Elizabeth Castro Sánchez / Pulso Energético
Hasta antes de la Reforma Energética de 2013, no existía una discusión profunda y seria sobre las mejores prácticas para el uso y la ocupación superficial de tierras para la implementación de los proyectos del sector energético; en términos generales, no se regulaba el procedimiento de negociación y no existía una regulación específica sobre el pago de contraprestaciones, asegura Elizabeth Castro Sánchez, directora general adjunta de Apoyo Normativo y Ocupación Superficial, de la Secretaría de Energía.
En ese contexto, agrega, las Leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica establecieron un nuevo modelo para el uso de las tierras para la implementación de los proyectos del sector energético, estableciendo, entre otros, un procedimiento para la negociación, su duración, así como mecanismos para determinar los montos mínimos de las contraprestaciones. Asimismo, de manera novedosa, se creó la figura del Testigo Social, que tiene como propósito fundamental observar los procesos de negociación, verificar que éstos se lleven a cabo con apego a la normatividad e informar a la autoridad sobre éstos, a fin de transparentarlos.
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