Las autoridades avanzan en un esquema que darían competitividad
a nuevas zonas del país para la ubicación de industrias.
Javier FernÁndez GonzÁlez y Pedro Castillo Novoa*
Los datos no mienten. El crecimiento y desarrollo económico de distintas regiones del país tienen una alta correlación con la existencia o no del gas natural. Un análisis relativamente simple sobre el caso nos arrojó que, de los más de 2,400 municipios en el país, 15 poseen el 34% de las inversiones nacionales y dan trabajo al 15% del personal que trabaja en la industria manufacturera nacional. Su característica: todos tienen gas natural y han atraído inversiones y generación de empleos en los últimos años.
Pero no sólo es necesario contar con la infraestructura y la posibilidad de acceso al gas natural. También es indispensable que esto sea a precios competitivos, si queremos darle a nuestras distintas regiones o ciudades las mismas posibilidades de desarrollarse y permitir su crecimiento, y adicionalmente un costo en condiciones similares en el acceso a los servicios, con independencia de la ubicación geográfica.
El sistema actual de precios de transporte, previsto en la regulación vigente, no arroja las condiciones mencionadas anteriormente, creando diferencias entre zonas con, incluso, escasa distancia entre sí, tal y como sucede en el caso del Bajío. El mejor ejemplo es el caso San Luis Potosí y Aguascalientes. En el primer caso la ciudad y sus industrias son alimentadas por el Sistema Nacional de Gasoductos gozando de una tarifa integrada del sistema a un precio accesible. En el segundo, al contrario, la ciudad y su tejido industrial se alimentan de un gasoducto de reciente construcción por inversionistas privados, cuya tarifa se adiciona a la tarifa del Sistema Nacional de Gasoductos, provocando una importante distorsión al alza en el precio.
Pero ésta no es la única distorsión. La segunda y más grave es que el sistema actual impide llevar el gas a zonas que ya de por sí padecen de falta de empleos, como Zacatecas, condenando así al eterno olvido a estos lugares que disponen de terrenos y de mano de obra necesaria para el desarrollo económico de la región. La única alternativa para recibir gas ha radicado en los últimos años en la posibilidad de ubicación de nuevas plantas de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo consumo justifica desde un inicio la inversión en infraestructuras de transporte de gas. Sin ciclos combinados próximos, bajo el esquema regulatorio actual, se hace muy difícil por no decir imposible, el desarrollo de nuevos polos de desarrollo económico en el país.
La situación del desarrollo de infraestructuras de transporte de gas en México está en un circulo vicioso, en el que no hay gas porque no hay mercado para el mismo y no hay mercado porque nadie se interesa en construir su infraestructura en un lugar sin los incentivos económicos y de seguridad al inversionista, necesarios para ello.
Las razones son simples y conocidas:
Antes de 1996 el desarrollo de infraestructura correspondía a Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) y por tanto se premiaba el desarrollo a largo plazo en lugar de analizar los consumos actuales en cada zona, lo cual habría eliminado algunos de los tramos de la red actual. A partir de 1996, con los cambios regulatorios en ese momento, se concibió un diseño de tarifas en el cual cada mercado tendría que pagar la infraestructura de ductos de transporte con la que se abastecía. Claramente, cuando el mercado no existe, difícilmente algún privado se interesa en construir la infraestructura para transportar gas.
Existen dos sistemas de transporte en México. El Sistema Nacional de Gasoductos (cuya principal inversión fue hecha con anterioridad a 1996) cuenta con un esquema de tarifa prácticamente única, que hace competitivo el costo a todos los lugares en donde está presente y, por otra parte, los sistemas privados, que tienen un esquema tarifario ad hoc en función del mercado al que suministran, cuya tarifa se adiciona a la del Sistema Nacional de Gasoductos, lo cual deja fuera de competitividad esas zonas para la ubicación de nuevas industrias.
La buena noticia es que el tema tiene solución y, además, las autoridades ya están muy avanzadas en el diseño de la misma. La solución tiene dos vertientes: permitir el desarrollo de la infraestructura en el país de manera planificada y darle una estructura de precios que evite diferencias en zonas prácticamente iguales. Las bases de los cambios regulatorios necesarios para la implementación del nuevo esquema ya están encima de la mesa de las autoridades. Ahora, únicamente resta implementarlas cuanto antes para facilitar los equilibrios regionales necesarios en el país.
? Javier Fernández es director de Estudios y Regulación y Pedro Castillo Novoa es
Director de Asuntos Corporativos de Gas Natural en México. (pcastillo@gnm.com.mx )