A partir del 1 de julio de 2027, los empresarios gasolineros del país podrían pagar un impuesto adicional que no sería trasladable al consumidor final, según una propuesta planteada en el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el próximo año.
La intención de este nuevo tributo al fisco, de acuerdo con el documento, es robustecer la capacidad de la autoridad para identificar oportunamente operaciones de riesgo, incrementar la trazabilidad de los combustibles comercializados en el país y generar incentivos para que todos los participantes de la cadena de suministro acrediten adecuadamente el origen y destino de los bienes que se comercializan.
“Con la presente propuesta se fortalece el actuar de la autoridad fiscal, a fin de identificar y tener control sobre las operaciones de riesgo en la cadena comercial de combustibles automotrices y de los combustibles fósiles del tipo gasolinas y diésel, así como fortalecer las herramientas de prevención y combate de prácticas que afecten la recaudación y la competencia leal en el mercado de combusibles”, agrega el documento.
¿A quiénes aplicará el nuevo impuesto?
La propuesta enviada por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión para su análisis y eventual aprobación propone la incorporación de la fracción XIX al Artículo 25 de la LIF que elimina el tratamiento de exención del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), mismo que actualmente es aplicable a los fabricantes, productores e importadores de combustibles automotrices, como gasolinas y diésel, pero no a los demás participantes de la cadena de valor, como comercializadores y distribuidores de estos productos.
El proyecto de LIF recuerda que, conforme el artículo 8o., fracción I, inciso c), de la Ley del IEPS, quedan exentos de pagar este impuesto justamente las personas diferentes de los fabricantes, productores o importadores, toda vez que “no se consideran contribuyentes de este impuesto por dichas enajenaciones”, dice esta última ley.
¿En qué consiste el nuevo impuesto?
El proyecto de LIF 2027 estipula que el nuevo impuesto será expresado en centavos y estará calculado de manera mensual con base en la diferencia positiva que resulte del producto enajenado y el adquirido en el mismo periodo.
“La propuesta radica en que las personas difreentes de las personas fabricantes, productoras e importadoras realicen el pago del impuesto aplicando la cuota correspondiente a la diferencia positiva que resulte de disminuir de las unidades de medida de combusitbles enajenadas en el mes de que se trate, las unidades de medida adquiridas en el mismo mes, sin disminución o acreditamiento alguno, con la finalidad de que exista concordancia entre lo que se adquiere y lo que se enajena por parte de las personas contribuyentes”, plantea y más adelanta explica que por unidad se entiende litros adquiridos y vendidos.
El proyecto de Ley también subraya que la autoridad fiscal quedará facultada para revisar la determinación de la diferencia mencionada tomando en cuenta el control de dichos productos y con base en los controles volumétricos.
El impuesto no es trasladable al usuario final
El documento, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a cargo de Édgar Amador Zamora, especifica que esta nueva carga fiscal no podrá trasladarse al usuario final.
“Se considera conveniente precisar en la propuesta que se somete a la consideración de esta Soberanía, que en la enajenación que realicen las personas diferentes de las personas fabricantes, productoras o importadoras de combustibles automotrices y combustibles fósiles del tipo gasolinas y diésel, no trasladarán cantidad alguna a la persona adquiriente, ni se incluirá en el precio el monto del impuesto, ya que la medida que se propone es una medida de control, que busca identificar personas que enajenen más combustible del que adquieren, por lo que los que se encuentren en dicho supuesto resentirán el impuesto en su propio pecunio, ya que resultaría inadmisible que el impacto económico lo resienta el consumidor”, precisa.
El nuevo impuesto se da en un contexto en que el gobierno federal ha visto reducir sus ingresos no petroleros por los apoyos a los consumidores mediante estímulos fiscales en el IEPS aplicable a los combustibles automotrices, además del pacto con el sector gasolinero del país para mantener el precio de la gasolina regular para venta al público en no más de los 24 pesos por litro y del del diésel en no más de 27 pesos por cada unidad.
Para este última política, derivada del alza en los precios internacionales de los energéticos ocasionada por el conflicto bélico en Medio Oriente, la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), responsable de la mayor parte del abasto del combustible que se comercializa en el país, aplica descuentos en el precio de venta de primera mano de gasolinas y del diésel.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció en abril de este año que los descuentos en el IEPS cuestan al erario alrededor de 5 mil millones de pesos cada semana, mientras que la SHCP dijo al final de julio pasado que en el primer semestre del año se dejó de recaudar un monto superior a los 13 mil millones de pesos en el primer semestre de 2026.
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