Escuché la entrevista que Claudia Sheinbaum concedió a Rompeviento hace unas semanas. Mi intención era identificar alguna conexión entre sus nociones sobre transición energética y su apoyo irreductible a la propuesta de reforma constitucional del presidente López Obrador. Me dejó inquieta la manera en que la jefa de Gobierno maneja una agenda dual. Por un lado impulsa en la Ciudad de México proyectos basados en energías renovables y promueve la convivencia armónica entre el sector privado y el público para el desarrollo económico. Por el otro, respalda completamente los dogmas promovidos desde el Gobierno federal, como la satanización del sector privado y la competencia económica, a la vez que promueve una organización industrial de corte estatista, hipercentralizada y poco sustentable. ¿Cómo es esto posible? ¿Hasta dónde puede llegar esta ambivalencia?
Ejemplifico con tres casos. Primero, el Programa de Gobierno de la CDMX 2019-2024, que parte de un diagnóstico muy claro: 76% de la energía que mueve a la ciudad proviene directamente de combustibles fósiles. Por ello, el Gobierno local se ha propuesto la tarea de realizar acciones vanguardistas para modificar su matriz energética. Esto incluye el apoyo a la industria innovadora y sustentable; el fomento al uso de energías renovables; la promoción de la electromovilidad a nivel privado y en sistemas de carga para masificar el auto híbrido, y la colaboración estrecha con el sector empresarial. Leer este documento provoca una sensación de futuro.
Segundo, la estrategia de Ciudad Solar, que pretende integrar sistemas de generación distribuida para el autoconsumo en edificios públicos. En el Tercer Informe de Gobierno, Sheinbaum expresó su deseo de crear un mercado para que esta tecnología acelere su adopción en el sector privado. Según se lee en los documentos oficiales y el portal de internet de Ciudad Solar, la administración local apoya el desarrollo de pequeñas y medianas empresas para la instalación de generación distribuida. Otro proyecto interesante es el desarrollo del CEDA –la celda fotovoltaica para la Central de Abastos– que implica una inversión de 400 millones de pesos y que beneficiará a 440 mil usuarios al generar 85 GWh al año y una reducción en las emisiones de CO2 de 13,852 toneladas anualmente. Es decir, el Gobierno capitalino muestra su preferencia por opciones descentralizadas de generación de electricidad.
Y tercero, es llamativa la condición actual de la CDMX como usuario calificado que le permite echar mano de los beneficios de la reforma energética de 2013 y comprar energía eléctrica a terceros más barata hasta en un 15% para provecho del Metro, del Sistema de Aguas (Sacmex) y, por supuesto, de los contribuyentes capitalinos, como bien analiza Jorge A. Castañeda.
“…si se aprueba la reforma constitucional y gana Sheinbaum en 2024, la doctora tendría que lidiar con muchos problemas derivados de los efectos perniciosos de una reforma planteada sobre premisas equivocadas”.
Como ven, los hechos contradicen a las palabras. Si la reforma energética no es aprobada, Claudia Sheinbaum podría gozar de una vacación ideológica y, como se dice coloquialmente, nadar de muertito hasta posiblemente ganar la Presidencia, tiempo en el que podríamos ser testigos de un mayor impulso a la transición energética y a la descentralización eléctrica en el país. Pero si se aprueba la reforma constitucional y gana Sheinbaum en 2024, la doctora tendría que lidiar con muchos problemas derivados de los efectos perniciosos de una reforma planteada sobre premisas equivocadas, que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado improcedentes. Además, batallaría probablemente con un alto número de litigios y arbitrajes internacionales, aumentos preocupantes de emisiones contaminantes, una CFE autorregulada, opaca e incontrolable, y una parálisis en el sector promovida por tales condiciones.
Todo esto me lleva a pensar que el mejor escenario para Claudia Sheinbaum es que no se apruebe la reforma de López Obrador; que ella se abstenga de opinar sobre la misma y que, tras bambalinas, siga promoviendo los proyectos sustentables que aprovechan los beneficios de la reforma 2013. La nación, finalmente, no se lo reclamaría.