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), organismo sectorizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), abstenerse de emitir cualquier autorización en materia de impacto ambiental hasta que se resuelva el fondo del juicio y se emita una resolución final, informaron los dos organismos.

“La medida cautelar reconoce que existen elementos suficientes para evitar que la autorización sea emitida mientras se analizan las violaciones reclamadas, relacionadas con la falta de acceso a información ambiental completa y accesible, así como con las condiciones en que se desarrolló el proceso de consulta pública del proyecto”, indicaron en un comunicado conjunto.

Igualmente, expresaron que el amparo representa un avance importante para la protección de los derechos de acceso reconocidos por la Constitución mexicana y por el Acuerdo de Escazú, particularmente en casos donde proyectos de gran escala pueden generar impactos ambientales significativos e irreversibles sobre ecosistemas esenciales y comunidades locales.

Recordaron que el proyecto Amigo GNL contempla la exportación de más de 5.1 millones de toneladas de gas natural licuado al año hacia mercados asiáticos, mediante la construcción de infraestructura terrestre y marítima en Guaymas, Sonora.

Agregaron que la operación de la planta implicaría la circulación constante de buques metaneros, dragados, emisiones contaminantes, ruido submarino, riesgo de colisiones con fauna marina y la introducción de actividad industrial intensiva en el Golfo de California, una de las regiones marinas más biodiversas del planeta, afectando de forma relevante e irreversible una zona de altísima relevancia ecosistémica que debería ser declarada hábitat crítico por la Semarnat.

Deficiencias en la consulta

Nuestro Futuro y Artículo 19 refirieron que durante la consulta pública convocada por la ASEA en marzo pasado, más de 4 mil 800 personas enviaron observaciones y comentarios técnicos solicitando que el proyecto no fuera autorizado.

Al respecto, indicaron que las participaciones ciudadanas señalaron deficiencias sustantivas en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), omisiones sobre los impactos acumulativos del proyecto y riesgos para especies marinas, particularmente cetáceos que utilizan el Golfo de California como corredor migratorio, zona de alimentación y reproducción.

Asimismo, dijeron que la suspensión otorgada ocurre en un contexto en el que algunas autoridades, como el gobierno del estado de Sonora y dependencias del sector energético, han respaldado el desarrollo de infraestructura vinculada a la exportación de gas natural licuado en la región, posicionando a Amigo GNL como una inversión estratégica para la entidad y para el país, aun sin contar con permisos ambientales completos.

“Las organizaciones esperan que, con este freno judicial, las autoridades detengan el respaldo público, pues cualquier avance de Amigo GNL debe respetar plenamente los límites y condiciones establecidos en la legalidad”, subrayaron.

También aseguraron que esta suspensión definitiva se suma a una serie de acciones impulsadas por comunidades, organizaciones y personas defensoras que buscan frenar proyectos con altos impactos ambientales en distintas regiones del país y muchos de ellos localizados en el Golfo de California.

En el caso de Amigo GNL, añadieron que la medida permanecerá vigente mientras se emite una sentencia final y se determina si las autoridades garantizaron adecuadamente los derechos de acceso a la información y participación pública de la ciudadanía.