La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) destina un crédito por 102.4 millones de euros para poner en marcha el proyecto de cooperación con México llamado Transición Energética Justa (TEJ), en línea con los planes del país para acelerar la transición energética como un eje del desarrollo nacional, vinculando la expansión de la capacidad de generación renovable con el desarrollo económico, la justicia energética y la equidad social.
Con los recursos del TEJ, equivalentes a poco más de 116 millones de dólares, se despliega una estrategia integral mediante tres mecanismos complementarios que aportan conocimiento técnico, respaldo financiero y apoyo a la coordinación institucional para fortalecer la planeación y facilitar inversiones en transmisión y generación limpia, al tiempo que promueven un acceso más equitativo a la energía y oportunidades de desarrollo local.
Cooperación técnica
La Agencia explicó que el primer mecanismo del TEJ busca mejorar la información y las herramientas de análisis para fortalecer la planeación energética y orientar inversiones a México con una visión de largo plazo.
Para ello, se contempla un programa de cooperación técnica de hasta 2.4 millones de euros –2.72 millones de dólares– que financiará 12 actividades de investigación y asistencia especializada, además de intercambio de experiencias.
El organismo detalló que estas actividades incluyen modelos de generación y demanda de energía a largo plazo con previsiones de escenarios climáticos, el análisis de mecanismos de financiamiento para la red de transmisión y la generación renovable, así como el acompañamiento en la elaboración del Plan de Transición Energética del Estado de Campeche, incorporando un enfoque participativo que involucre a actores locales, la sociedad civil y el sector privado.
Un crédito de 100 millones de euros para política pública
El segundo mecanismo es un instrumento que respalda la implementación de las prioridades energéticas nacionales mediante un préstamo de política pública de 100 millones de euros, o 113.3 millones de dólares.
De acuerdo con la ADF, este crédito de apoyo presupuestario al gobierno de México es a siete años y su gestión estará a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Agenda y compromisos
El tercer mecanismo permite coordinar esfuerzos y dar seguimiento a los avances mediante una agenda de trabajo acordada con las autoridades mexicanas.
Esta agenda define compromisos y resultados esperados en tres ámbitos: planeación y coordinación institucional, financiamiento del sistema eléctrico y justicia energética con perspectiva social y de género, señaló el organismo francés.
“Lo que distingue esta cooperación es la combinación de lo aprendido en México y Francia al diseñar y aplicar políticas energéticas, junto con el conocimiento técnico y las distintas perspectivas de sus especialistas. Así construimos un programa integral que aborda las tres dimensiones de la transición, técnica, ambiental y social, para que la transformación del sector se traduzca en beneficios concretos para las personas, las comunidades y los territorios”, afirmó Alexia Levesque, directora regional para México, Cuba y Centroamérica de la AFD.
Tres líneas de acción
Con base en el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico 2025-2030, que prevé un crecimiento de la demanda de energía de 2.5 por ciento anual, la Agencia considera que el desafío no es solo ampliar el suministro eléctrico, sino que el sistema energético de México se traduzca en mejores condiciones para los hogares, nuevas oportunidades económicas en los territorios y una participación más equitativa en la transición.
Por ello, la agenda incorpora desde su diseño tres líneas de acción:
Medición de la pobreza energética. En los hogares de menores ingresos, el gasto energético representó, en promedio, 16 por ciento del ingreso familiar, según un estudio del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
Para atender este panorama, una colaboración con El Colegio de México diseñará una metodología para identificar con precisión a las comunidades con dificultades de acceso a electricidad y combustibles domésticos. Conocer dónde se presentan estas dificultades y qué las explica ayudará a diseñar políticas y dirigir los apoyos hacia las necesidades de la población.
Cierre de la brecha de género. El proyecto mejorará la información sobre las condiciones de participación femenina en el sector energético mexicano, donde las mujeres representan entre 20 y 25 por ciento de la fuerza laboral, según Iniciativa Climática de México. El proyecto generará diagnósticos precisos sobre sus condiciones de trabajo, con el fin de diseñar programas que amplíen las oportunidades de formación, empleo y desarrollo profesional de las mujeres.
Integración de cadenas productivas locales. Se analizarán las capacidades productivas y las oportunidades para incorporar a empresas y proveedores mexicanos en las cadenas de valor de las energías limpias. Este trabajo busca orientar estrategias que favorezcan el empleo formal y permitan que una mayor parte del valor generado por las inversiones permanezca en las economías locales. Asimismo, contempla acompañar a los territorios y estados dependientes de los combustibles fósiles mediante planes de reconversión laboral y diversificación económica, construidos con participación de las comunidades, para ampliar sus opciones de empleo y desarrollo.
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